Irán comienza a enriquecer uranio a un nivel prohibido

(Por Marc JOURDIER,AFP).- Irán confirmó este domingo que comenzaba en las próximas horas a enriquecer uranio a un nivel prohibido por el acuerdo sobre su programa nuclear de 2015, y amenazó con liberarse de otras obligaciones en «60 días».

En dos comunicados separados, Londres y Berlín pidieron a Teherán en términos similares de revocar su decisión. Los dos países indicaron que estaban en contacto «con las otras partes» involucradas para decidir una respuesta a la decisión iraní.

«Dentro de algunas horas», Irán reanudará el enriquecimiento de uranio 235 a un nivel de pureza superior al 3,67%, declaró poco antes a la prensa Behruz Kamalvandi, portavoz de la organización iraní de energía atómica, sin precisar el nuevo nivel.

La víspera, un asesor del guía supremo iraní precisó que las necesidades del país para sus «actividades pacíficas» correspondían al uranio enriquecido al 5%, un nivel lejos del 90% necesario para la fabricación de una bomba atómica.

Pese a las críticas, Teherán afirma que su decisión de liberarse paulatinamente de algunos de sus compromisos solo busca salvar el acuerdo nuclear iraní firmado en Viena en julio de 2015.

Es parte de la respuesta iraní a la decisión de Estados Unidos de salir unilateralmente de este pacto en mayo de 2018 y de restablecer las sanciones contra Irán.

Este nuevo giro ocurre en un momento de escalada militar entre Washington y Teherán en el Golfo.

  • Supervivencia del acuerdo –

El viceministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, amenazó el domingo con liberarse de otras obligaciones en materia nuclear, sin precisar cuáles, en «60 días», al menos que se encuentre una «solución» con sus socios para responder a sus peticiones.

Estas trataron esencialmente de la posibilidad para Irán de seguir vendiendo su petróleo y de comercializar con el exterior, eludiendo las sanciones estadounidenses.

Araghchi también recordó que Irán podía dar marcha atrás en cualquier momento si se satisfacían sus peticiones.

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Mohammad Javad Zarif, dijo que la supervivencia del acuerdo de Viena dependía de los europeos. Según él, «cada una de estas medidas sólo podrá anularse si [Berlín, Londres y París reaccionen] conforme» al texto.

El acuerdo lo habían firmado en Viena Irán y seis grandes potencias (China, Rusia, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Alemania) tras 12 años de crisis por el programa nuclear iraní.

En virtud de este texto, Irán se comprometía a no hacerse con la bomba atómica y a limitar drásticamente sus actividades nucleares, a cambio de una retirada de las sanciones internacionales que asfixiaban su economía.

Trump justificó la salida de este pacto al acusar a Irán de no haber renunciado realmente a dotarse del arma atómica y de ser la causa de todos los males en Oriente Medio. Irán siempre negó querer la bomba atómica.

La reimposición de sanciones estadounidenses hizo huir a las empresas extranjeras que habían empezado a regresar a Irán y hundió su economía.

El 8 de mayo, Teherán anunció que renunciaría a dos de los compromisos asumidos en Viena: el respeto del límite fijado a sus existencias de agua pesada (1,3 toneladas) y el impuesto a sus reservas de uranio débilmente enriquecido (330 kg).

  • «Fuerte preocupación» –

Irán acompañó este anuncio de un ultimátum de 60 días a sus socios para ayudarle a eludir el bloqueo estadounidense. De lo contrario Irán enriquecería a más del 3,67% y reemprendería un proyecto de construcción de un reactor de agua pesada en Arak (centro).

Sobre este segundo punto, Araghchi indicó el domingo que Irán no iba a ejecutar su amenaza y privilegiaba por ahora el proyecto de conversión del sitio acordado en Viena, hablando de «avances» estos dos últimos meses.

Al incumplir sus compromisos, Irán se expone a que la cuestión de su programa nuclear acabe ante el Consejo de Seguridad de la ONU, que podría restablecer las sanciones que se le habían retirado.

Los países europeos, China y Rusia intentan, en principio, solucionar la cuestión sin recurrir al Consejo, ya que Teherán advirtió que eso implicaría la muerte del acuerdo.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, calificó las medidas iraníes de «muy peligrosas» y exhortó a los europeos a imponer «duras sanciones» a su archienemigo Irán.

