Quito. (Lindon Sanmartín Rodríguez).- La Comisión de Seguridad Integral avanza en el análisis del Proyecto de Ley Orgánica que regula el apoyo complementario y subsidiario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional, incorporando criterios técnicos antes del segundo debate legislativo.

En este contexto, los expertos Nino Cassanello y Guadalupe Correa presentaron observaciones orientadas a fortalecer el control institucional, la trazabilidad de las acciones y la efectividad de la normativa frente al crimen organizado.

Cassanello centró sus aportes en dos ejes fundamentales. En primer lugar, planteó la inclusión de la Fiscalía General del Estado como sujeto obligado dentro del marco legal, junto con entidades como el Ejecutivo, el Consejo de Seguridad, las Fuerzas Armadas y la Policía. Según explicó, esta incorporación permitiría validar jurídicamente las actuaciones y garantizar un control posterior más riguroso.

En segundo lugar, abordó la necesidad de fortalecer la formación en derechos humanos y uso legítimo de la fuerza. No obstante, fue más allá de la capacitación al sugerir la creación de una unidad especializada dentro de las Fuerzas Armadas dedicada exclusivamente a operaciones de apoyo interno, lo que implicaría una profesionalización más estructurada de estas intervenciones.

El experto también introdujo un elemento clave en términos de prevención: la implementación de mecanismos de revisión patrimonial periódica para el personal involucrado, así como su inclusión en los sistemas de control de lavado de activos. Esta propuesta apunta a cerrar posibles brechas de infiltración del crimen organizado dentro de las instituciones de seguridad.

Por su parte, Correa aportó una perspectiva comparada basada en investigaciones internacionales, subrayando la complejidad de las redes criminales contemporáneas. Desde su análisis, el crimen organizado no solo opera de manera transnacional, sino que también puede establecer vínculos con actores políticos y sectores económicos, lo que incrementa los desafíos para su combate efectivo.

En ese sentido, insistió en la necesidad de que la normativa no se limite a regular la intervención militar, sino que incorpore una comprensión más profunda de la estructura, alcance y funcionamiento de estas redes. Este enfoque resulta crucial para evitar respuestas simplistas frente a un fenómeno multidimensional.

Desde una lectura política, el debate sobre el apoyo militar a la Policía refleja una tensión estructural entre la necesidad de fortalecer la seguridad frente a escenarios de violencia creciente y la obligación de preservar el Estado de derecho y las garantías fundamentales. La participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna sigue siendo un tema sensible que exige marcos normativos claros, controles efectivos y mecanismos de rendición de cuentas.

El avance del proyecto hacia el segundo debate abre un espacio decisivo para afinar estos elementos. La calidad de la legislación resultante no solo determinará la eficacia operativa en el combate al crimen, sino también la legitimidad institucional en un contexto de alta demanda social por seguridad.

Quito. (Lindon Sanmartín Rodríguez).- El Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó por unanimidad el Proyecto de Ley para la creación del cantón Borbón, en la provincia de Esmeraldas, marcando un paso clave en el proceso de reorganización territorial impulsado por el Ejecutivo.

La iniciativa, presentada por el presidente Daniel Noboa Azín, fue remitida a la Comisión Especializada Permanente de Gobiernos Autónomos, que tendrá a su cargo el análisis técnico y la elaboración del informe para el Pleno de la Asamblea Nacional.

Durante la sesión, el legislador Samuel Célleri defendió la propuesta como una oportunidad histórica para saldar una deuda con la población de Borbón, destacando tanto la iniciativa presidencial como el respaldo ciudadano expresado en las urnas. De concretarse, Borbón se convertiría en el octavo cantón de la provincia.

El proyecto plantea la creación de una nueva circunscripción territorial con cabecera en la ciudad de Borbón, integrada por varias parroquias rurales actualmente pertenecientes al cantón Eloy Alfaro. Esta redistribución territorial responde a una lógica de descentralización administrativa orientada a mejorar la gestión local y acercar los servicios públicos a la ciudadanía.

Desde el punto de vista jurídico, el Informe Técnico de la Unidad de Técnica Legislativa concluyó que la propuesta cumple con los requisitos constitucionales y legales, lo que habilitó su trámite legislativo. La normativa incluye una estructura completa con exposición de motivos, articulado, disposiciones reformatorias y transitorias, además de la delimitación territorial basada en cartografía oficial del Instituto Geográfico Militar.

