Interpol activa la orden de detención internacional contra el heredero de Red Bull

Bangkok.- (EFE).- La Interpol ha reactivado la «alerta roja» de detención contra uno de los herederos de Red Bull, el tailandés Vorayuth Yoovidhya, por el atropello mortal en Bangkok de un policía en 2012, confirmó la Policía de Tailandia este miércoles.

Las autoridades del país asiático «colaborarán con embajadas tailandesas, agregados policiales y cuerpos policiales de todo el mundo para localizar (al fugitivo) antes de solicitar oficialmente su extradición», señaló Jaruwat Wisaya, comisario asistente de la Policía Nacional, en una rueda de prensa en Bangkok.

El primer ministro tailandés, Prayut Chan-Ocha, solicitó a finales de septiembre que Vorayuth, de 35 años y actualmente en paradero desconocido, sea extraditado al país para que un tribunal local le juzgue por la acusación de conducción temeraria que causó la muerte de una persona, y por consumo de sustancias ilícitas.

A finales de agosto un tribunal tailandés emitió una nueva orden contra el adinerado heredero tras la enorme indignación causada después de que se conociera que la Fiscalía había archivado el caso en junio a petición de la Policía.

El descontento social presionó a las autoridades a retomar la investigación y pedir la reactivación de la orden en la Interpol, que había sido desactivada tras la decisión de la Fiscalía.

Vorayuth es uno de los nietos del fallecido Chaleo Yoovidhya, fundador de Krating Daeng (Red Bull) en Tailandia, que se asoció con el empresario austríaco Dietrich Mateschitz para lanzar internacionalmente la marca en 1987.

El 3 de septiembre de 2012, el heredero conducía un Ferrari negro por las calles de Bangkok en torno las cinco de la madrugada cuando chocó contra la moto de Wichean Klinprasert, un policía de 47 años al que arrastró unos 100 metros antes de darse a la fuga.

Según el informe pericial, el coche circulaba a unos 177 kilómetros por hora en una zona céntrica de la capital tailandesa.

Wichean murió en el acto y un rastro de aceite llevó a los policías a la lujosa residencia de los Yoovidhya, que al principio declararon que el coche había sido conducido por el asistente y chófer de Vorayuth.

El heredero reconoció finalmente que él conducía el coche deportivo y dio positivo tanto en consumo de cocaína como en la prueba de alcoholemia.

Las autoridades se comprometieron a llevarle ante la justicia, pero él faltó a ocho citaciones judiciales, con lo que finalmente se emitió una orden de arresto en abril de 2017, aunque el multimillonario se hallaba fuera de Tailandia disfrutando de un lujoso tren de vida.

La retirada de cargos contra el heredero de la rica familia el pasado mes de junio generó una oleada de indignación en el país y el Gobierno decidió poner en marcha una comisión de investigación que derivó en la reapertura del caso y motivó la dimisión del fiscal que lo archivó en su día.

Las disidencias de las FARC incineran un vehículo de la ONU en Colombia

Bogotá.- (EFE).- La Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia denunció este miércoles que las disidencias de las FARC incineraron uno de sus vehículos en el departamento del Caquetá (sur) en el que se desplazaba una misión humanitaria.

El ataque ocurrió en el caserío Girasoles, que hace parte del municipio de San Vicente del Caguán, hecho que fue rechazado por el Gobierno colombiano.

«La Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos informa que hoy en horas de la tarde uno de sus vehículos fue incinerado por parte de hombres que se identificaron como disidencias de las FARC», informó la entidad en un comunicado.

La información agrega que «la Oficina se encontraba en una misión con la Defensoría del Pueblo y la Comisión de la Verdad» y que tanto el personal de «ONU Derechos Humanos y los demás integrantes de la misión se encuentran bien».

Al respecto, la Cancillería colombiana señaló que en «nombre del Gobierno de Colombia, condena y rechaza el incendio de un vehículo de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Caquetá».

A ese rechazo se sumó la Defensoría del Pueblo que en un comunicado detalló que «el ataque fue protagonizado por hombres armados de las disidencias del Frente 40 de las extintas FARC, quienes obligaron a descender a los funcionarios de los vehículos e incineraron la camioneta».