El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) indicó en Viena que sus inspectores en Irán le informarían «en cuanto hayan verificado» que Irán enriquece uranio a un nivel superior del 3,67%.

Según Kamalvandi, los inspectores extranjeros deberían constatarlo a partir del lunes por la «mañana».

A petición de Estados Unidos, el OIEA mantendrá una reunión extraordinaria el 10 de julio para analizar los anuncios iraníes.

Un Daniel Ortega con pocos seguidores alienta a defender la paz en Nicaragua

Managua.- (EFE).- El presidente Daniel Ortega alentó este sábado a los sandinistas a defender la paz en Nicaragua durante la fiesta partidaria del «repliegue», ante una reducida cantidad de seguidores reunidos en un campo de béisbol en las afueras de la ciudad de Masaya, en el Pacífico del país.

Ante un público compuesto por militantes sandinistas y trabajadores del Estado invitados al acto, Ortega, cuyo Gobierno es señalado por organismos humanitarios de ordenar ataques contra manifestantes, explicó que la paz es clave para el desarrollo de Nicaragua.

«Para que pueda haber trabajo, salud, educación, cultura, deporte, desarrollo en cualquier país de este planeta, en primer lugar tiene que haber paz. Y eso es lo que ha defendido a lo largo de la historia el pueblo nicaragüense, el ‘repliegue’ es parte de esa batalla», dijo Ortega, ante cientos de sandinistas.

El «repliegue» fue un éxodo de unas 5.000 personas de Managua hacia Masaya, que antecedió la caída del dictador Anastasio Somoza Debayle en 1979, y que en este 40 aniversario fue encabezado por Ortega, como todos los años.

Al igual que en 2018, como producto de la crisis sociopolítica, Ortega se desplazó de Managua hacia Masaya bajo excepcionales medidas de seguridad.

Decenas de patrullas policiales a pie, en vehículos todoterreno, autobuses o motocicletas, fuertemente armados, se apostaron a los lados de una carretera de más de 30 kilómetros, desde el centro actual de Managua hasta la ciudad de Masaya, en un despliegue pocas veces visto en Nicaragua.

La seguridad para el presidente incluye la prohibición de armas de fuego y cortantes en toda Nicaragua, que entró en vigor el viernes y se extenderá hasta este domingo.

Hasta antes de 2018 el «repliegue» atraía a decenas de miles de sandinistas, dispuestos a recorrer a pie la distancia entre las ciudades, pero en los dos últimos años el recorrido se hace en automóviles y ya no atrae a las grandes masas.

Mientras Ortega celebraba, los habitantes de Masaya divulgaron imágenes en internet donde mostraban las puertas de sus casas cerradas en rechazo a la presencia del presidente. Otros sacaron la basura a la calle y ahí la dejaron, en señal de repudio.

Por segundo año consecutivo el presidente evitó llegar al centro de Masaya, ciudad que en junio de 2018 se declaró «territorio libre del dictador», en referencia a Ortega, tras lo cual se produjo un ataque armado de oficialistas contra la ciudad que dejó decenas de muertos, incluyendo niños.

«Estamos defendiendo la paz, la libertad y el trabajo para todos los nicaragüenses», dijo Ortega este sábado.

Su discurso sorprendió por la hora y su brevedad, ya que fue una de las pocas veces que apareció bajo la luz del sol y solamente tardó hablando siete minutos con 21 segundos, contrario a los extensos discursos que brinda cuando se presenta de noche o en espacios interiores.

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), unas 326 personas han muerto en el marco de la crisis en Nicaragua, aunque organismos humanitarios locales elevan la cifra a 594 y el Gobierno admite 200.

La CIDH ha señalado al Gobierno de Nicaragua como responsable de crímenes «de lesa humanidad».

La Organización de Estados Americanos (OEA) ha puesto en marcha un proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana contra Nicaragua por violación al orden constitucional, que de ejecutarse suspendería al país del organismo.

Urgen medidas para detener las violaciones de derechos humanos en Venezuela

La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos llamó este jueves al Gobierno venezolano a tomar medidas sin dilación para detener y remediar las transgresiones graves de derechos económicos, sociales, civiles, políticos y culturales que se han documentado en el país.

En un informe elaborado por orden del Consejo de Derechos Humanos, la Oficina dice que si la situación no mejora, continuará el éxodo sin precedentes de emigrantes y refugiados que abandonan el país, y empeorarán las condiciones de vida de quienes permanecen en él.

