(Redacción La Voz de América).- Cancilleres y funcionarios de los gobiernos de El Salvador, Honduras, México y Guatemala presentaron y debatieron este viernes el Plan de Desarrollo Integral (PDI), en una reunión acogida por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CECLAC).

El encuentro, presidido por Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de CECLAC, se enfocó en “la búsqueda de oportunidades económicas para quienes se ven obligados a una migración forzada”.

Bárcena explicó que la idea del Plan de Desarrollo Integral de los cuatro países busca también que estos estados se comprometan con una cartera de iniciativas en la que además de CECLAC, cuentan con la ONU.

“Se trata de un nuevo paradigma para el desarrollo sostenible y la cooperación regional”, del que celebró se desarrolle en el ámbito de la Asamblea General de Naciones Unidas.

La alta funcionaria insistió en que los objetivos del desarrollo sostenible deben tener un nuevo rumbo: “¿Cómo abordamos el tema de la emigración con enfoque de desarrollo?”.

Secretaria Ejecutiva #CEPAL @aliciabarcena: la ayuda para los países #SIDS no puede lograrse sin la cooperación y apoyo de la comunidad internacional. Este es un llamado a la acción; un llamado a la solidaridad internacional y a las asociaciones en pro de los #SIDS. #SamoaPathway pic.twitter.com/3Cbza2iWXj

— CEPAL (@cepal_onu) 27 de septiembre de 2019

Los objetivos, apuntó, deben estar encaminados en que el desarrollo “debe de ser una obligación y no una opción”.

El expresidente de Guatemala, Vinicio Cerezo, se refirió al plan de “mediano y largo plazo”, que naciones centroamericanas están en vías de implementar, pues “ante un dilema que es el desarrollo, lo que tenemos que hacer es propiciar acuerdos regionales” para enfrentar la actual urgencia de las migraciones.

Desde finales de 2018 el PDI se ha encaminado en hacer un diagnóstico y ofrecer recomendaciones para poder identificar áreas de oportunidad que estime entre ellas el tema de la migración humana como una opción segura.

La ministra de Exteriores de El Salvador, Alexandra Hill, valoró que la reunión aporta “un cambio fundamental, que va de un problema de seguridad, a un problema de desarrollo”.

Hill aseveró que las altas cifras de la emigración irregular desde El Salvador demuestran que hay dos problemas: “El problema de seguridad y el problema de falta de oportunidades económicas” para sus connacionales.

Por su parte Irma Rosa Suazo, representando al canciller de Honduras (en ausencia), advirtió que el enfoque de seguridad del Plan de la Alianza para la Prosperidad, de conjunto con El Salvador, Guatemala “no contó con los fondos suficientes para poder implementarlo”, por lo que se perdió la oportunidad de enfrentar la trata de personas, el crimen organizado y el tráfico de inmigrantes.

En la cita de este viernes los funcionarios y personalidades invitadas valoraron la conjunción entre los objetivos del PDI y las necesidades de los cuatro países involucrados, para poder dar cumplimiento a la Agenda 2030.

(Por Ariela NAVARRO,AFP).- Un grupo de doctores cubanos denunciaron en Nueva York, al margen de la Asamblea de la ONU, la «esclavitud» sufrida cuando integraban las misiones internacionales del gobierno de La Habana. Tras desertar, viven ahora en Estados Unidos, donde iniciaron una nueva vida impedidos de ejercer su profesión.

«Me cansé de la esclavitud, me cansé, me cansé de mentir», contó Tatiana Carballo el jueves durante una conferencia organizada por el Departamento de Estado estadounidense.

Carballo decidió acogerse al Cuban Medical Professional Parole, un programa estadounidense finalizado en 2017 que permitía solicitar la entrada a Estados Unidos a los médicos enviados por La Habana a trabajar en otros países.

Más de 600.000 cubanos han prestado servicios médicos en unos 160 países en los últimos 55 años, según el gobierno cubano, que defiende la solidaridad de su «diplomacia de las batas blancas».

Carballo trabajó en Belice, Venezuela y después en Brasil, pero denuncia que no era algo ni voluntario ni humanitario. Ahora trabaja en un almacén de Amazon en Kentucky, pues no puede ejercer su profesión.

