Kabul.- (EFE).- La Policía afgana confirmó hoy que 63 personas murieron y 182 resultaron heridas en el atentado suicida de anoche en una sala de Kabul donde se celebraba una concurrida boda, un ataque que ha despertado una oleada de indignación y del que los talibanes se han desvinculado.

«63 personas murieron y otras 182 fueron heridas, incluyendo mujeres y niños, en el ataque suicida de la pasada noche en Kabul», dijo a Efe el portavoz de la Policía capitalina, Ferdawas Faramarz.

La responsabilidad del atentado no ha sido reivindicada por ningún grupo, y los talibanes recurrieron a las redes sociales para desvincularse del ataque.

«El Emirato Islámico (como se autodenominan los talibanes) condena firmemente la explosión dirigida contra civiles en un hotel de la ciudad de Kabul. Este tipo de actos deliberadamente barbáricos contra civiles, incluyendo mujeres y niños, están prohibidos y son injustificables», dijo el portavoz de la formación insurgente, Zabihullah Mujahid.

El suceso ocurrió hacia las 22.40 del sábado (18.10 GMT) cuando un atacante suicida hizo detonar los explosivos que portaba en una sala de bodas en la que se congregaban decenas de personas.

La cadena de televisión afgana Tolo mostró hoy imágenes de los entierros de algunas de las víctimas, incluyendo uno en el que fueron enterrados seis menores de una misma familia, mientras que la sala de bodas amaneció con los techos y paredes destrozados por la violencia de la explosión.

La acción ha suscitado una oleada de indignación entre la población afgana.

El jefe del Gobierno, Abdullah Abdullah, calificó el «odioso e inhumano» ataque de crimen contra la humanidad al tiempo que presentó sus condolencias a las familias de las víctimas.

El miércoles de la semana pasada, al menos 14 personas murieron y otras 145 resultaron heridas un ataque talibán con un vehículo cargado con una gran cantidad de explosivos contra una comisaría también en Kabul.

El ataque de ayer tuvo lugar mientras se espera que los talibanes y Estados Unidos alcancen un acuerdo de paz.

La formación insurgente afirmó el pasado martes que la elaboración del acuerdo con Estados Unidos para buscar una salida a casi dos décadas de conflicto en Afganistán «ha terminado», aunque anotaron que aún se deberán reunir tras unas consultas finales y la firma de ese documento se hará ante garantes internacionales.

Madrid.- (EFE).- El Gobierno de Gibraltar ha informado este domingo que no puede acceder a la petición de los Estados Unidos de detener al petrolero iraní «Grace 1» y su cargamento de hidrocarburos en el Peñón.

El pasado 15 de agosto, la Corte Suprema de Gibraltar decidió liberar al petrolero, que estaba retenido en el Peñón desde el pasado 4 de julio, tras recibir las autoridades gibraltareñas por parte de Irán la garantía de que el crudo que transporta no será desembarcado en Siria.

Un día después, la justicia de EEUU ordenó su captura e incautación, por violar las sanciones contra Teherán.

A través de un comunicado, el Gobierno de Gibraltar ha informado este domingo que «la Autoridad Central de Gibraltar no puede pedir una orden a la Corte Suprema de Gibraltar para prestar la asistencia en materia de medidas coercitivas que necesitan los Estados Unidos de América».

«La incapacidad de la Autoridad Central para solicitar las órdenes requeridas es el resultado del funcionamiento de la legislación de la Unión Europea y de las diferencias en los regímenes de sanciones aplicables a Irán en la UE y en los Estados Unidos», agrega la nota de prensa de Gibraltar.

Asimismo, las autoridades gibraltareñas argumentan que «el régimen de sanciones de la UE contra Irán -que es aplicable en Gibraltar- es mucho más estrecho que el aplicable en los Estados Unidos».

Recuerda el comunicado que «el 16 de agosto de 2019, Estados Unidos envió información adicional en relación con la solicitud de restricción. En particular, EE.UU. reveló a la Autoridad Central de Gibraltar varios elementos que indicaban que los IRGC (Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica) controlaban el Grace 1 y su carga».