El documento afirma que en la última década, y sobre todo desde 2016, el Gobierno de Venezuela y sus instituciones han puesto en marcha una estrategia para “neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno”.

Agrega que un conjunto de leyes, políticas y prácticas ha reducido el ámbito democrático, ha desmontado el sistema de control institucional sobre el poder ejecutivo y ha permitido la reiteración de graves violaciones de derechos humanos.

Destaca también la repercusión de la profunda crisis económica, que ha privado a la población de los medios necesarios para satisfacer sus derechos fundamentales en materia de alimentación y cuidados médicos, entre otros.

Metodología del informe

Para escribir el informe se realizaron 558 entrevistas con víctimas y testigos de violaciones de derechos humanos y de la deteriorada situación económica, en Venezuela y otros ocho países. Toma en cuenta también otras fuentes y abarca el periodo comprendido entre enero de 2018 y mayo de 2019.

La Alta Comisionada Michelle Bachelet, visitó el país del 19 al 21 de junio y sostuvo entrevistas con una amplia gama de figuras políticas, desde el presidente Nicolás Maduro y otros altos funcionarios del gobierno, hasta el presidente de la Asamblea Nacional, así como con miembros de la sociedad civil, empresarios, profesores y otros interesados, y también con víctimas y sus familiares.

Tras esa visita, un equipo de dos oficiales de la Oficina permaneció en el país, en el marco de un acuerdo que les permite prestar asesoramiento y asistencia técnica, y monitorear la situación de derechos humanos.

Los grupos armados civiles progubernamentales conocidos como colectivos han contribuido al deterioro de la situación, al imponer el control social y ayudar a reprimir las manifestaciones. La Oficina ha documentado 66 muertes durante las protestas realizadas de enero a mayo de 2019, de las cuales 52 son atribuibles a las fuerzas de seguridad del gobierno o a los colectivos.

La proporción de presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad, en particular por las Fuerzas Especiales (FAES), en el contexto de las operaciones policiales ha sido sorprendentemente elevada, según señala el informe. En 2018 el Gobierno registró 5287 muertes, supuestamente por “resistencia a la autoridad”, en el curso de esas operaciones. Entre el 1 de enero y el 19 de mayo del presente año, otras 1569 personas fueron asesinadas, según las estadísticas del propio Gobierno. Otras fuentes apuntan a que las cifras podrían ser muy superiores.

El informe indicaque, hasta el 31 de mayo de 2019, había 793 personas privadas arbitrariamente de la libertad, entre ellas 58 mujeres, y en lo que va de año 22 diputados de la Asamblea Nacional, incluido su presidente, han sido despojados de su inmunidad parlamentaria.

Pocas denuncias

La Alta Comisionada acogió con beneplácito la reciente puesta en libertad de 62 presos políticos y pidió a las autoridades que liberasen a todas las demás personas detenidas o privadas de libertad por haber ejercido de manera pacífica sus derechos fundamentales.

El informe enfatiza que la mayoría de las víctimas de vulneraciones de sus garantías fundamentales no han tenido acceso real a la justicia ni a una reparación adecuada.

“Según los entrevistados, son pocas las personas que presentan denuncias, por miedo a las represalias o por falta de confianza en el sistema judicial”, expresa el informe. Quienes sí lo hacen, en su mayoría mujeres, se enfrentan a obstáculos omnipresentes y, en la mayoría de los casos, a investigaciones que se estancan.

En cuanto a la libertad de expresión, el informe señala que el espacio para los medios de comunicación libres e independientes se ha reducido, mediante la prohibición o la clausura de medios de comunicación, y la detención de periodistas independientes.

Crisis y sanciones

El informe afirma que las últimas sanciones económicas vinculadas a la exportación de petróleo están agravando aún más los efectos de la crisis, que ya existía antes de dicha imposición.

Además, considera Estado incumple su obligación de garantizar los derechos a la alimentación y la atención sanitaria.

La escasez creciente de alimentos y su precio cada vez más alto se han traducido en un número menor de comidas con menos valor nutricional, elevados índices de desnutrición y una repercusión especialmente adversa sobre las mujeres.

A pesar de que el Gobierno ha realizado esfuerzos para afrontar esta situación mediante programas sociales, amplios sectores de la población carecen de acceso a la distribución de comida y las personas entrevistadas acusaron a las autoridades de excluirles porque no eran partidarias del Gobierno.

