San Juan.- (EFE).- Agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos han detenido a tres personas, entre ellas una exadministradora de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) por presunto fraude de fondos federales para la recuperación tras el paso de los huracanes Irma y María por Puerto Rico.

La información fue ofrecida este martes en conferencia de prensa en San Juan por la responsable de la Fiscalía federal en Puerto Rico, Rosa Emilia Rodríguez, quien señaló que se trata de Asha Tribble, exadministradora de la región 2 de FEMA; Jovanda Patterson, antigua empleada de dicha agencia, y el expresidente de la empresa energética Cobra Donald Keith Ellison , que llevó a cabo trabajos de restauración eléctrica en la isla tras el paso de los huracanes.

El fraude podría ascender a 1.800 millones de dólares por la firma de dos contratos con la citada empresa para ayudar en la tarea de recuperación eléctrica de la isla tras el paso de los ciclones.

Los tres deberán afrontar hasta 15 cargos, entre ellos, el de conspirar para sobornar, fraude de fondos federales para desastres, declaraciones falsas y fraude electrónico.

Las detenciones, llevadas a cabo en Estados Unidos, han estado a cargo de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional, con el apoyo del FBI.

La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, aseguró, por su parte, que los arrestos federales realizados ese martes son «reprochables» e «indignantes».

«Es una gran tristeza», agregó en un comunicado.

«Reprochamos la corrupción, venga de donde venga y por eso fortalecemos cada día las medidas para identificar posibles conductas de aquellos que pretendan aprovecharse de la necesidad y el dolor de un pueblo», concluyó.

La jefa de la Fiscalía detalló que Tribble, quien tenía a su cargo Puerto Rico, y Ellison llegaron a desarrollar una relación íntima durante la cual el expresidente de Cobra llegaba incluso a hacerle regalos de gran valor a la exadministradora de FEMA para influir sobre ella y que la empresa se llevara el contrato de FEMA en Puerto Rico.

«La señora tenía una posición tan alta en FEMA y por sus actos fue teniendo más autoridad y tenía a cargo todo lo que tenía que ver con la AEE (Autoridad de Energía Eléctrica, de Puerto Rico). Lo que ella decía era ley… los empleados (de FEMA) insistían en que podían hacer los trabajos, pero se les daba a Cobra», expresó Rodríguez.

Los acusados podrían enfrentarse a penas de entre 5 y 30 años.

La vicepresidenta de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Lourdes Ramos, reaccionó «indignada» ante las denuncias de corrupción en altas esferas federales por fondos destinados a la reconstrucción del sistema eléctrico tras el paso del huracán María.

Resaltó que, aunque la corrupción ataca a «todos sin distinción de raza o nacionalidad, lo cierto es que las acusaciones federales reflejan que muchos intereses económicos pensaron primero en el lucro y en el enriquecimiento personal, que en rescatar las esperanzas de nuestro pueblo».

(Redacción La Voz de América).- La Alta Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet confirmó el lunes en un comunicado que el 6 de septiembre un miembro de su equipo fue autorizado a visitar el Centro de Procesados Militares Ramo Verde.

La ONG venezolana Foro Penal había informado antes que que expertos enviados por Bachelet se reunieron con varios de los catalogados como presos políticos que permanecen recluidos en la cárcel militar de Ramo Verde.

El director de Foro Penal, Alfredo Romero, informó en su cuenta de Twitter que la visita ocurrió el pasado viernes.

#7Sep Comisión expertos Alta Comisionada @mbachelet vuelve a Venezuela luego de más de 1 mes q se había ido. Ayer una representante @UNHumanRights estuvo en Ramo Verde. Logró entrevistarse con #PresosPolíticos Aguado, Marulanda, Jesús Medina, Vasco Da Costa, Eva Lugo, entre otros

— Alfredo Romero (@alfredoromero) 7 de septiembre de 2019

Romero indicó que la visita se produce en momentos en que el gobierno en disputa de Nicolás Maduro sigue sin cumplir las recomendaciones dejadas por Bachelet en el informe de su visita al país.

#7Sep Este lunes habrá actualización de @mbachelet del informe sobre #Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos ONU. Claramente no se han cumplido con las recomendaciones.

— Alfredo Romero (@alfredoromero) 7 de septiembre de 2019

Foro Penal elogió la visita. El vicepresidente de la ONG, Gonzalo Himiob, dijo que los enviados de Bachelet conversaron con Vasco da Costa, Jesús Medina Ezaine, José Alberto Marulanda, William Aguado y Eva Lugo.

Himiob relató que los delegados de Bachelet se reunieron previamente con varias ONG defensoras de los derechos humanos para indagar información sobre los casos más «evidentes de violaciones a los derechos humanos”.

Rafael Uzcátegui, coordinador de la organización defensora de DD.HH. Provea, habló con la Voz de América sobre la visita de los enviados de Bachellete a Venezuela y dijo que seguirá intentando mediar para que logren soluciones concretas en materia de derechos humanos.

El Cairo.- (EFE).- Al menos 18 milicianos, entre ellos iraníes, murieron este lunes en un ataque aéreo de aviones de guerra que tuvieron como objetivo posiciones de Irán emplazadas en la ciudad siria de Al Bukamal, en la frontera con Irak, informaron diversas fuentes.

