Lima.- (EFE).- La Fiscalía de la Nación abrió hoy un proceso disciplinario al fiscal que investiga el escándalo Odebrecht en Perú, José Domingo Pérez, por presuntamente haber filtrado a la prensa el interrogatorio que hizo al fiscal general, Gonzalo Chávarry, informaron los medios locales.

Una resolución de la Fiscalía señala que Pérez ha incurrido en infracción administrativa por supuestamente haber filtrado al diario Correo, entre otros medios, las preguntas que hizo a Chávarry, durante el interrogatorio que le hizo el viernes pasado por presuntos vínculos con la lideresa de Fuerza Popular, la opositora Keiko Fujimori, investigada por lavado de activos.

El documento, difundido por Canal N, le da un plazo de cinco días al fiscal Pérez para dar sus descargos y entregar copias certificadas de su material probatorio.

Pérez ha emplazado a Chávarry a que haga «un pronunciamiento de respaldo y respeto al Estado de derecho y el cumplimiento de la norma para todos los ciudadanos», tras interrogarlo en el caso abierto contra Fujimori.

En ese interrogatorio, Chávarry negó haber favorecido al partido de Keiko Fujimori en la investigación por presuntamente haber recibido aportes en su campaña de 2011 de la empresa brasileña Odebrecht, según informó el diario El Comercio.

En opinión de Pérez, el fiscal de la Nación forma parte de una mafia corrupta al interior de la judicatura peruana, que negoció resoluciones judiciales, nombramientos, así como favores hacia políticos y empresarios, a cambio de dinero.

Días antes, Chávarry había rechazado la posibilidad de ser interrogado por Pérez y aseguró que podía despedirlo en cualquier momento, si incurría en alguna infracción en su labor.

El fiscal Pérez, especializado en lavado de activos, investiga actualmente a Keiko Fujimori; al expresidente Ollanta Humala (2011-2016) y su esposa Nadine Heredia; al exmandatario Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) y al exgobernante Alan García (1985-1990, 2011-2016) por presuntos aportes a sus campañas o sobornos a cambio de adjudicarse grandes obras de infraestructura en el país.

Madrid.- (EFE).- El presidente del Tribunal Supremo de Venezuela en el exilio, Miguel Ángel Martín, se ha comprometido hoy en el Senado a facilitar a esta institución un informe sobre pagos del régimen venezolano por importe de 1.000 millones de dólares a partidos socialistas de Iberoamérica y Europa como Podemos.

Este documento, entregado en su día a Interpol por la también exiliada fiscal general de Venezuela Luisa Ortega, es del máximo interés para los trabajos de la Comisión de Investigación de la Financiación de los Partidos Políticos del Senado, ha destacado el portavoz del PP, Luis Aznar, tras escuchar al magistrado.

Martín había sido convocado por el PP para tratar de aclarar la llamada «conexión venezolana» de Podemos, esto es, las supuestas relaciones económicas de los fundadores de la formación morada cuando todavía no habían creado el partido, con la Venezuela de Hugo Chávez, antes de su fallecimiento y relevo por Nicolás Maduro.

Ha explicado que conocía a los fundadores de Podemos Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero de verles en la televisión de Venezuela cuando eran una «especie de asesores» de Hugo Chávez para cuestiones de imagen, pero no tuvo trato personal con ellos.

Al preguntarle el senador Aznar por las actividades en Venezuela de los fundadores de Podemos, el magistrado ha citado la «amplia información» entregada a la Interpol por la fiscal Ortega, sobre los 1.000 millones de dólares dedicados por Chávez a financiar «partidos de corte socialista» en Iberoamérica y Europa.

Ese dinero se movió a través de una fundación llamada Centro de Estudios Políticos y Sociales, y se habría utilizado para «constituir» una fuerza política socialista en España.

A instancias del portavoz del PP, el magistrado ha aceptado facilitar esa información a la comisión, que en su plan de trabajo también tenía tiene previsto convocar a la autora del documento, la fiscal Luisa Ortega.

Durante su declaración, Martín se ha detenido en explicar la grave situación por la que atraviesa Venezuela por la falta de libertades, ha recordado la persecución a los jueces que le empujó al exilio y ha remarcado que ya está considerado un «Estado mafioso».