En Venezuela dice que vivía «bajo un asedio y un estrés constante», restringida en sus movimientos e impedida de relacionarse con venezolanos.

Caracas es desde hace casi 20 años el principal aliado político y proveedor de crudo a Cuba, que le ha retribuido con miles de médicos, entrenadores deportivos y asesores militares.

La médica de larga melena negra contó que lo que más le molestó fue tener que falsificar estadísticas sobre cuántos pacientes atendía y que le pedían influir en la población para que votaran por el fallecido Hugo Chávez o por el actual presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Carrie Filipetti, subsecretaria adjunta del Departamento de Estado para Cuba y Venezuela, dijo que el programa médico «no está destinado a dar un apoyo a los países que lo necesitan» y que su objetivo es «aumentar los ingresos para el régimen cubano encubierto de ayuda humanitaria».

Filipetti señaló que a estos médicos se les robó su dinero mientras La Habana ingresaba 7.200 millones de dólares en un año.

«Aquí en la ONU nuestra misión es juntarnos como comunidad internacional para llamar la atención sobre los abusos», dijo la diplomática.

Ahora estos médicos tienen una prohibición de ocho años en los que no pueden volver a Cuba.

• «Nuestra carrera acabó» –

Ramona Matos, de 50 años, estuvo destinada en Brasil y en Bolivia, donde le retuvieron sus documentos. Allí escuchó que cinco compañeros murieron por fallos cardíacos debido a la altura.

Ahora, tiene un trabajo en la manufactura y no puede ejercer la medicina porque las autoridades cubanas retienen su expediente para convalidar su título.

«Nuestra carrera acabó en el momento que uno decide venir», dijo Matos.

«No tenemos un programa específico» para ayudarles a ejercer en Estados Unidos, respondió Filipetti al ser consultada por la AFP sobre este punto.

Los médicos dicen que gran parte del dinero que los países pagaban era retenido por Cuba y que tras desertar, los fondos depositados en una cuenta congelada para su regreso, se perdieron.

Destinado a Venezuela de 2011 a 2014, Fidel Cruz denunció que lo «obligaban a hablarle del gobierno a los pacientes».

• Demanda contra la OPS –

Cruz, Matos y otros dos médicos presentaron una demanda en una corte federal de Miami contra funcionarios de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) por su rol en el programa para enviar médicos cubanos a Brasil.

Su abogado Samuel J. Dubbin explicó a la AFP que como las leyes brasileñas no permitían llevarlos, Brasilia utilizó la intermediación de la OPS en Washington.

«Por cada dólar que Brasil pagaba por los servicios de los doctores, la OPS enviaba 85% a Cuba, entre 5 y 10% para los médicos y la OPS se quedaba con el 5% restante», denunció Dubbin, estimando que esto representa cerca de 100 millones de dólares.

La Habana se retiró de ese programa a fines de 2018 cuando el entonces presidente elector brasileño Jair Bolsonaro denunció la retención de buena parte del salario de los médicos.

En cuanto a la demanda, Cruz espera que lleve a que el «gobierno de Cuba deje de mandar los médicos» con estas condiciones.

Ahora está estudiando enfermería y sueña con convalidar su título de médico algún día «lejano».

Nicaragua.- El Nuevo Diario, periódico impreso y digital, anunció a través de un editorial el cierre de sus labores informativas debido a circunstancias económicas, técnicas y logísticas. Así lo informó la Junta Directiva del medio, este 27 de septiembre.

El rotativo con 39 años informando a los nicaragüenses enfrentaba un desabastecimiento de materia prima causado por la retención de insumos en la Dirección General de Aduanas, desde hace varios meses. De hecho, el diario pasó de tener 38 páginas a tan solo ocho.

La Fundación nicaragüense Violeta Barrios de Chamorro, que trabaja por la defensa y consolidación de la libertad de expresión y comunicación, señaló que hay «luto nacional» por el cese de funciones de Nuevo Diario y Metro (distribución gratuita).

«Responsabilizamos de este golpe a la libertad de expresión a la dictadura de Ortega y Murillo, quienes por más de 56 semanas han secuestrado materia prima de El Nuevo Diario y La Prensa (…) condenamos este acto cobarde que atenta contra las libertades públicas consignadas en la Constitución Política de Nicaragua: la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de información», señala el documento.