Añadió que la misión humanitaria estaba en la zona acompañando a la comunidad y a los líderes sociales, para garantizar el ejercicio de sus derechos humanos.

«Esta agresión contraviene gravemente las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH) que establece una protección especial a las personas y a los bienes civiles, como también a las personas que realizan misión humanitaria a favor de la población civil», dijo la Defensoría.

Ante el ataque, el organismo hizo un llamado a los grupos armados a «respetar en todo tiempo a los funcionarios de la Defensoría del Pueblo y de los organismos humanitarios en el marco de los principios y reglas del DIH. De igual manera, manifiesta su solidaridad para con las Naciones Unidas en Colombia».

(c) Agencia EFE

El cardenal Becciu rechaza las acusaciones de corrupción y espera poder mostrar fidelidad al papa

Ciudad del Vaticano.- (EFE).- El cardenal Angelo Becciu, retirado de su cargo y de los derechos de ser purpurado por el papa Francisco, rompió a través de su abogado el silencio de estos días para rechazar todas las acusaciones que han sido publicadas en la prensa y asegurar que pronto podrá mostrar su fidelidad al pontífice.

«Su eminencia el cardenal Becciu reitera la absoluta falsedad de los cargos en su cuenta transmitidos a través de la prensa, confirmando que no ha cometido ninguna actividad ilícita. Espera con serenidad los resultados de cada investigación para finalmente poder confirmar su fidelidad al Santo Padre y a la Iglesia», escribió su abogado en una nota.

Estos días los medios italianos han ido publicando varias informaciones relativas a la gestión cuando era sustituto de la Secretaria de Estado (2011-2018) por parte del purpurado, al que por sorpresa Francisco retiró el pasado 24 de septiembre de su cargo de prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos y también de sus derechos cómo cardenal, quizá pensando en un futuro proceso.

En particular, el abogado explicó que «ni el cardenal ni sus hermanos poseen acciones o bonos, ni participan en fondos de inversión ni tienen cuentas en el exterior».

También niega que haya habido «transferencia de fondos de la Secretaría de Estado a la disponibilidad privada y personal de sus familiares» y que «nunca se han concertado inversiones de la Santa Sede en las actividades de la empresa del Ángel, relacionadas con la producción de cerveza o su comercialización».

Respecto al caso de los fondos enviados a una mujer de Cerdeña (lugar de nacimiento del cardenal) llamada Cecilia Marogna, para que creará una supuesta red diplomática para defender a las nunciaturas en países de riesgo, el abogado explicó que «se refieren exclusivamente a cuestiones institucionales».

Cecilia Marogna confirmó en varios medios que recibió cerca de 500.000 euros en varios pagos a su sociedad, con sede en Eslovenia, y que no existe ningún tipo de factura porque eran «fondos reservados».

La prensa italiana ha comprobado que con algunos de estos fondos, Marogna compró artículos de lujo.

El abogado de Becciu también rechazó cualquier injerencia en el juicio que se celebró hace unos meses por abusos al cardenal australiano, George Pell, y del que fue absuelto.

Los medios habían especulado sobre el envió de varias transferencias desde la Secretaria de Estado a cuentas en Australia durante el proceso.

Becciu abogó por el derecho «a una información correcta respecto de todos los involucrados» y se reservó la posibilidad de recurrir si es necesario a la Justicia «para proteger su propia honra y reputación y la de los familiares».

(c) Agencia EFE

Aumentan a 19 muertos y más de 80 los heridos por un coche bomba en el norte de Siria

El Cairo.- (EFE).- Al menos 19 personas, entre ellas cuatro niños, murieron este martes y 82 resultaron heridas por la explosión de un vehículo bomba en Al Bab, una localidad bajo control de facciones afines a Turquía en la provincia siria de Alepo, informó la Defensa Civil siria conocida como los «cascos blancos».

«Al menos 19 civiles, incluidos 4 niños, y otras 82 personas fueron heridas, entre ellas mujeres y niños, cuando un coche bomba explotó hoy en la ciudad de Al Bab, en el este de Alepo», indicó el grupo de rescate en un comunicado.