Ha dedicado buena parte de sus explicaciones a desentrañar el llamado el «Foro de Sao Paulo», una confluencia mafiosa de intereses que mediante fondos de diversa procedencia -en el caso de Venezuela de los contratos petrolíferos- busca desde hace años el control del poder político en Estados de todo el mundo.

Ha alertado del riesgo de que en España pueda suceder lo mismo que en Venezuela y en países como Honduras, Nicaragua, Bolivia o Brasil -cuando gobernaba Lula- mediante el afianzamiento de partidos de extrema izquierda, y de hecho ha advertido de que los llamados «bolichicos» ya están asentándose en España mediante la compra de inmuebles.

Son nuevos empresarios o «boliburgueses» que adquieren edificios enteros en zonas caras con dinero «sospechoso», con tanto dinero que además de servir para que ellos y sus familias puedan llevar una vida lujosa se emplea para otros fines no aclarados.

Ha animado a las autoridades españolas a investigar este asunto y ha anticipado que si lo hacen «se van a llevar a una sorpresa muy grande» puesto que se trata de una «convención» de delincuencia organizada de ámbito internacional en busca del control político.

Los fondos, miles de millones de dólares, según sus indagaciones, circulan por paraísos fiscales y ya han permitido según él lograr poder en varios países latinoamericanos, de manera que ha pedido colaboración al Senado y a España para ampliar sus pesquisas en el marco de la Convención de Palermo sobre delincuencia organizada.

Luis Aznar ha constatado la preocupación del juez por las actividades de esta red, así como por su asentamiento en España que podría empujar a partidos con «determinada ideología», y todo ello mediante transacciones financieras «opacas», una información que ha considerado «muy importante» para seguir trabajando.

Tras escuchar su declaración, la comisión prevé interrogar el próximo 13 de diciembre al propio líder de Podemos, Pablo Iglesias, no sólo por esta «conexión venezolana» sino también por la supuesta financiación procedente de Irán que podría haber recibido antes de fundar el partido morado.

Managua.- (EFE).- La alianza opositora nicaragüense Unidad Nacional Azul y Blanco pidió hoy a los líderes del G20 ejercer las «acciones necesarias» a favor de Nicaragua, con el fin de superar la crisis sociopolítica que vive el país desde abril y que ha dejado cientos de muertos.

«Solicitamos, como líderes mundiales, ejerzan las acciones necesarias y pertinentes sobre la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que ayude a que las aspiraciones del pueblo nicaragüense se hagan realidad», exhortó esa Unidad Nacional en una declaración, dirigida a los jefes de Estado y de Gobierno del G20.

Buenos Aires acoge la cumbre de líderes del G20, con la presencia de mandatarios como el de Estados Unidos, Donald Trump; Rusia, Vladímir Putin; y China, Xi Jinping.

Los líderes de las veinte principales economías desarrolladas y emergentes del mundo debaten sobre los temas más relevantes de la agenda global, en un momento de fuertes tensiones comerciales entre Estados Unidos y potencias como China y la Unión Europea.

En su declaración, la Unidad Nacional denunció que «Nicaragua está siendo oprimida por la dictadura más cruel de su historia».

Según su recuento, las protestas contra el Gobierno del presidente Ortega han dejado más de 500 muertos, 4.000 heridos, 600 desaparecidos y más de 500 procesados «mediante farsas judiciales».

A eso, agregó ese grupo opositor, «se ha sumado la supresión total de los derechos humanos, mientras se vive una feroz represión y acoso hacia los opositores».

La Unidad Nacional sostuvo, sin embargo, que «el pueblo de Nicaragua está determinado a conquistar la democracia por métodos cívicos y pacíficos».

Nicaragua vive una crisis social y política que ha generado protestas contra el Gobierno de Ortega y un saldo de entre 325 y 545 muertos, según organismos de derechos humanos locales y extranjeros, mientras que el Ejecutivo cifra en 199 los fallecidos.

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han responsabilizado al Gobierno de «más de 300 muertos», así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros abusos contra los manifestantes y opositores.

Ortega ha negado las acusaciones y ha asegurado que se trata de un intento de «golpe de Estado».

Las manifestaciones contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, se iniciaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario.

Kiev.- (EFE).- El apresamiento de tres buques ucranianos por Rusia en el mar Negro muestra que Moscú tiene la intención de abrir una nuevo frente de «guerra híbrida», esta vez naval, contra Ucrania, según expertos militares y diplomáticos de Kiev consultados por Efe.