A través de Twitter se conoció que la Policía llegó a las instalaciones del medio de comunicación asediando y fotografiando a los periodistas que se encontraban en el lugar. Nuestra organización intentó comunicarse vía telefónica con Douglas Carcache y Ludwin Loáisiga, director y editor del medio, respectivamente, para consultarles sobre posibles represalias. Desafortunadamente no fue posible.

FUNDAMEDIOS y SR.RADIO lamenta profundamente el cierre de este medio de comunicación y nos solidarizamos con los periodistas que quedan en el desempleo. Nos unimos al pronunciamiento de organizaciones internacionales como la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y la Sociedad Interamericana de Prensa para repudiar enérgicamente las presiones impuestas por el gobierno de Daniel Ortega para callar la voz de los medios independientes.

(Redacción La Voz de América).- El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó el viernes a solicitud del Grupo de Lima una resolución para establecer una comisión de investigación independiente sobre posibles violaciones de derechos humanos fundamentales en Venezuela.

La propuesta de resolución, patrocinada por países como Colombia, Perú, Brasil y Argentina, fue aprobada con 19 votos a favor, siete en contra y 21 abstenciones, entre ellos las de México y Uruguay.

La comisión «investigará las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitraras, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes desde 2014» ocurridos en Venezuela y presentará sus resultados al Consejo dentro de un año.

«Creemos que se necesitan pasos serios y creíbles para la rendición de cuentas. Y estos pasos no se pueden encontrar dentro de Venezuela», dijo la embajadora de Brasil, Maria Nazareth Farani Azevedo.

El Grupo de Lima ha sido clave en visibilizar la crisis en Venezuela y avanzar en medidas diplomáticas para promover el cambio en la nación sudamérica en medio de la crisis. Sus miembros son parte de la coalición de más de 50 países, entre ellos Estados Unidos, que respaldan al gobierno encargado de Juan Guaidó.

«La acción del Consejo de Derechos Humanos envía un mensaje claro a las autoridades venezolanas de que eventualmente serán responsabilizados por sus crímenes», dijo en un comunicado José Miguel Vivanco de Human Rights Watch.

La reacción del gobierno en disputa en la ONU

El embajador del gobierno en disputa de Venezuela, Jorge Valero, rechazó la resolución que catalogó de «hostil». Los países que solicitaron la investigación, albergan a millones de los refugiados venezolanos que escapan de la crisis.

«Este pequeño grupo sigue los instrumentos que el imperio estadounidense les entregó, estos son temas vergonzosos de la administración del presidente Trump», dijo Valero.

La jefa de derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, en un informe emitido el 4 de julio tras su visita Venezuela, dijo que las fuerzas de seguridad venezolanas enviaban escuadrones de la muerte para asesinar a jóvenes y modificaban los hechos para hacer parecer que se resistieron al arresto.

El gobierno en disputa que lidera Nicolás Maduro, calificó entonces el informe de la ONU como una «visión selectiva y abiertamente parcial» sobre la situación.

Pero hace tres días, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y el gobierno en disputa de Nicolás Maduro de Venezuela, firmaron un memorando de entendimiento que da acceso permanente a funcionarios de la ONU a la nación en crisis.

Un comunicado publicado el martes indicó que la firma del acuerdo tiene una duración de un año y fue firmado el 20 de septiembre por Bachelet y el canciller del gobierno en disputa, Jorge Arreaza: «Establece un marco para las discusiones y la cooperación en el futuro, y permite una presencia continua en el país de un equipo de dos oficiales de derechos humanos de la ONU».

Los detalles del plan conjunto serán acordados dentro de 30 días a partir de la firma.

Explica que sirve además de «base para la continuidad del diálogo, con miras a la futura conclusión de un acuerdo que permita establecer una oficina de la ONU sobre derechos humanos en Venezuela».

«(El gobierno en disputa) se ha comprometido a permitir que oficiales de derechos humanos de la ONU accedan a centros de detención y a que tengan libertad de movimiento a través del país», dice el comunicado.