En términos de política pública, la iniciativa se alinea con el Plan Nacional de Desarrollo 2025–2029 y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, particularmente en lo relativo a la construcción de territorios más equitativos, sostenibles y con mayor capacidad institucional. Este enfoque refuerza la tesis de que la reorganización territorial no es solo una medida administrativa, sino una herramienta estratégica para el desarrollo.

Uno de los elementos más relevantes es el respaldo ciudadano: en la consulta popular realizada el 16 de noviembre de 2025, el 68,4 % de los votantes apoyó la creación del cantón Borbón. Este dato fortalece la legitimidad política del proyecto y reduce los márgenes de conflictividad en su implementación.

En cuanto a su ejecución, el proyecto establece que el Consejo Nacional Electoral deberá convocar a elecciones para designar a las nuevas autoridades locales. Mientras tanto, el Gobierno Autónomo Descentralizado de Eloy Alfaro continuará administrando el territorio durante el periodo de transición.

Respecto al impacto fiscal, el informe señala que no habrá un incremento en el Presupuesto General del Estado, ya que la creación del nuevo cantón implicará una redistribución de recursos bajo el modelo de equidad territorial vigente.

Desde una perspectiva analítica, el avance de este proyecto evidencia una estrategia de fortalecimiento del modelo de descentralización en Ecuador. Sin embargo, su éxito dependerá de la capacidad institucional del nuevo cantón para gestionar recursos, garantizar servicios y consolidar gobernabilidad en un territorio históricamente postergado.

Quito. (Pablo Sanmartín Rodríguez).- La Comisión de Niñez y Adolescencia evalúa el impacto de redes sociales en menores en el marco del tratamiento del Proyecto de Ley Reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia, orientado a reforzar el derecho a la dignidad, reputación, honor e imagen de niños, niñas y adolescentes.

Durante la jornada, compareció María Gabriela Ottati, entrenadora de familias y maestra certificada en Disciplina Positiva, quien expuso un análisis sustentado en evidencia científica sobre los efectos del entorno digital en la población infantil y adolescente. Su intervención puso énfasis en la necesidad de abordar esta problemática desde un enfoque integral que articule políticas públicas, educación y corresponsabilidad familiar.

Ottati señaló que existe abundante documentación proveniente de organismos internacionales, investigaciones académicas y reportes de las propias plataformas tecnológicas, que advierten sobre los efectos adversos del uso intensivo de redes sociales. Entre estos, destacó el deterioro de la salud mental, la reducción de habilidades cognitivas —como la memoria y el pensamiento analítico—, así como el debilitamiento de la empatía.

Asimismo, advirtió sobre la relación entre el uso compulsivo de estas plataformas y el incremento de trastornos como la ansiedad, la depresión y las alteraciones del sueño. Según explicó, estos efectos se intensifican durante la adolescencia debido a factores biológicos y neurológicos que aumentan la vulnerabilidad frente a estímulos digitales.

Desde una perspectiva estructural, la experta subrayó que las redes sociales operan bajo sistemas de recompensa intermitente, comparables a los mecanismos presentes en los juegos de azar. Este diseño favorece conductas adictivas y configura un entorno digital que no solo genera problemáticas emocionales, sino que también se convierte en un espacio de escape, consolidando un “círculo perverso” difícil de romper.

En el ámbito comparado, Ottati mencionó propuestas internacionales que buscan mitigar estos riesgos, como restringir el acceso a teléfonos inteligentes antes de los 14 años, limitar el uso de redes sociales hasta los 16, implementar entornos educativos libres de dispositivos móviles y promover la interacción social en espacios físicos.

El análisis expuesto ante la comisión evidencia que el impacto de redes sociales en menores no puede entenderse de manera aislada, sino como un fenómeno multifactorial que involucra tanto el diseño de las plataformas como las condiciones sociales y familiares de los usuarios.

En este contexto, el debate legislativo adquiere una dimensión estratégica. La eventual reforma legal no solo deberá establecer límites normativos, sino también garantizar mecanismos efectivos de implementación, monitoreo y evaluación. La sostenibilidad de estas medidas dependerá, en gran medida, de su capacidad para articularse con procesos educativos y campañas de concienciación social.