La situación sanitaria del país es grave: los hospitales carecen de personal, suministros, medicamentos y electricidad para mantener en funcionamiento los equipos. De noviembre de 2018 a febrero de 2019 hubo en los hospitales 1557 fallecimientos por falta de suministros.

El documento también aclara la repercusión desproporcionada de la situación humanitaria sobre la población indígena y cómo estos pueblos pierden el control de sus tierras por diversas razones, entre otras la presencia de fuerzas militares, de bandas de delincuentes y de grupos armados.

Recomendaciones

El informe hace una serie de recomendaciones al Gobierno para salvaguardar los derechos humanos de la población.

“Espero sinceramente que las autoridades examinen con detenimiento toda la información contenida en este documento y apliquen sus recomendaciones. Todos deberíamos estar de acuerdo en que todos los venezolanos merecen una vida mejor, sin miedo y con acceso a los alimentos, el agua, la atención médica y la vivienda adecuados, así como a otras necesidades básicas”, afirmó Bachelet.

La Alta Comisionada aseveró que el informe no aborda cuestiones de “política, geopolítica, relaciones internacionales o cualquier otra cosa que no sea los derechos humanos a los que todo venezolano tiene derecho”.

“Exhorto a todas las personas con poder e influencia –tanto en Venezuela como en el resto del mundo—a que colaboren y contraigan los compromisos necesarios para solucionar esta crisis que está arrasándolo todo. Mi Oficina está lista para seguir apoyando”, apuntó.

En Argentina inicia IV Reunión del “Proceso de Quito” sobre los desafíos de la migración venezolana

Quito.- Ecuador participa en la IV Reunión Técnica Internacional sobre Movilidad Humana de Ciudadanos Venezolanos en la Región, que se inició hoy en la ciudad de Buenos Aires-Argentina, en un contexto donde el país es reconocido por la comunidad internacional por su liderazgo en llevar adelante esta iniciativa.

Durante la apertura del evento, más conocido como “Proceso de Quito”, tanto el director general de Asuntos Consulares Luis María Sobron, como el subsecretario de Asuntos de América del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Argentina, Leopoldo Sahores, resaltaron la labor y el compromiso continuo del Ecuador con el proceso impulsado y reconocieron que el espacio de diálogo creado forja una clara ruta para solucionar un problema común de la región.

El viceministro Chávez, al referirse al “Proceso de Quito”, destacó que el Gobierno ecuatoriano busca garantizar una migración segura, responsable y ordenada, al tiempo que reiteró que es un trabajo conjunto y de buena práctica internacional que puede ser replicado en otras partes del mundo.

Así mismo, agradeció a la Cancillería argentina por la organización de la IV Reunión y auguró éxitos para la obtención de resultados satisfactorios.

La reunión, que se realiza en la sede de la Cancillería argentina, tendrá efecto este jueves 4 y mañana viernes, 5 de julio.

Bachelet adelanta su informe sobre Venezuela y denuncia torturas y tratos “inhumanos”

(Por. Alejandro Tapia.- La Tercera).- Un día antes de lo previsto, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dio a conocer su informe tras su visita de tres días a Venezuela, que se llevó a cabo entre el 19 y el 21 de junio.

En un documento de 18 páginas y basado en 558 entrevistas a víctimas, testigos y otras fuentes, incluyendo abogados y abogadas, profesionales de la salud y de los medios de comunicación, defensores y defensoras de los derechos humanos, y ex militares y oficiales de seguridad, la exmandataria toma una posición muy crítica respecto del régimen de Nicolás Maduro y denuncia que en Venezuela se violan “los derechos económicos y sociales de los venezolanos”.

El informe abarca el período de enero de 2018 a mayo de 2019.

En un primer punto el informe “confirma violaciones al derecho a la alimentación, incluida la obligación del Estado para garantizar que la población no padezca hambre”.

“Las personas entrevistadas constantemente refirieron una falta de acceso a alimentos, debido tanto a la escasez como a los precios inasequibles. La disponibilidad de suficiente comida de calidad es deficiente, y los entrevistados dijeron que comían una vez, o como mucho dos veces, al día y que consumían pocas proteínas o vitaminas”, señala.

A su vez, “en cuanto al derecho a la salud en Venezuela, la situación es grave. Las personas entrevistadas describieron consistentemente una infraestructura de la atención a la salud que lleva años deteriorándose y que se caracteriza por el éxodo de doctores/as y personal de enfermería, así como por graves carencias en la atención médica básica y de medicamentos”.

