CAL da paso al juicio político contra Mario Godoy

Quito.- El Consejo de Administración Legislativa (CAL) dio paso al trámite del juicio político contra Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), y remitió el proceso a la Comisión de Fiscalización y Control Político para su correspondiente sustanciación.

La decisión fue adoptada este domingo 11 de enero del 2026, luego de que el CAL avocara conocimiento del informe técnico-jurídico, previo al cumplimiento del plazo máximo de 10 días establecido en la normativa vigente. Con ello, se habilita formalmente el inicio del proceso de control político en contra del titular de la Judicatura.

La primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Mishel Mancheno, mocionó dar inicio al trámite del pedido de enjuiciamiento político, junto con toda la documentación de respaldo, y dispuso que el expediente sea remitido al presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político para que avoque conocimiento y continúe con el procedimiento legal correspondiente.

Durante su intervención, Mancheno subrayó la trascendencia institucional del proceso, al señalar que no se trata de un trámite administrativo ordinario, sino de un ejercicio legítimo de control político. “Hoy no estamos frente a un trámite administrativo más; estamos frente a un proceso de control político sobre Mario Fabricio Godoy Naranjo, presidente del Consejo de la Judicatura”, afirmó.

Asimismo, destacó que la decisión representa un acto de firmeza democrática. “El control político es una obligación constitucional cuando existen cuestionamientos sobre la administración de justicia. Aquí nadie está por encima del escrutinio público: la transparencia no se negocia, se exige y se garantiza”, sostuvo.

Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, aseguró que el procedimiento se ha desarrollado respetando estrictamente la normativa legal y el debido proceso. “Es importante señalar que se avanzó de forma expedita y transparente, dentro de los plazos establecidos por la ley”, indicó.

Durante la sesión, los integrantes del CAL acogieron la recomendación contenida en el informe técnico-jurídico no vinculante emitido por la Unidad Técnica Legislativa (UTL), el cual concluye que la solicitud de juicio político contra el presidente del Consejo de la Judicatura cumple con los requisitos establecidos en el artículo 131 de la Constitución de la República y en los artículos 78 y 79 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. En ese sentido, el informe recomendó la admisión del proceso.

De acuerdo con el procedimiento, el presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político deberá poner en conocimiento de los legisladores que integran dicha mesa, en un plazo máximo de cinco días, la solicitud de enjuiciamiento político contra Mario Godoy, dando inicio a la fase de sustanciación del proceso.

Sector productivo rechaza decisión de la Corte Constitucional

Quito.- El sector productivo empresarial expresó su profunda preocupación y rechazo frente a la reciente decisión de la Corte Constitucional (CC) que impide al Estado concesionar servicios de energía eléctrica a la empresa privada, una medida que, a criterio de distintos gremios, limita la capacidad de respuesta del país ante una necesidad urgente y estratégica.

Desde el inicio del Gobierno del presidente de la República, Daniel Noboa Azin, se han impulsado acciones concretas y dentro del marco constitucional para garantizar la sostenibilidad del sistema eléctrico nacional, el cual fue recibido en condiciones precarias producto de una gestión negligente en años anteriores. Sin embargo, este sábado 10 de enero de 2026, la Corte Constitucional adoptó una resolución que, según el sector empresarial, frena estas iniciativas y afecta directamente la estabilidad energética del Ecuador.

Diversos representantes del sector productivo e industrial alertaron que esta decisión se traduce en incertidumbre para las familias ecuatorianas y para el aparato productivo del país.

La Cámara de Comercio de Quito señaló que el fallo genera serios impedimentos en un momento en el que Ecuador requiere soluciones estructurales para garantizar un abastecimiento eléctrico sostenible y eficiente.

En la misma línea, su presidenta, Mónica Heller, afirmó que la resolución “no ayuda al país” y detiene los cambios que Ecuador necesita para avanzar.

El Consejo Empresarial Ecuatoriano Panameño (CEEP) reafirmó la importancia de contar con un entorno que promueva la inversión privada, el trabajo conjunto entre el sector público y privado, y la adopción de decisiones orientadas al crecimiento económico, la generación de empleo y la sostenibilidad del país.