La explosión, la segunda contra la ciudad en los últimos tres días, procedía de un camión que tenía como objetivo la puerta trasera de la zona de los garajes situados en el centro de la ciudad, según el grupo de rescate que opera en zonas que no están controladas por Damasco.

Los «cascos blancos» aseguraron que se trata de una zona en la ciudad que siempre está abarrotada y destacó que «la cifra de muertos no es final debido a la presencia de casos críticos entre los heridos».

Asimismo, señaló que la explosión provocó «daños materiales significativos» como la destrucción «por completo» de dos edificios, así como daños parciales en otros ocho edificios situados en el área de la explosión.

Hasta el momento, ningún grupo ha reivindicado esta explosión.

El coordinador humanitario de la ONU para Siria, Imran Riza, y el coordinador humanitario de la ONU para la crisis siria, Kevin Kennedy, condenaron en un comunicado conjunto el «horrible» ataque en Al Bab.

«Después de más de nueve años de crisis, los civiles que viven en Siria ya han soportado el sufrimiento y las privaciones durante demasiado tiempo», aseguraron en la nota.

El último gran ataque en Al Bab fue en noviembre del año pasado, cuando una veintena de personas perecieron por la explosión de otro coche bomba.

Los atentados son habituales en zonas del norte de Siria controladas por fuerzas opositoras aliadas de Turquía, especialmente en áreas cercanas a Afrín.

Turquía y facciones rebeldes leales controlan varias partes en el norte de Siria, entre ellas la urbe de Al Bab desde 2016 tras lanzar varias operaciones militares contra los kurdos en el país.

(c) Agencia EFE

Argentina apoyará el informe de Bachelet sobre Venezuela

Buenos Aires.- (EFE).- El Gobierno de Argentina anunció este martes que «apoyará con fuerza el trabajo realizado por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas Michelle Bachelet» sobre Venezuela, en el que denuncia obstrucción a partidos políticos de cara a las elecciones legislativas del 6 de diciembre y represión gubernamental.

La Cancillería argentina expresó su posición a través de un comunicado que responde a las «instrucciones» del presidente Alberto Fernández y en el que insta al Gobierno venezolano a que «conduzca investigaciones prontas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre las alegaciones de violaciones a los derechos humanos, lleve a los perpetradores ante la justicia y garantice una reparación adecuada a las víctimas».

«Instamos al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a cooperar plenamente con el Consejo (de Derechos Humanos de la ONU) y todos sus mecanismos, y a implementar íntegramente las recomendaciones hechas por la Alta Comisionada en sus informes», destaca el comunicado de Cancillería.

Bachelet presentó hace dos semanas un informe en el que alerta de «las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, que obstruyen las libertad de selección de los representantes de siete partidos políticos, y el nombramiento no consensuado de los miembros del Consejo Electoral», y expresa dudas sobre la composición de la Asamblea Nacional «sin un proceso inclusivo de consulta previa».

Asimismo, el informe, que actualiza el que la alta comisionada presentó ante el mismo consejo en julio, también se denuncia «el alto número de muertes de jóvenes en barrios marginados como resultado de operaciones de seguridad» y da cuenta de más de 2.000 asesinatos de este tipo en lo que va de año, 711 de ellos entre junio y agosto.

El Ejecutivo argentino destacará a través de sus representantes en el Consejo la necesidad de reforzar la instalación de una misión permanente de la Alta Comisionada en Caracas, «dotada de los recursos humanos y de los elementos que le permitan desplegar una acción remedial frente a dichas circunstancias y contribuir a encaminar soluciones apropiada».

«Son las autoridades venezolanas las responsables de respetar sus obligaciones internacionales de derechos humanos, así como de garantizar la paz social y la estabilidad política, lo cual resulta aún más necesario cuando se encara un proceso electoral», agrega el texto.

El comunicado concluye con la posición de Fernández de condenar «los bloqueos y las sanciones que, pretendiendo presionar a las autoridades, agreden especialmente al pueblo venezolano y contribuyen a un sufrimiento aún mayor del mismo, dada la grave situación económica y social en la que se encuentra».

