(Agencia EFE).- Casi tan rápido como se extendió la noticia de que el presidente de EEUU, Donald Trump, se había contagiado con el coronavirus se ha propagado la fama del cóctel experimental de la farmacéutica Regeneron que le administraron y ahora él ha prometido aprobar de emergencia y suministrar gratis a los estadounidenses.

Seis días después de dar positivo por coronavirus y menos de 48 horas después de salir del hospital, Trump afirmó que contraer la COVID-19 ha sido «una bendición de Dios», y dijo que ha comprobado en carne propia el efecto del tratamiento de Regeneron, que definió como el principal responsable de su mejoría aunque se ha aplicado a menos de 10 personas fuera de ensayos clínicos.

«Para mí no fue algo terapéutico, hizo que me sintiera mejor, yo lo llamo una cura (…)», subrayó el presidente pese a que no hay evidencia científica que sostenga esa conclusión.

¿En qué consiste el tratamiento?

El cóctel en investigación REGN-COV2, desarrollado por la farmacéutica Regeneron ha pasado ya por las fases 1, 2 y 3 de ensayo y ha sido probado en 275 pacientes, todos con COVID-19 confirmada por una prueba de laboratorio, según los datos preliminares difundidos por la compañía.

De acuerdo con la farmacéutica, el REGN-COV2, cuyo desarrollo y fabricación ha sido financiado con fondos federales de EEUU, «es una combinación de dos anticuerpos monoclonales» y fue «diseñado específicamente para bloquear el poder de infección del SARS-CoV-2, el virus que causa la COVID-19».

Al dar a conocer los primeros datos del ensayo, Regeneron indicó que el cóctel en investigación «reduce la carga viral y el tiempo para aliviar los síntomas en pacientes no hospitalizados con COVID-19», además mostró «tendencias positivas en la reducción de visitas médicas».

Los participantes fueron divididos en tres grupos: uno que recibió (al igual que Trump) una dosis única de 8 gramos, considerada la más alta; otro al que le fue suministrada una infusión de 2,4 gramos; y un tercero al que se le dio un placebo.

«El mayor beneficio del tratamiento fue en los pacientes que no habían montado su propia respuesta inmune efectiva, lo que sugiere que el REGN-COV2 podría proporcionar un sustituto terapéutico a la respuesta inmune natural», explicó el presidente y director científico de Regeneron, George D. Yancopoulos.

En otras palabras, los pacientes con ausencia de anticuerpos contra el virus o con niveles virales más altos tuvieron mayores beneficios en el alivio de los síntomas, con una media de tiempo de 13 días, que varió entre ocho para los pacientes con la dosis más alta y seis con la más baja.

Nexos más allá del virus

Según la cadena estadounidense CNN, Trump y el cofundador y director ejecutivo de Regeneron, Leonard Schleifer, se conocen.

Schleifer ha sido miembro del Club de Golf de Trump en Westchester (Nueva York), asegura la cadena, que calcula en 450 millones los fondos que recibió Regeneron como parte de la operación «Warp Speed» (velocidad de la luz), que el Gobierno federal ha puesto en marcha promover el desarrollo y abastecimiento de tratamientos y vacunas frente al coronavirus.

Regeneron señaló en un comunicado enviado a CNN Business que ambos se conocen, pero aclaró que «no tenían ningún contacto regular hasta este año, cuando han discutido en ocasiones asuntos relacionados con la COVID-19».

La nota agrega que Trump tuvo acciones de Regeneron y Gilead Sciences, fabricante del antiviral Remdesivir, otro de los medicamentos que se le han administrado al presidente desde que anunció la madrugada del viernes que había contraído la enfermedad.

Las acciones figuraban entre los activos de Trump en la declaración que presentó en 2017 ante la Oficina de Ética Gubernamental, pero ninguna aparece en la que dio a conocer este año, indica la CNN.

Un cóctel de «uso compasivo» para Trump

El hecho de que el presidente de EEUU haya recibido el cóctel de Regeneron le ha valido también críticas a la farmacéutica, que aún no cuenta con una autorización formal para la distribución y venta del producto, el cual fue suministrado al presidente bajo la excepción de «uso compasivo», a petición de sus médicos.

De acuerdo con el regulador estadounidense, la Administración de Alimentos y Medicinas (FDA, en inglés), encargada de dar el visto bueno a los fármacos, el «uso compasivo» permite el acceso a medicamentos en fase experimental de pacientes cuya vida peligre.

Regeneron ha solicitado autorización de emergencia a la FDA para que su terapia esté disponible a toda la población. Pero hasta que la FDA dé su aprobación al medicamento, Schleifer explicó al canal CNBC que la única manera de acceder a ese tratamiento es presentándose voluntario a ensayos clínicos.