Incluso advierte que “hay falta de acceso a todos los tipos de anticonceptivos, con algunas ciudades enfrentando una escasez del 100 por ciento”. Según el documento, las “violaciones al derecho a la salud son resultado del incumplimiento del Gobierno de sus obligaciones fundamentales, las cuales son irrenunciables, aún por motivos económicos”.

Si bien el informe de Bachelet reconoce que durante dos décadas el gobierno de Hugo Chávez “promovió políticas sociales a través de las “Misiones Bolivarianas, las cuales eran programas destinados a luchar contra la pobreza y la exclusión social, así como a reducir la brecha de desigualdad de género. Hoy en día, las y los venezolanos/as dependen cada vez más de los programas sociales para acceder a niveles mínimos de ingresos y alimentos”.

También sostiene que “el gobierno ha atribuido la culpa de la crisis económica a las sanciones impuestas a Venezuela, argumentando que, debido al “over-compliance”, las transacciones bancarias han sido retrasadas o rechazadas y los activos congelados, lo cual dificulta la habilidad del Estado para importar alimentos y medicinas”.

Uno de los puntos más críticos tiene que ver con las violaciones a los derechos políticos de los venezolanos. “En los últimos años el Gobierno ha tratado de imponer una hegemonía comunicacional imponiendo su propia versión de los hechos y creando un ambiente que restringe los medios de comunicación independientes”, apunta.

“Durante al menos una década, el Gobierno, así como las instituciones controladas por el Gobierno han aplicado leyes y políticas que han acelerado la erosión del estado de derecho y el desmantelamiento de las instituciones democráticas, incluyendo la Asamblea Nacional”, indica.

Simulacros de tortura

En cuanto a la oposición, el informe de Bachelet explica que las políticas del régimen “van acompañadas de una retórica pública, utilizada también por autoridades de alto rango, que desacredita y ataca de manera constante a quienes critican al Gobierno o se oponen a él.

La oposición política, los/as activistas de derechos humanos y los/as periodistas, entre otros/as, son con frecuencia blanco de discursos que los tildan de “traidores” y “agentes desestabilizadores”.

Los medios de comunicación progubernamentales difunden ampliamente esta retórica, por ejemplo, a través del programa televisivo semanal “Con el mazo dando,” presentado por el Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC)”.

Sobre los presos políticos, El ACNUDH pudo documentar información detallada de 135 casos de personas (23 mujeres y 112 hombres) privadas arbitrariamente de la libertad entre 2014 y 2019. De ellas, 23 fueron detenidas en 2018 y 8 en 2019. Es precisamente en este último punto en el que Bachelet lanza durísimos dardos contra Maduro.

Al hablar de las torturas, sostiene que “en la mayoría de estos casos, se sometió a las mujeres y los hombres detenidos a una o más formas de tortura o trato o pena cruel, inhumana o degradante, como la aplicación de corriente eléctrica, asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ahogamiento, palizas, violencias sexuales, privación de agua y comida, posturas forzadas y exposición a temperaturas extremas”.

“Las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia, especialmente el SEBIN y la DGCIM, recurrieron de manera habitual a esas medidas para extraer información y confesiones, intimidar y sancionar a las personas detenidas”, agrega.

El informe sostiene también que “según el Gobierno, la implementación de operaciones de seguridad ciudadana ha llevado a un descenso constante de la delincuencia en el país, especialmente del delito de homicidio”. Al mismo tiempo, “las autoridades clasifican las muertes violentas resultantes de las operaciones de seguridad como “resistencia a la autoridad”.

Y sobre la migración de los venezolanos, el documento afirma que “el número de personas que se han visto obligadas a dejar Venezuela ha aumentado dramáticamente desde 2018, alcanzando más de 4 millones para el 6 de junio de 2019.

Colombia acoge la mayor cantidad de personas, seguida por Perú, Chile, la Argentina, Ecuador y el Brasil. Violaciones de los derechos a la alimentación y la salud son los factores principales. Muchas personas buscan protección de su derecho a vivir con dignidad. Otros factores son la violencia y la inseguridad, el colapso de los servicios básicos y el deterioro del sistema de educación”.