El Observatorio Sirio de Derechos Humanos indicó que hasta el momento los aviones de guerra no han sido identificados y que han tenido como objetivo «puestos, vehículos y depósitos de armas de las fuerzas iraníes y sus milicias aliadas» en Al Bukamal, una localidad estratégica por el paso fronterizo que une Siria con Irak y situada en la provincia de Deir al Zur.

Al Bukamal está bajo el control del Gobierno sirio, al oeste del río Éufrates, y ahí se encuentran estacionadas las milicias iraníes, principales aliados de Damasco.

La organización Deir al Zur 24, que cuenta con activistas sobre el terreno, afirmó en su cuenta de Twitter que los bombardeos causaron «fuertes explosiones» que fueron escuchados inclusos en las zonas controladas por las Fuerzas de Siria Democrática (FSD), una alianza liderada por kurdos y apoyada por Washington, que controlan los territorios frente a Al Bukamal, separados solo por el río.

Señaló que 8 cohetes tuvieron como objetivo sedes de las milicias iraníes, y uno de ellos cayó en distrito industrial de la ciudad, sin provocar la muerte de civiles hasta el momento.

Por su parte, una fuente militar siria, que no fue identificada, indicó a Efe que fue Israel quien lanzó los ataques a los puestos de las milicias iraníes en el paso fronterizo con Irak.

Hasta el momento, Israel no ha reaccionado ante esta información ni medios oficiales sirios han informado del incidente.

Este ataque se produce en un momento en el que las milicias iraníes y sus aliados, como el grupo chií libanés Hizbulá, están siendo objetivo de ataques, en ocasiones asumidos por Israel, durante los últimos meses en Siria, Irak y el Líbano, donde Irán tiene presencia.

Managua.- (EFE).- Un grupo de abogados defensores de los derechos humanos criticó este lunes a la Policía de Nicaragua por permitir que simpatizantes del Gobierno del presidente Daniel Ortega atacaran con balines y piedras el vehículo en el que viajaba el líder empresarial José Adán Aguerri.

«La Policía Nacional, las tropas antidisturbios y los cuerpos de seguridad están para prestar esa seguridad y esa garantía al ciudadano de que su vida no va a correr peligro, que su integridad física y su seguridad personal no va a sufrir ningún menoscabo y eso no lo estamos viendo», denunció en rueda de prensa Julio Montenegro, del organismo Defensores del Pueblo.

Aguerri, presidente de la principal cúpula patronal de Nicaragua, fue atacado el sábado pasado por una «turba» de simpatizantes sandinistas ante la presencia policial, que, según dijo, no hizo nada por evitarlo.

Ese ataque ocurrió en la ciudad de León, 90 kilómetros al noroeste de Managua, después que un retén policial detuviera el vehículo que manejaba el empresario y le ordenaran a él y a sus acompañantes a bajar del automóvil.

Los agentes requisaron en dos ocasiones el vehículo, en el que también viajaba el comentarista político Jaime Arellano, quien recientemente regresó de Estados Unidos a donde se había exiliado por razones de seguridad en el marco de la crisis sociopolítica en la que está inmersa Nicaragua desde abril de 2018.

Según la denuncia, decenas de simpatizantes de Ortega llegaron al lugar a bordo de motocicletas, la mayoría con sus cascos de protección para no ser identificados, y una vez que los reconocieron, «empezaron a atacar con piedras y bates gritando que quieren paz».

Entre insultos y amenazas, los simpatizantes de Ortega gritaban al empresario y a sus acompañantes que tenían que pagar por el «fallido intento de golpe de Estado», que es como el Gobierno tilda las manifestaciones antigubernamentales que estallaron por una impopular reforma a la seguridad social, y derivó en exigencias de renuncia al mandatario por las muertes causadas.

Después de los insultos, lanzaron piedras al vehículo, al que también golpearon con bates, y un balín que dispararon con un arma hechiza o artesanal, de acuerdo con la denuncia.

Los afectados reclamaron a los agentes, que tenía los documentos del vehículo, y como no se inmutaron, huyeron del lugar en el coche porque consideraron que corrían peligro sus vidas.

Aguerri y el comentarista Arellano visitaron la ciudad de León, donde tiene la sede Radio Darío, cuyo propietario es Aníbal Toruño, otro que recién regresó del exilio y cuya emisora fue incendiada en el marco de las protestas.

El despacho jurídico Defensores del Pueblo pidió al Estado cesar el asedio y la persecución contra aquellos que piensan distintos al Gobierno de Ortega.

El Cosep, antes de la crisis que estalló en abril del año pasado, mantenía una alianza de consenso con el Gobierno y con sindicatos sandinistas, la cual se rompió por la forma en que el Estado respondió a las protestas.

Aguerri también pertenece a la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que era la contraparte del Ejecutivo en la mesa de negociaciones con la que se buscaba una salida a la crisis, y que el mandatario dio por concluido de forma unilateral el 30 de agosto pasado.

Nicaragua sufre una grave crisis que ha dejado 328 muertos desde abril de 2018, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos elevan a 595 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 200 y denuncia un intento de golpe de Estado.