La biotecnológica indicó que en la actualidad dispone de dosis para 50.000 pacientes, pero espera tener disponible suficiente para tratar a 300.000 pacientes «en unos pocos meses».

Estados Unidos, donde han fallecido más de 211.000 personas por la COVID-19, tiene más de 4 millones de casos activos (infectados menos recuperados y fallecidos) de coronavirus en la actualidad, según datos recopilados por la Universidad Johns Hopkins.

Con información de EFE

Lima.- (EFE).- Las ruinas de la ciudadela inca de Machu Picchu, la mayor atracción turística de Perú, no se reabrirán al turismo antes de noviembre, según anunció este jueves el ministro de Cultura, Alejandro Neyra.

Pese a que en un primer momento se había señalado el 1 de julio como la fecha para que los turistas volviesen a Machu Picchu, la reapertura se aplazó sin fecha definida después de que la situación de la pandemia empeorase en Cusco, que tuvo que permanecer más tiempo confinada que el resto del país.

«Aún no hay una fecha exacta. Estamos reuniéndonos con los ministros y la próxima semana habrá un lanzamiento importante del sector turístico que anunciará la reanudación de actividades turísticas con destinos seguros», comentó Neyra a la agencia oficial Andina.

El ministro de Cultura confirmó que, una vez se permita el ingreso de visitantes, solo entrarán 675 turistas por día a Machu Picchu, el 30 % de la capacidad en temporada normal, y deberán hacerlo en grupos de ocho personas como máximo, acompañados de un guía, entre los que deberán guardar una distancia de 1,5 metros como mínimo.

La joya arquitectónica de los incas no recibe turistas desde que el 15 de marzo el presidente de Perú, Martín Vizcarra, decretó el confinamiento nacional y el cierre de todas sus fronteras, con una estricta cuarentena que desplomó la economía sin que lograse frenar en seco al coronavirus.

Solo desde este lunes 5 de octubre Perú ha reabierto sus fronteras para los vuelos internacionales regulares con siete países de Latinoamérica, entre ellos Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Paraguay y Uruguay.

La ciudadela de Machu Picchu, famosa mundialmente desde el viaje exploratorio del estadounidense Hiram Bingham en 1911, es reconocida desde 1983 como patrimonio cultural de la humanidad por la Unesco y desde 2007 es considerada una de las nuevas siete maravillas del mundo.

Perú es el país con la tasa de mortalidad más alta del mundo por COVID-19, al registrar 101 muertos por cada 100.000 habitantes, y es el séptimo a nivel global en casos confirmados al acumular más de 835.000 contagios.

(c) Agencia EFE

Buenos Aires.- (EFE).- La decisión de Argentina de apoyar el informe sobre Venezuela elaborado por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, que denuncia violaciones a los derechos humanos, ha generado tensiones en el seno del Gobierno de Alberto Fernández, por la disconformidad de miembros de la facción kirchnerista con ese «giro» en la política exterior.

La polémica se encendió cuando, en un comunicado emitido ayer, la Cancillería expresaba que, en la reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, votaría a favor del trabajo realizado por Bachelet, e instaba al Gobierno de Nicolás Maduro a «implementar íntegramente» las recomendaciones de sus informes y a apoyar investigaciones «imparciales y transparentes» sobre las «alegaciones de violaciones a los derechos humanos».

UN «LAMENTABLE GIRO»

Este hecho fue definido como un «lamentable giro» de la política exterior de Argentina por Alicia Castro, ex embajadora en Venezuela y el Reino Unido durante los Gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015), que es la actual vicepresidenta del país y líder del sector kirchnerista dentro del peronista Frente de Todos.

Ya el martes, Castro, afín al kirchnerismo, reprochó en Twitter que el canciller Felipe Solá votó «la Resolución del Grupo de Lima» -en referencia a la alianza de países con gobiernos de centro derecha que desconoce el régimen chavista- «condenando a Venezuela, con (Jair) Bolsonaro, (Iván) Duque, (Sebastián) Piñera, (Martín) Vizcarra, en cuyos países se violan flagrantemente los Derechos Humanos».

Esta mañana se conoció que Castro, que había sido propuesta por el Gobierno de Fernández para ser embajadora en Rusia pero su pliego aún no llegó a ser aprobado por el Senado, decidió presentar su renuncia a ese cargo por no estar de acuerdo con la actual política de relaciones exteriores.

Durante los Gobiernos de los Kirchner, en los que Alberto Fernández jefe de Gabinete de ministros, Argentina mantuvo una estrecha relación con la Venezuela chavista, aunque el conservador Mauricio Macri (2015-2019) se alzó como uno de los adalides contra la «dictadura» de Maduro en el Grupo de Lima.