«En estas circunstancias, aunque la información adicional proporcionada el 16 de agosto de 2019 crea un nexo más estrecho con los elementos del régimen de sanciones de la Unión Europea contra Irán que siguen activos, nosotros, la Autoridad Central, no consideramos que dicho nexo sea suficiente para establecer que los delitos establecidos en la solicitud de los Estados Unidos se ajustan a la definición de conducta delictiva a los efectos de la legislación de Gibraltar», informa.

Recuerda que «cabe señalar que los IRGC no son una organización terrorista extranjera designada en Gibraltar, el Reino Unido o en la UE en general, a diferencia de los Estados Unido.

Los Ángeles (EEUU).- (EFE).- El mercado legal de la marihuana en California (EEUU) es el más grande del mundo con una proyección de 3.100 millones de ventas al culminar este año, de acuerdo a un análisis de dos firmas especializadas difundido este jueves.

El estudio «California: lecciones del mercado de cannabis más grande del mundo», elaborado por Arcview Market Research y BDS Analytics, calcula para este 2019 un crecimiento del 23% respecto a los 2.500 millones de ventas del año anterior.

«A pesar de las cargas impuestas en el mercado legal por los reguladores, con un producto interno bruto de 2.700 millones de dólares, California tiene el mercado legal de cannabis más grande del mundo», señaló este jueves Tom Adams, director administrativo y principal analista del Grupo de Inteligencia Industrial BDS Analytics.

Para el experto, quien además es editor en jefe de Arcview Market Research, California mantendrá su posición de liderazgo mientras continúan consolidándose otros mercados en el país, a pesar de la enorme carga del mercado negro que para 2019 se calcula en 8.700 millones de dólares, más del doble de las ventas legales.

El estudio proyecta un crecimiento que alcanzará los 7.200 millones de dólares en 2024 y prevé que para ese año el 53 % de todas las ventas de marihuana en California corresponderán al mercado ilegal, superior a otros estados con mayor fuerza reguladora donde se espera que el mercado el comercio ilícito no sean más del 30 % del total de las ventas.

Para combatir el problema, la administración de California se está enfocando en tres áreas principales, según declaró a Efe Nicole Elliott, asesora en la Oficina de Negocios y Desarrollo Económico del gobierno estatal.

De los que denominó «los tres pilares», el primero es el acceso a licencias «asegurando que hacemos todo lo que es posible para que se vea que los operadores obtienen y mantienen sus licencias», explicó.

Los otros dos corresponden a hacer cumplir las leyes que regulan el mercado a través de las entidades correspondientes y a «proteger con igualdad», tanto a los individuos como a las comunidades afectadas por el mercado ilícito.

Con relación a los usuarios, el análisis encontró que el promedio de edad del consumidor de cannabis en California es de 44 años. Para 2019, el análisis proyecta que la población mayor de 21 años del estado será de 30,1 millones de personas

No obstante, las generaciones más jóvenes consumen marihuana en mayor cantidad con el 39 % de la Generación Z (los nacidos entre mediados de 1990 y comienzos de 2000) y los milénicos (entre 1980 y mediados de los 90), al igual que el 41% de la Generación X (entre 1960 y 1979), que reportaron su consumo recientemente.

En contraposición, sólo un 20% de los «baby boomers» (nacidos entre 1940 y 1959) y generaciones mayores reportaron el consumo de cannabis.

El enorme volumen de ventas de la marihuana en el Estado Dorado, contrasta con el bajo número de distribuidores autorizados, tal como resalta el reporte.

Así, en California hay un distribuidor con licencia por cada 35.147 adultos mayores de 21 años, mientras que en Oregón se registra un dispensario por cada 5.567 adultos mayores de 21.

Por su parte, Colorado -el primer estado del país en legalizar el uso de la marihuana recreativa- cuenta con un distribuidor autorizado por cada 4.240 adultos mayores de 21 años.

Lo que más sorprende del gran crecimiento del mercado en California según el análisis, es que a partir del 1 de enero de 2018, cuando se legalizó el uso recreativo de la marihuana, igualmente surgieron restricciones o prohibiciones locales que causaron una reducción en los distribuidores.