Parlamentarias opositoras piden intervención

El viernes, la parlamentaria Delsa Solórzano insistió en que Venezuela, como miembro y firmantes de importantes acuerdos y tratados internacionales “tiene la obligación de cumplir, de tal manera que no es opcional, no le corresponde a la usurpación si vienen o no vienen (los observadores), si les dan permisos o no”, dijo en una conferencia de prensa.

Solórzano, con escaño en la Asamblea Nacional para el periodo 2016-2021, recordó que tal como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU designará una comisión para investigar violaciones en el sureño país, el estado venezolano tiene la obligación “de dejarse investigar, no es optativo”.

Otra de las participantes, la diputada Adriana Pichardo, precisó que el informe resultante no es un documento más: “Este informe va a la CPI (Corte Penal Internacional), ahí sí hay una conexión directa, es ahí donde se materializa la sanción, la pena en una corte penal internacional, en un tribunal internacional”, acotó la parlamentaria.

Barcelona.- (EFE).- Científicos del Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF-UAB) han regresado de una expedición a Alaska, donde han comprobado que se está deshelando más rápido de lo que se creía el permafrost, la capa de suelo permanentemente congelada y que retiene gases de efecto invernadero.

Según han explicado los investigadores, el permafrost, que cubre una cuarta parte de la superficie terrestre del hemisferio norte, mantiene el carbono inmóvil en la turba, que es el suelo vegetal que guarda un 42 % del carbono total almacenado en el suelo, y si se descongela lo liberará a la atmósfera en forma de gases de efecto invernadero, como el CO2 o el CH4.

Los investigadores del CREAF Olga Margalef, Oriol Grau y Sergi Pla-Rabes han regresado de una expedición al norte de Alaska, donde han estudiado qué consecuencias tendrá la descongelación del permafrost en las turberas como consecuencia del calentamiento global.

«El permafrost se está degradando porque el incremento de temperaturas funde el hielo que contiene. Las fronteras de suelo congelado más al sur están retrocediendo hacia el norte. Las últimas décadas lo han hecho entre 30 y 80 kilómetros», ha advertido Margalef.

«Estudiar qué efectos tiene la fusión de estos suelos congelados es básico para entender los cambios en los ciclos biogeoquímicos que se pueden llegar a dar a escala planetaria: con su descongelación esperamos emisiones enormes de CO2 a la atmósfera, pero también la liberación de grandes cantidades de fósforo o de nitrógeno al agua y disponible para los organismos», ha puntualizado.

Esta es la segunda campaña de campo que realizan después de que en la anterior viajaran a Laponia, en Suecia, financiada también por la convocatoria INTERACT (fondos europeos que permiten el acceso a estaciones de investigación remotas a investigadores jóvenes).

«El muestreo de suelo congelado no es nada sencillo porque es duro como una roca y hay que usar un perforador. Usamos un motor acoplado a un perforador diseñado expresamente para este trabajo», explica Oriol Grau, miembro de la expedición.

Los investigadores han comprobado en Alaska que el permafrost ya tiene zonas degradadas por el aumento de temperaturas, tanto en los márgenes como en las zonas centrales de las turberas y han advertido que su deshielo es una de las amenazas globales más importantes.

«Cuando el permafrost se descongela, la materia orgánica que contiene la turba se puede descomponer y hacer que el reservorio de carbono y nutrientes almacenados durante miles de años en estos suelos se movilice en forma de emisiones de gases (CO2, CH4 y otros) que pueden liberarse a la atmósfera y provocar más calentamiento, pueden diluirse en los cursos de agua y pueden ser absorbidos por una u otra vía por diferentes seres vivos», han añadido los científicos.

Por este motivo, dicen que es imposible predecir con certeza cuáles serán las consecuencias del deshielo del permafrost.

Sin embargo, como ocupa una superficie enorme y contiene grandes reservorios de carbono, «lo que sí podemos predecir es que, pase lo que pase, lo hará a una escala que tendrá efectos planetarios, que nos podría llevar a un punto de no retorno en términos climáticos», alertan.

Además, la degradación del permafrost también puede tener consecuencias directas sobre las infraestructuras humanas: si se funde el suelo, éste se desestabilizará y las carreteras y casas situadas en estas latitudes podrían colapsar, avisan.