Bogotá.- (EFE).- Los militares colombianos investigarán el origen de una foto presentada por el presidente Iván Duque ante la ONU como parte de las pruebas sobre la «penetración del ELN en escuelas» de Venezuela y que fue cuestionada, anunció este viernes el comandante general de las Fuerzas Militares, general Luis Navarro.

«Cuando se construye este documento (presentado por Duque) no teníamos conocimiento de que en un momento determinado había sido empleado por el periódico El Colombiano. Será tema que entraremos a averiguar (para determinar) cuál es el origen de esta foto», aseguró el general Navarro en una rueda de prensa.

El diario El Colombiano de Medellín señaló que obtuvo esa foto presentada en el dossier de Duque de Inteligencia Militar. En la instantánea aparece un grupo de guerrilleros jugando con niños en junio de 2015 y fue usada para ilustrar un artículo sobre reclutamiento en escuelas rurales del suroccidental departamento del Cauca.

Frente a ello, el general Navarro aseguró no tener «conocimiento» exacto puesto que la tomaron «como una referencia» que les dio la ONG Fundación Redes (Fundaredes) y que usaron «simplemente» como «una referencia para hacer énfasis en el informe».

«Esta foto y todo este documento de denuncia (…) tiene plenamente comprobados cuáles son las fuentes. A cada foto que hay se da el crédito. De manera particular, en esta página hablamos de Fundaredes», agregó.

El alto oficial detalló que para la elaboración del dossier «hubo un trabajo de inteligencia» y también contaron con «fuentes abiertas».

«De esas fuentes abiertas encontramos a esta organización (Fundaredes) y donde vemos que hay unas denuncias muy importantes de los educadores del estado (venezolanos) del Táchira donde cuentan las amenazas a las cuales son sometidos por el ELN», añadió el general Navarro.

Sin embargo y pese a no saber con precisión el origen de la foto, calificó la información facilitada por Fundaredes como «totalmente viable».

El general Navarro aclaró que «la columna vertebral del informe es de inteligencia militar, policial y agencias extranjeras», pese a lo cual hicieron «esta referencia de Fundaredes» porque les «llamó poderosamente la atención» al contar con las denuncias de educadores que consideraron que debían «ser escuchadas en Naciones Unidas».

La propia ONG aclaró este jueves en un comunicado que en 2013 el director de la entidad «recibió de docentes varias fotografías de actividades que realizaba la guerrilla colombiana en escuelas rurales del estado Táchira», fronterizo con el departamento colombiano de Norte de Santander.

Por lo anterior, «se realizó la denuncia formal el 17 de julio de 2013 sobre la penetración del ELN en las escuelas fronterizas con Colombia donde la guerrilla viene presentándose en las aulas entregando folletos, revistas, regalos e incluso incorporándose en actividades pedagógicas con los niños», prosiguió la ONG.

Islamabad.- (EFE).- Un tribunal paquistaní condenó este viernes a 25 años de cárcel al hermano y asesino de la joven Qandeel Baloch, estrella de internet por los vídeos que subía a las redes, en un «crimen por honor» que llevó al Gobierno a cambiar la ley en 2016.

«El juez Imran Shafi del Tribunal Modelo de Multan sentenció a Muhammed Wasim a cadena perpetua (25 años) y absolvió a otros cinco acusados», dijo a Efe un portavoz de la corte, Muhammed Ramzan.

La fuente indicó que entre los absueltos se encuentra un hermano de la asesinada y que otro más fue declarado fugitivo ya que escapó a Arabia Saudí y no se presentó ante el tribunal.

El importante clérigo Mufti Abdul Qavi también fue absuelto de participar en el crimen y sus seguidores lo celebraron arrojando pétalos de rosa a su salida de la corte.

Wasim drogó y estranguló a Qandeel en julio de 2016 por deshonrar el nombre Baloch -su casta- «por los vídeos vulgares y declaraciones» que colgaba en las redes sociales, según su propia confesión en una rueda de prensa, que más tarde retiró para declararse inocente.

La joven, de 26 años en el momento de su muerte, se hizo popular en el país asiático por publicar vídeos en redes sociales como Facebook, donde contaba con 730.000 seguidores, en los que bailaba y cantaba con ropas sugerentes, rompiendo tabúes en la conservadora sociedad paquistaní.

Para los segmentos más liberales de la sociedad, Baloch representaba una inspiración debido a sus planteamientos desinhibidos y feministas, mientras que otros sectores más conservadores la criticaban por ello.

Los llamados «crímenes de honor» son muy habituales en el Sur de Asia y suelen implicar a familiares que a través del crimen vengan lo que consideran una afrenta que contraviene la conservadora moral tradicionalista.

Según datos de la ONG Comisión de Derechos Humanos de Pakistán (HRCP), entre 2004 y mayo de 2018 se registraron en el país 17.628 crímenes de honor, si bien se cree que la cifra real podría ser mucho más alta debido a la falta de denuncias y a que en muchos casos son cometidos por familiares cercanos.

Tras el asesinato de Baloch, el Gobierno paquistaní aprobó en octubre de 2016 una ley que prohíbe los perdones de los familiares de las víctimas en este tipo de delitos, un agujero legal con el que muchos hombres quedaban libres tras matar a una mujer, en general una hermana o una esposa.