La autopsia revela que el militar venezolano Rafael Acosta Arévalo fue torturado hasta la muerte

(Perfil).- El militar venezolano Rafael Acosta Arévalo murió a causa de un «edema cerebral severo debido a insuficiencia respiratoria aguda», causado posiblemente por un «politraumatismo generalizado», según el informe de la autopsia revelado por médicos forenses.

La información fue difundida el miércoles por el periodista Eligio Rojas y confirma los tormentos sufridos por el militar, un capitán de corbeta que había sido detenido cinco días antes de su muerte por las fuerzas armadas bolivarianas, acusado por el gobierno de Nicolás Maduro de participar, junto a otras 12 personas, de un complot para asesinar a Nicolás Maduro.

«Documento: La necropsia de ley practicada al cadáver del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, determinó como causa de muerte «edema cerebral severo debido a insuficiencia respiratoria aguda, debido a rabdomiolisis por politraumatismo generalizado», expresó Rojas a través de Twitter.

La rabdomiólisis supone la liberación al riego sanguíneo de diversas sustancias contenidas normalmente en las células del tejido muscular. Se produce cuando hay necrosis muscular.

El periodista acompañó el mensaje con la imagen del fragmento del documento donde se pueden leer las causas que habrían provocada el fallecimiento del militar, acusado por el gobierno de planear un presunto golpe de estado contra el presidente Nicolás Maduro para el 23 y 24 de junio pasado.

«Ya es oficial. El capitán Rafael Acosta Arévalo fue brutalmente torturado hasta ocasionarle la muerte. La rabdomiólisis tiene entre sus causas el aplastamiento, la tortura, traumatismos y electroestimulación», dijo Rocío San Miguel, presidente de la ONG Control Ciudadano, en la misma red social.

San Miguel afirma que el resultado de la autopsia certifica la versión de que Acosta Arévalo sufrió torturas durante su detención en los calabozos del ente de la Contrainteligencia Militar (DGCIM). «Con este informe debe cambiar el delito imputado a los presuntos autores», advitió.

El líder opositor Juan Guaidó alertó, por su parte, que existe una «situación irregular» con la entrega del cuerpo de Acosta. «Alertamos al mundo de una situación irregular con la entrega del cuerpo del Capitán de Corbeta, ascendido a Capitán de Fragata, Acosta Arévalo. Fiscal Josefin Bravo Carrillo y los funcionarios de la morgue no podrán eludir su responsabilidad», indicó el presidente de la Asamblea Nacional.

Clamor internacional por muerte bajo tortura «salvaje y brutal» de opositor

El capitán de corbeta fue detenido el 21 de junio, junto a otros cuatro militares y dos exagentes de las fuerzas de seguridad, por la DGCIM por su presunta implicación en la fallida sublevación contra el Gobierno de Nicolás Maduro del 30 de abril. Una semana después, fue llevado ante un tribunal militar en silla de ruedas, incapaz de hablar y con claros signos de haber sido torturado. El juez lo envió a un hospital militar donde finalmente murió la madrugada del pasado sábado.

La muerte de Acosta Arévalo mantiene consternada a la opinión pública nacional e internacional, y desde la opositora Asamblea Nacional de Venezuela, acordaron en la víspera, pedir al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que configure «una comisión internacional». El ente, dijeron, debe investigar el «brutal» asesinato del militar que ocurrió mientras estaba bajo custodia de las fuerzas de seguridad de Maduro.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), urgió al gobierno venezolano a «investigar, juzgar y sancionar» a los responsables de la muerte «por probables actos de tortura».

«El Estado tiene el deber de investigar los hechos alegados de manera transparente, imparcial, independiente y efectiva. La impunidad facilita la repetición», dijo Francisco Eguiguren.

En un intento por limpiar su deteriorada imagen, Maduro ordenó una investigación interna sobre la muerte de Acosta, aunque al mismo tiempo justificó recordando en el fallecido estaba acusado de «graves actos de terrorismo, sedición y magnicidio en grado de frustración». En respuesta, Guaidó descartó nuevas rondas de negociaciones con delegados del gobierno chavista, calificándolo de «dictadura asesina».

«Nunca va a ser momento para demócratas poder mediar con unos secuestradores, violadores de derechos humanos (…). Aquí nadie se chupa el dedo, sabemos que es una dictadura asesina a la cual nos enfrentamos», dijo Guaidó. La muerte «muestra la cara del régimen ilegítimo de Maduro», aseguró el martes el encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, Jimmy Story.

D.S./F.F.