El Gobierno argentino aclaró su posición sobre la crisis que se vive en Venezuela después de que su representante en la Organización de los Estados Americanos (OEA), Carlos Raimundi, sembrara dudas al respecto en otras delegaciones de países miembros al afirmar que «hay una apreciación sesgada de lo que son las violaciones de los derechos humanos» .

(c) Agencia EFE

El expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, llama «payaso» al exjuez español Garzón

Panamá.- (EFE).- El expresidente de Panamá Ricardo Martinelli tildó de «payaso» al exjuez español Baltasar Garzón por presentar una querella en España en su contra por presunto blanqueo y corrupción en la causa en la que se investiga el supuesto pago de 82,7 millones de dólares por parte de FCC a cargos del país centroamericano para obtener contratos.

En un mensaje en su cuenta de Twitter, Martinelli (2009-2014) dice que sus «enemigos, usan sus contactos internacionales, para que un payaso español meta denuncia temeraria, basada en un refrito de noticias de (el diario panameño) La Prensa».

«Demandaré civil y penalmente, aquí y allá», añadió el expresidente, quien está imputado en Panamá por supuesto lavado de activos vinculados a Odebrecht y por la compra de un conglomerado de medios.

La Fundación Baltasar Garzón (Fibgar) informó este martes de que presentó la querella contra Martinelli y que solicitó personarse como acusación popular al juez instructor del caso, Ismael Moreno, que ya ha dado copia del escrito a la Fiscalía Anticorrupción de España y que a su vez deberá pronunciarse antes de que se resuelva la admisión a trámite.

Esto se remonta a 2017 cuando la Audiencia Nacional española admitió a trámite una querella por presuntos delitos de blanqueo, cohecho y organización criminal entre 2009 y 2015 contra un asesor jurídico de la multinacional brasileña Odebrecht, que habría usado sociedades pantalla españolas para blanquear cantidades procedentes de los sobornos abonados por diversas constructoras a cambio de adjudicaciones.

Así, buscaban generar fondos para abonar «pagos encubiertos» a responsables políticos y empleados públicos, objetivo para el cual se sobredimensionaba el suministro del acero en «precio y cantidad».

Y aunque FCC en un inicio no figuraba en la lista, después de dos años de diligencias se encontraron indicios de que tras el consorcio entre Odebrecht y FCC para la construcción del Metro de Panamá, el primero de Centroamérica, se ocultaría un concierto entre directivos para generar «sobrecostes» en los contratos.

En 2019 FCC presentó dos escritos ante la Fiscalía en los que denunciaba los acuerdos comerciales suscritos por sus filiales con el entramado de sociedades de Mauricio Cort, un supuesto testaferro Martinelli, quien actualmente está preso.

Esta estrategia «encubrió acuerdos para abonar pagos por presuntas corrupciones, para asegurarse la adjudicación de importantes contratos de infraestructura que se licitaban por los gobiernos de Panamá, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua», citaba textualmente el auto de imputación.

Las facturas incluían descripciones de servicios técnicos, diseño urbanístico y arquitectónico o de estudio de impacto medioambiental, entre otros, «simulados» que nunca llegaron a realizarse en las obras investigadas: las líneas 1 y 2 del metro de Panamá y la Ciudad Hospitalaria de Clayton.

En Panamá, la Fiscalía Especial Anticorrupción investiga desde 2017 a FCC por los proyectos del Metro que construyó en consorcio con la brasileña Odebrecht, y la construcción de tres avenidas en la capital: Vía Brasil Tramo I y Tramo II, y la Domingo Díaz.

Por estos casos, la Fiscalía panameña pidió dos asistencias judiciales a Suiza, una a Costa Rica y otra a Países Bajos, todas estas sobre cuentas bancarias, y una a España, sobre declaraciones de un extrabajador de FCC.

Panamá recibió recientemente un pedido de asistencia judicial de España sobre información bancaria de personas involucradas en los presuntos sobornos pagados por FCC, investigada por la Justicia del país europeo por los presuntos sobornos por 82,7 millones de dólares para obtener los proyectos del metro y la ciudad hospitalaria.

(c) Agencia EFE