Con su triunfo electoral, Fernández, que siempre ha reconocido a Maduro, decidió no abandonar el Grupo de Lima al justificar que en esa plataforma el país también podría expresar su postura, inclinada a favorecer el diálogo político en el país caribeño para lograr una salida a su dilatada crisis económica, política y social desde la no intervención exterior, y para condenar los bloqueos hacia ese país.

OTRAS VOCES CRÍTICAS

También la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, defensora de los Gobiernos kirchneristas, se manifestó y dijo que está «avergonzada del canciller», a quien definió como «un tipo que no sabe dónde está parado ni qué es lo que está representando».

«Conozco ese pueblo lo que sufrió y lo que le dio (Hugo) Chávez y conozco a Maduro y conozco lo que está haciendo para sostener ese Gobierno, al que lo quieren sacar. Perdón Maduro, perdón pueblo venezolano, perdón por lo que hizo el canciller», recalcó en declaraciones a la radio AM 530.

Por su parte, el dirigente social Luis D’Elía mostró su inquietud por la situación y llegó a anhelar una llamada telefónica de Fernández a Maduro que «ayude a ordenar las cosas».

«Sinceramente creo que si hoy hay un llamado telefónico de Maduro y Alberto, seguramente atrás debe estar la mano de Cristina Fernández de Kirchner y de Cuba, esa Cuba revolucionaria que ilumina permanentemente el continente», señaló y consideró que, «más allá de la bronca», es «el momento de actuar con responsabilidad y respaldar mucho a Cristina».

UNA POSTURA DE NO INTERVENCIÓN

El comunicado difundido ayer especificaba que el presidente «dio instrucciones» a la Cancillería sobre la posición a fijar por la representación argentina en Ginebra ante los proyectos en relación con la situación en Venezuela que se iban a tratarán en la reunión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

«El diálogo y la cooperación con las autoridades, las respuestas eficaces a las exhortaciones manifestadas en los diferentes informes, sumados a los mecanismos de protección esenciales, son fundamentales para revertir la actual situación en derechos humanos en Venezuela», destacaba el texto.

No obstante, se hacía hincapié en que Fernández sostuvo «una vez más» que deben condenarse los bloqueos y las sanciones que, «pretendiendo presionar a las autoridades», agreden especialmente al pueblo venezolano y contribuyen a un «sufrimiento aún mayor del mismo, dada la grave situación económica y social en la que se encuentra».

(c) Agencia EFE

San Salvador.- (EFE).- La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador citó al presidente del país, Nayib Bukele, y al titular del Legislativo, Mario Ponce, a una audiencia para analizar si la ley de reconciliación, destinada a tratar los crímenes del conflicto armado (1980-1992), cumple con una sentencia de 2016.

De acuerdo con una resolución dada a conocer este miércoles, la audiencia oral, que inicialmente estaba programada para el 13 marzo pasado, se llevará a cabo el próximo 30 de octubre a las 09.00 hora local (16.00 GMT).

También han sido convocados «los demandantes en cada uno de los procesos acumulados», los abogados del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca) «que fueron admitidos en carácter de amigos del tribunal» y su director, José María Tojeira.

Además, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, el fiscal general, Raúl Melara, el titular de la Defensa Nacional, Rene Merino Monroy, y el procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, José Apolonio Tobar.

La finalidad de la audiencia, según el documento, es «evaluar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la sentencia emitida en este proceso y en las resoluciones de seguimiento citadas por parte de la Asamblea Legislativa y demás autoridades obligadas a su acatamiento».

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia anuló en 2016 una ley de amnistía de 1993 que impedía juzgar los crímenes de guerra y ordenó al órgano legislativo crear una normativa que garantizara el acceso a la Justicia de las víctimas de la guerra civil salvadoreña (1980-1992).

Sin embargo, el Congreso aprobó el pasado 25 de febrero una polémica ley de reconciliación nacional que ha sido rechazada por las víctimas del conflicto armado, por ONG que las apoyan y por organismos internacionales, y la han catalogado como una «amnistía disfrazada».

Dicha ley ya fue vetada por el presidente Bukele y regresó a la Asamblea Legislativa para una nueva votación para superar el veto.

La ley de reconciliación no contempla penas de prisión para las personas responsables e involucradas en crímenes de guerra o de lesa humanidad, y deja abierta la puerta para la conmutación de penas por razones de enfermedad y edad, sin especificar casos en los que se aplicará.

La anulación de la ley de amnistía permitió la reapertura de procesos como el magnicidio de san Óscar Arnulfo Romero (1980), la masacre de unos 1.000 campesinos en El Mozote (1981) y la matanza de seis padres jesuitas, cinco de ellos españoles, y dos mujeres (1989).

Entre 1980 y 1992, la guerrilla Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) se enfrentó al Ejército de El Salvador, financiado por Estados Unidos, en un conflicto bélico que dejó en 12 años unos 75.000 muertos y cerca de 8.000 desaparecidos.

(c) Agencia EFE