Managua.- (EFE).- La opositora Unidad Nacional Azul y Blanco de Nicaragua consideró este sábado que la 49 Asamblea General de la OEA le dio un «ultimátum» de 75 días al Gobierno de Daniel Ortega para solucionar la crisis que atraviesa el país desde abril de 2018.
«La comunidad internacional le da un ultimátum al régimen Ortega-Murillo para que cumpla los acuerdos de la mesa de negociación: la liberación total e inmediata de todos los presos políticos y devolver las libertades fundamentales», señaló esa Unidad en una declaración pública en la que valoró los resultados de la Asamblea General de la OEA celebrada en Colombia sobre la situación de Nicaragua.
La Unidad Nacional, a la que pertenece la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que es la contraparte del Gobierno en una mesa de negociación con la que esperan superar la crisis, sostuvo que la OEA «le pone un plazo de 75 días para que restablezca el orden democrático devolviendo las personalidades jurídicas y los bienes a las organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación confiscados».
Además, que asegure el retorno con garantías de las decenas de miles de personas que se han marchado al exilio en el contexto de la crisis, y que se acceda a la justicia para las víctimas, junto al retorno de una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Asimismo, que el Estado realice las reformas electorales profundas que permitan elecciones generales adelantadas, libres y transparentes.
La 49 Asamblea General de la OEA aprobó el viernes una resolución en la que pide al Gobierno de Nicaragua que permita el ingreso de la CIDH y sus mecanismos, y ordena la creación de una comisión diplomática para ayudar a solucionar la crisis del país.
También se ordena al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) a que «realice gestiones diplomáticas al más alto nivel para procurar una solución pacífica y efectiva a la crisis política y social en Nicaragua y que rinda un informe en un plazo máximo de 75 días», así como que convoque a una sesión extraordinaria de la Asamblea General, «si es el caso».
Al respecto, la Unidad Nacional urgió al Consejo Permanente de la OEA a conformar la comisión acordada y que a lo inmediato inicie sus buenos oficios para encontrar una solución que supera la crisis de Nicaragua antes de los 75 días planteados, «dado el recrudecimiento de la represión y la agudización de la crisis por parte del régimen».
Agregó que retomar a la mesa de negociación, que se mantiene suspendida desde mayo pasado, es viable si el Gobierno cumple con la ya acordado y se asegura la presencia de garantes internacionales.
En diciembre pasado, el presidente Ortega dio por finalizada la presencia de una misión de la CIDH y anunció que expiró el plazo de otro grupo del organismo que investigaba la violencia que ha dejado centenares de muertos desde abril de 2018 cuando se produjo un estallido social que dio inicio a la crisis política del país.
Desde abril de 2018, Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 326 muertos, según la CIDH, aunque organismos locales elevan la cifra a 595 y el Gobierno reconoce 200 y denuncia un supuesto intento de golpe de Estado.
Según el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), adscrito a la CIDH, el mayor responsable de la violencia es el Gobierno de Daniel Ortega, a quien responsabilizan de cometer incluso crímenes «de lesa humanidad» en medio de la crisis.