A pesar de ello, los padres del asesino y la asesinada pidieron al tribunal este agosto que retirara los cargos contra Wasim porque le habían perdonado, petición que fue rechazada.

Además, la ley estableció una pena obligatoria de 25 años de prisión para aquellos que cometan estos crímenes y la creación de vías rápidas en los tribunales.

Sin embargo, grupos de derechos humanos y activistas advierten de que la ley ha tenido poco impacto a la hora de poner freno a estos crímenes.

(AFP).- La justicia argentina condenó este miércoles a 13 años de prisión por tentativa de homicidio agravado por alevosía, a una joven que con una tijera de podar le cortó los genitales a su amante.

Brenda Barattini, de 28 años, fue declarada culpable por unanimidad de un jurado popular, que dictó la misma condena que había solicitado la fiscalía en el juicio llevado a cabo por la Cámara 2 del Crimen de la ciudad de Córdoba, 700 km al norte.»Estoy muy arrepentida de lo que hice, nunca quise matar a nadie. Pido que se haga Justicia. Me jodí la vida, quiero seguir con mi vida normal», clamó la acusada poco antes de escuchar la sentencia.

Durante el proceso, la mujer había admitido que planificó lastimar a su pareja pero no matarlo, debido a que él la «trataba como un trofeo», y había compartido con sus amigos videos de ella en situación íntima.»Vulneró mi intimidad, mi vida y mi carrera. Se había arruinado todo», afirmó la mujer.Su abogado Iván Sironi, anticipó que apelará la sentencia. «En la historia de la Justicia argentina no existió un homicidio agravado en tentativa por una lesión en el pene», sostuvo.

La fiscal Laura Battistelli destacó que el jurado haya coincidido en que «la imputada quiso quitarle la vida al hombre».Al declarar en el juicio, la víctima, de nombre Sergio F., de 42 años, dijo que el 25 de noviembre de 2017, Barattini lo engañó, le vendó los ojos como un juego erótico pero utilizó la tijera de podar. El logró irse del apartamento mientras perdía mucha sangre y fue ayudado por vecinos que escucharon sus gritos.

El hombre, que estaba casado, debió someterse a varias operaciones de reconstrucción.

Managua.- (EFE).- La Corte Suprema de Justicia de Nicaragua pidió destituir al magistrado Rafael Solís, uno de los jueces que declaró «inaplicable» un artículo de la Constitución que impedía la reelección y con el que se allanó el camino para que el presidente Daniel Ortega participara en los comicios de 2011 y luego en 2016.

Solís, padrino de bodas de Ortega y de la primera dama y vicepresidenta, Rosario Murillo, era considerado el operador político del sandinismo en el Poder Judicial cuando renunció a su cargo en enero pasado por discrepancias con el mandatario por la forma de responder a las protestas callejeras que estallaron en abril de 2018 y que han dejado ciento de muertos y decenas de miles en el exilio.

En una carta pública «de renuncia y denuncia» dirigida a Ortega y Murillo y al presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, fechada el 8 de enero, Solís renunció a su cargo, criticó duramente a los dignatarios y advirtió sobre la posibilidad de una guerra civil en el país si no ocurre «un milagro».

También renunció a su militancia en el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), al que perteneció 43 años, y a todos sus cargos políticos.

Desde entonces, el Parlamento, controlado por el oficialismo, no ha discutido la renuncia de Solís, que se encuentra en el exilio en Costa Rica, por lo que su dimisión no es considerada como oficial.

No obstante, la Corte Suprema, en una carta de solicitud enviada esta semana, pidió al Parlamento destituir al magistrado por «prolongada ausencia laboral».

La Junta Directiva de la Asamblea Nacional, también controlada por los sandinistas, decidirá si la incluye en la agenda de la próxima sesión plenaria prevista la semana entrante.

Solís fue uno de los jueces que declaró en octubre de 2009 «inaplicable» el artículo de la Carta Magna que impedía la reelección presidencial continua y limitaba a dos el número máximo de mandatos de un presidente, lo cual allanó el camino para que Ortega, que coordinó una Junta de Gobierno de 1979 a 1984 y gobernó el país de 1985 a 1990, optara a una nueva reelección en los comicios de 2011 y luego en 2016.

No obstante, Solís se distanció de Ortega a raíz de la crisis sociopolítica que vive el país desde el 18 de abril de 2018.

El exjuez acusó a los dignatarios de no actuar con sensatez y cordura en la crisis, sino más bien con el afán de imponer un «Estado de terror» con el uso excesivo de fuerzas parapoliciales.

También que bajo el Gobierno de Ortega y Murillo «no existe derecho alguno que se respete» y que se está consolidando en el país «una dictadura con caracteres de monarquía absoluta de dos reyes que han hecho desaparecer todos los poderes del Estado, dejando al mismo Poder Judicial reducido a su más mínima expresión».

Además, sostuvo que «no hubo tal golpe de Estado, ni agresión externa», a como denuncia el Ejecutivo, «sino un uso irracional de la fuerza» por parte del Estado.

Nicaragua sufre una grave crisis sociopolítica que ha dejado 328 muertos desde el 18 de abril de 2018, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aunque algunos grupos elevan a 595 el número de las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 200 y denuncia un intento de golpe de Estado.