«Las estrictas regulaciones de pruebas que entraron en vigencia en julio de 2018, llevaron a muchos proveedores a retirarse debido a que la escasez de productos redujo drásticamente el gasto de los consumidores», señaló el reporte.

Aunque el entonces gobernador Jerry Brown proyectó que el comercio legal de la marihuana proporcionaría 643 millones de dólares en impuestos en 2018, sólo se obtuvieron 345 millones de dólares, de los cuales 182 millones resultaron de las ventas del producto y 36 millones de los impuestos a su cultivo.

No obstante, para Adams, el mercado de cannabis en California representa «una oportunidad» teniendo en cuenta que se trata de compañías «que están creciendo un 19% anualmente y eso es raro».

WASHINGTON.- (Por ZEKE MILLER, Associated Press).- Para tratar de dejar huella en el mapa, el presidente Donald Trump ha hablado con asesores y aliados sobre la posibilidad de que Estados Unidos compre Groenlandia.

Un aliado de la Casa Blanca dijo el jueves a The Associated Press que el presidente había discutido la compra, pero que no era serio sobre el tema. El aliado habló bajo condición de anonimato para poder discutir conversaciones privadas.

Aun así, no sería la primera vez que un mandatario estadounidense tratara de comprar la isla más grande del mundo, territorio autónomo de Dinamarca.

En 1946, Estados Unidos propuso comprar la isla ártica a Dinamarca por 100 millones de dólares después de flirtear con la idea de intercambiar terrenos en Alaska por partes estratégicas de Groenlandia.

Ni la Casa Blanca ni Dinamarca comentaron el tema el jueves.

La historia fue reportada en primera instancia por el diario The Wall Street Journal.

Caracas.- (EFE).- El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, miembro de la delegación del Gobierno de Nicolás Maduro en el diálogo con la oposición, dijo este jueves que el proceso que se llevaba a cabo en Barbados a instancias de Noruega «seguramente» será retomado «con un mecanismo repensado».

En declaraciones a la prensa, el ministro de Exteriores venezolano indicó que la delegación del Gobierno tendrá contactos con la misión de Noruega que se encuentra en Venezuela buscando que el Ejecutivo de Maduro y la oposición retomen las conversaciones suspendidas la semana pasada.

«El presidente Nicolás Maduro le puso una pausa, nosotros no nos hemos retirado del proceso de diálogo con la oposición o con las oposiciones políticas venezolanas que ha facilitado el reino de Noruega», afirmó minutos antes de participar en la jornada de recolección de firmas contra el bloqueo ordenado por Estados Unidos.

Señaló que en este momento el Gobierno se encuentra en una «reflexión necesaria» sobre el proceso de diálogo que se desarrolló hasta hace una semana y cuyo resultado fue, en su opinión, el bloqueo.

«El resultado fue un ataque, el resultado fue seguir apelando a la conspiración, al golpe de Estado, tenemos que estar en un mecanismo que garantice la paz, la convivencia, la coexistencia entre todos los venezolanos y las venezolanas», apuntó.

Hace una semana, Maduro suspendió el proceso de diálogo con la oposición debido al apoyo que el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, mostró al bloqueo total de bienes estatales venezolanos en Estados Unidos que fue ordenado por el presidente Donald Trump.

El miércoles, Guaidó informó que una misión de Noruega se encuentra en el país para intentar que el Gobierno y la oposición retomen el diálogo, y según reiteró este día, hasta el momento no se ha pautado una nueva cita para las conversaciones.

Poco se sabe del contenido de las reuniones entre ambos sectores políticos, pero los mismos implicados han dicho que se trabajan seis temas.

El oficialismo insistió en pedir el levantamiento de las sanciones extranjeras impuestas a altos funcionarios del Ejecutivo, mientras que Maduro subrayó que no aceptará «chantajes» y que nadie le «impondrá acuerdos» en este proceso que llegó a comparar con tragar «arena y piedras».

La oposición cree que cualquier acuerdo debe incluir una convocatoria a nuevas elecciones presidenciales pues las realizadas en 2018, cuando Maduro fue reelegido, están señaladas de fraudulentas y no cuentan con el reconocimiento de buena parte de la comunidad internacional.