Por su parte, la Cámara de Industria Automotriz Ecuatoriana (CINAE) calificó el accionar de la Corte como “un retroceso que restringe aún más la participación privada en el sector eléctrico”, señalando además que se trata de una interpretación restrictiva del principio de excepcionalidad, lo que limita la capacidad del Ejecutivo para reaccionar frente a una necesidad nacional prioritaria.

A este pronunciamiento se sumó la Cámara de Industrias y Producción, que consideró el fallo “grave para el país”, al advertir que pone en riesgo el suministro eléctrico y la competitividad nacional ante un eventual retorno de los apagones.

De igual manera, la Asociación de Exportadores de Plátano (Asoexpla) advirtió que la medida afecta directamente a la competitividad, la producción y las exportaciones, al debilitar la inversión privada en el sector eléctrico. Según el gremio, esto impacta negativamente en la confianza, la seguridad jurídica y la capacidad del país para sostener su desarrollo productivo.

En consonancia con la postura del sector productivo, el Gobierno Nacional reiteró su rechazo a la decisión adoptada por la Corte Constitucional, subrayando que el Ecuador requiere instituciones responsables y diligentes que actúen con visión de país frente a las urgencias de la sociedad.

Tatiana Trokhimtchouk aborda el lenguaje de la pintura

Loja.- La exposición de Tatiana Trokhimtchouk propone un recorrido profundo por el lenguaje de la pintura, la investigación artística y la observación del entorno natural y arquitectónico de la ciudad. Así lo destaca el curador Diego Villavicencio, quien califica la muestra como una propuesta sólida y potente dentro del panorama artístico contemporáneo.

Villavicencio subraya que se trata de una artista lojana que logra construir una mirada propia, capaz de replantear el cotidiano urbano y cultural, evidenciando el talento local y su capacidad de dialogar con el contexto inmediato. A partir de recorridos y observaciones directas de la ciudad, Trokhimtchouk incorpora elementos como las flores —especialmente las rosas— que son reinterpretadas y trasladadas al lienzo mediante el uso del óleo, generando una experiencia estética de gran fuerza visual.

La exposición incluye también una serie de custodios o guardias, piezas que revelan la exigencia técnica y conceptual de la artista, así como una evolución en su discurso. En este conjunto destaca la inclusión de la imagen de la Virgen del Cisne, abordada desde una visión simbólica que dialoga con conceptos de camuflaje y elementos armamentistas, resignificando un ícono de profunda carga cultural.

Otro de los ejes de la muestra es un tríptico de danzantes que presenta la figura de la mujer andina y ecuatoriana, incorporando un componente fantástico que reivindica su imagen desde una perspectiva única y personal. A ello se suma una obra presentada en el Salón de Noviembre 2025 y un tríptico dedicado a la cúpula y la basílica de Cuenca, donde la artista conjuga arquitectura, naturaleza y una reflexión crítica sobre el espacio urbano.

El recorrido se completa con una pieza dedicada a Loja, en la que se refleja la cultura popular a través de escaramuzas, así como con las obras finales que integran símbolos como costillas incrustadas en el paisaje y complejos patrones técnicos. Este conjunto reafirma la maestría pictórica de Tatiana Trokhimtchouk y su intención de enraizar su obra en el territorio que hoy reconoce como propio.

Presidente Noboa arremete contra la Corte Constitucional

Quito.- El presidente de la República, Daniel Noboa Azín, cuestionó duramente a la Corte Constitucional tras el fallo que declaró inconstitucional la posibilidad de concesionar servicios eléctricos al sector privado por razones de interés público.

A través de su cuenta en la red social X, el Primer Mandatario calificó la decisión como una acción de carácter político más que jurídico. “A esto nos enfrentamos todos los días. Esto no es una discusión jurídica aislada. Es cálculo político”, escribió, al referirse a la sentencia emitida por el máximo órgano de control constitucional.

Noboa afirmó que la resolución afecta directamente a las familias ecuatorianas al limitar la generación de empleo, energía y estabilidad. “Es negar empleo, energía y estabilidad a las familias ecuatorianas. Es poner la ideología y la revancha por encima del bienestar del país”, señaló.