El interminable conflicto entre ambos Estados se reavivó el pasado 25 de noviembre, después de que guardacostas de la Armada rusa abrieran fuego contra tres barcos ucranianos y apresaran a sus tripulantes cuando navegaban por el estrecho de Kerch, que separa el mar Negro del mar interno de Azov.

«Desde hace tiempo existe una guerra a gran escala contra Ucrania dirigida por Rusia, que confirmó su conducta agresiva violando el derecho de paso inocente en aguas neutrales», aseguró hoy en una entrevista con Efe el diplomático ucraniano y experto en política exterior Bohdan Yaremenko.

Desde que el Gobierno ruso terminara este año la construcción de un puente sobre el estrecho de Kerch, que conecta la parte continental de Rusia con la península ucraniana de Crimea (anexionada por Rusia en 2014), las tensiones con Ucrania se han incrementado.

El Ejército ruso ha reforzado su presencia militar en el mar interno de Azov, compartido por ambos países en virtud de un acuerdo bilateral firmado en 2003, que garantiza la libertad de navegación de las embarcaciones siempre que estén a más de 12 millas del mar territorial del otro Estado ribereño.

En opinión de Yaremenko, estas acciones confirman la intención de Rusia de controlar la navegación en el mar de Azov, el «nuevo frente de guerra utilizado por Rusia para desestabilizar y ejercer presión» sobre Ucrania.

El diplomático afirma que se trata de la continuación de una «guerra híbrida» no declarada, que tiene múltiples dimensiones e incluye ataques militares como los que han tenido lugar durante años en el este de Ucrania, la ocupación de territorios fronterizos con Rusia, el uso de desinformación y propaganda y los ataques cibernéticos.

Los marineros ucranianos detenidos el pasado domingo, condenados a dos meses de prisión provisional, han de comparecer ante la Justicia rusa por presuntamente haber violado las aguas territoriales rusas para «provocar» un conflicto.

Según la versión de Moscú, los buques entraron en el estrecho de Kerch «en disposición de combate», si bien el Gobierno ucraniano aclaró que los barcos se dirigían a los puertos ucranianos de Mariúpol y Berdyansk, situados a orillas del mar interno de Azov y a los que solo se puede acceder por esa ruta.

«El Kremlin está poniendo a prueba la reacción de Occidente y la comunidad internacional al uso de su fuerza militar en aguas compartidas. Si Occidente se traga esto, una mayor escalada del conflicto será inevitable», declaró a Efe el oficial de las fuerzas armadas ucranianas Sergiy Tsyhipa.

Este militar considera que el apresamiento de estos barcos fue «planeado» al más alto nivel y que Rusia está estableciendo sus propias normas para el paso de barcos extranjeros por el mar de Azov, lo cual «viola todas las leyes internacionales».

Ucrania ha denunciado numerosos hostigamientos e inspecciones ilegales por parte de la Armada rusa a los barcos de carga que se dirigen a sus puertos marítimos, esenciales para la economía ucraniana al constituir el punto de salida de las exportaciones de hierro y acero.

A juicio del politólogo ucraniano Igor Soloviey, se trata de «uno de los mecanismos que utiliza Rusia para desestabilizar a Ucrania a nivel económico», ya que desde el comienzo del conflicto armado y la anexión de la península de Crimea en 2014 el PIB del país se ha reducido en más de un 20 %.

Como respuesta al ataque a sus barcos, el Gobierno del presidente ucraniano, Petró Poroshenko, impuso esta semana el estado de excepción en diez regiones del país durante 30 días para «proteger a Ucrania de una posible invasión rusa», una medida aplicada por primera vez en sus 26 años de historia como Estado independiente.

Poroshenko ha tomado además medidas adicionales como la de restringir la entrada en el país a rusos en edad de combatir.

Tanto la Unión Europea como Estados Unidos, que no reconocen la anexión de Crimea a Rusia y, por ende, consideran ilegal el puente sobre el estrecho de Kerch, han instado a Rusia a liberar a los barcos apresados y a sus tripulantes.

El incidente naval ha marcado una nueva etapa en un conflicto que ha causado 1,5 millones de desplazados y se ha llevado la vida de más de 10.000 personas en Ucrania, entre soldados y civiles.