Por los resultados de estas elecciones, Guaidó se proclamó en enero pasado como presidente interino y cuenta con el reconocimiento de más de cincuenta países, con Estados Unidos a la cabeza.

Nairobi.- (EFE).- Los ataques y enfrentamientos de los centenares de grupos armados que conviven en el noreste de la República Democrática del Congo (RDC) ha dejado en los dos últimos años casi 1.900 muertos, 100 víctimas de violaciones masivas y más de 3.000 personas secuestradas, indica un informe publicado hoy.

En «Congo, olvidado. Los números detrás de la crisis humanitaria más larga de África», la herramienta de seguimiento Kivu Security documenta, entre el 1 de junio de 2017 y el 26 de junio de 2019, 3.015 incidentes violentos en los que ha habido 6.555 víctimas solo en las provincias de Kivu del Norte y Kivu del Sur, dos de las más convulsas del noreste congoleño.

Es decir, en los últimos dos años en esta zona de la RDC ha habido una media de 4 incidentes violentos al día.

Esta herramienta es un proyecto conjunto de la ONG Human Rights Watch y el Grupo de Investigación sobre el Congo (GEC) de la Universidad de Nueva York, que cuenta con 15 investigadores congoleños en el terreno que hablan con la población, autoridades y la sociedad civil para documentar la que consideran una «crisis olvidada».

Entre los incidentes violentos documentados, el proyecto recoge 1.897 civiles muertos por la violencia, 24 violaciones masivas (con 100 víctimas), y 848 secuestros donde se raptaron a 3.316 personas.

También hubo 1.290 enfrentamientos entre diversos grupos o entre grupos y el Ejército. Esto quiere decir que ha habido casi 2 enfrentamientos armados al día.

La RDC es el segundo país que más desplazados internos tuvo el año pasado, después de Etiopía, y casi 13 millones necesitan ayuda humanitaria, es decir, el 10 % de toda la población mundial.

Sin embargo, denuncia el informe «en 2018, el conflicto del Congo solo ha sido mencionado 4 veces en la portada del New York Times, comparado con las 61 veces que lo ha hecho el conflicto sirio».

A pesar de lo que se suele creer, según Kivu Security, «no existe una correlación sistemática entre la violencia y las áreas mineras», ya que solo el 2 % de ellos han ocurrido en una área de 2 kilómetros de una explotación minera.

La minería sí tiene un impacto en la violencia, pero más por la lucha por la lucha de cobro de impuestos por la explotación de áreas mineras o el control de las rutas de comercio.

Según los números presentados por este proyecto, con metodología similar a la que ofrecen otros organismos civiles en países que no cuentan con cifras oficiales, el año pasado 8,38 civiles fueron asesinados por cada 100.000 personas que habitan en el territorio de los Kivus.

«Para ponerlo en perspectiva, en el estado nigeriano de Borno -el más afectado por la violencia de Boko Haram- tuvo una tasa de muerte de 6,87 por cada 100.000», ejemplifica el informe. En Yemen, fue de 4,13.

Además, este organismo recoge el aumento del número de grupos armados en esta zona del país, que han pasado de ser 70 en 2015 a más de 130 en el último censo realizado en 2019.

La mayoría de ataques se han producido en zonas próximas a la frontera con Ruanda, Uganda y Burundi, debido a la presencia de decenas de grupos armados extranjeros, y aunque gran parte de grupos actúan en zonas rurales, ha aumentado mucho la violencia en las ciudades, sobre todo en Goma, Butembo y Bukavu.

El epicentro de la violencia y donde han ocurrido tres de cada diez incidentes ha sido el territorio de Beni, en el norte de Kivu del Norte, sobre todo por los enfrentamientos entre el Ejército y la insurgencia de ugandeses musulmanes radicales de las Fuerzas Aliadas Democráticas (ADF), a quien se le atribuyen al menos 272 asesinatos.

Por otro lado, más de 700 militares congoleños han fallecido en los últimos dos años, junto a un total de 73 «cascos azules» de la misión de la ONU en el país, la Monusco, desde que comenzó en 1999 con el nombre de Monuc.