El fallo de la Corte Constitucional, emitido el 11 de diciembre de 2025, declaró inconstitucional el numeral 1 del artículo 25 de la Ley Orgánica de Servicio Público de Energía Eléctrica, el cual permitía al Estado delegar a privados etapas de la producción eléctrica bajo criterios de interés público, colectivo o general.

Con esta decisión, se restringe la capacidad del Estado para concesionar servicios eléctricos, permitiendo la participación privada únicamente cuando las empresas públicas o mixtas no puedan cubrir las necesidades del sistema eléctrico nacional.

El Presidente cuestionó las motivaciones detrás del fallo y aseguró que responde a intereses políticos. “¿Por qué lo hacen? Porque prefieren un país en desastre si eso les permite volver a gobernar”, expresó, añadiendo que su Gobierno no ha cedido a intentos de cogobierno ni a repartos de cuotas políticas.

Finalmente, Noboa reafirmó su compromiso con el país y aseguró que su responsabilidad es garantizar energía, trabajo y futuro para millones de ecuatorianos. “Los ecuatorianos no me eligieron para quedarme de brazos cruzados frente a los problemas. Me eligieron para resolverlos, dentro de la ley, pensando en el Ecuador del mañana”, puntualizó.

Macará refuerza control militar en la frontera sur

Macará. Loja.- En el cantón Macará se reforzó el control militar en la frontera sur del país, en cumplimiento de las disposiciones gubernamentales que establecen el cierre de los pasos fronterizos legales y el control permanente de los pasos ilegales a lo largo del Límite Político Internacional.

Las acciones se ejecutan dentro de la jurisdicción de la Brigada de Infantería No. 7 “Loja” y contemplan la implementación de estrictas medidas de seguridad en los puentes internacionales y sectores estratégicos de Macará, Lalamor, Jimbura y La Balsa, ubicados en las provincias de Loja y Zamora Chinchipe.

El dispositivo militar desplegado responde a las directrices emitidas por los respectivos niveles de mando y se sustenta en disposiciones legales vigentes, lo que garantiza su supervisión, cumplimiento y correcta ejecución. Estas operaciones buscan fortalecer el control territorial y prevenir actividades ilícitas que puedan afectar la seguridad interna del Estado ecuatoriano.

Las Fuerzas Armadas mantienen presencia permanente en la zona, como parte de las acciones de comando orientadas a salvaguardar el orden público, proteger la soberanía nacional y asegurar el cumplimiento de las medidas dispuestas por el Gobierno Nacional en la frontera sur.

Directores provinciales de la Judicatura deben renunciar

Quito.- El Pleno del Consejo de la Judicatura informó que, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, solicitó la renuncia inmediata de los directores provinciales administrativos y disciplinarios a escala nacional.

Según el organismo, la medida responde a un proceso de verificación del cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales, orientados a fortalecer la gestión y consolidar el funcionamiento del sistema judicial. En este contexto, se realizará una evaluación integral del desempeño de los funcionarios, con criterios técnicos, para determinar el grado de cumplimiento de metas, funciones y compromisos asumidos durante el ejercicio fiscal 2025, tal como se ha ejecutado en procesos anteriores.

El Pleno del Consejo de la Judicatura ratificó que esta decisión se adopta dentro del marco legal vigente y constituye una acción administrativa enfocada en el reordenamiento y la consolidación institucional, con el objetivo de mejorar la eficiencia y transparencia en la gestión pública.

Asimismo, la institución garantizó que las medidas de seguridad y los análisis de riesgo dispuestos por el Ministerio del Interior y la Policía Nacional para aquellos directores provinciales que las requieran se mantendrán vigentes y serán coordinadas conforme a los informes técnicos y protocolos establecidos, asegurando el respeto a los derechos de los funcionarios involucrados.

Finalmente, el Consejo de la Judicatura reafirmó su compromiso con una gestión pública responsable, transparente y orientada a resultados, en beneficio del fortalecimiento institucional y del servicio de justicia en el país.