Praia.- (EFE).- Cabo Verde ha recibido ya la solicitud formal de Estados Unidos para la extradición del empresario colombiano Álex Saab, acusado de ser testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, confirmó hoy a Efe una fuente del Gobierno caboverdiano.

La Procuraduría General de la República (PGR) recibió este lunes la solicitud de extradición de parte del Departamento de Justicia de EEUU, precisó a Efe la citada fuente en Praia, capital de este país insular de África occidental.

Saab fue detenido el pasado día 12 en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de la isla de Sal (el más importante de Cabo Verde), en respuesta a una petición de Estados Unidos cursada a través de una «alerta roja» de Interpol por delitos de blanqueo de dinero.

La Procuraduría tiene ahora un plazo de 65 días, que cuenta a partir de este 12 de junio, para responder a la petición estadounidense.

«La respuesta de la PGR consistirá en una opinión judicial legalmente justificada que se dirigirá al Gobierno de Cabo Verde, que tomará su decisión», explicó la misma fuente, próxima al proceso.

Sin embargo, agregó, «la decisión final recaerá en sede judicial, en el Tribunal de Apelaciones de Barlavento, que opera en la isla de San Vicente, y la defensa también puede apelar ante el Supremo Tribunal de Justicia (STJ)».

INDEPENDENCIA DE LOS TRIBUNALES DE CABO VERDE

La fuente se mostró «un poco preocupada por la politización del caso por los abogados de Álex Saab en la prensa caboverdiana», por temor a que pueda «condicionar la opinión de los tribunales de Cabo Verde, que no aprecian ninguna interferencia política en su acción».

El Ejecutivo caboverdiano -subrayó- ha mantenido una posición de «distanciamiento total en relación con este caso», permitiendo que el Poder Judicial haga su trabajo con independencia.

Aunque se mostró confiada en que la decisión final debería ser favorable a la extradición, la fuente dejó abierta la posibilidad de una sentencia judicial en contra y, en ese caso, Estados Unidos «sabrá comprender» ese fallo porque conoce que en Cabo Verde «los tribunales actúan de manera independiente (…), sin interferencia del poder político u otros intereses».

Sobre los aspectos diplomáticos del caso, matizó, «Estados Unidos no ha intentado influir en la decisión a su favor», mientras que «la presión de Venezuela ha sido intensa».

Tras la detención del presunto testaferro, Venezuela señaló que Saab es un ciudadano venezolano y un «agente» del Gobierno, que se encontraba «en tránsito» en Cabo Verde para volver al país.

Este lunes, la defensa de Saab presentó ante el STJ un nuevo «habeas corpus» (derecho de un detenido a comparecer ante un juez o tribunal para que resuelva si su arresto fue o no legal, y si debe levantarse o mantenerse), alegando el «encarcelamiento ilegal» de su cliente.

El STJ desestimó la semana pasada pronunciarse sobre otro «habeas corpus» interpuesto por Saab para lograr su liberación, arguyendo la «inutilidad» de ese procedimiento legal para adoptar su decisión.

La defensa buscaba que se anulara un fallo de un tribunal de la norteña isla de Sal, que dictó prisión preventiva para el presunto testaferro este 14 de junio.

La prisión preventiva fue confirmada después por una instancia superior, el Tribunal de Apelación de Barlavento en la isla septentrional de San Vicente, de ahí que el STJ rechazara decidir acerca del «habeas corpus».

El abogado de Saab, José Manuel Pinto Monteiro, declaró recientemente a Efe que el empresario «tenía derecho a la inviolabilidad personal como enviado especial de Venezuela en tránsito por Cabo Verde».

Pese a mantener un bajo perfil en Colombia, el nombre de Saab apareció en los medios cuando la exfiscal venezolana Luisa Ortega le acusó en 2017 de ser uno de los testaferros de Maduro.

SUPUESTO BLANQUEO DE 350 MILLONES DE DÓLARES

Saab, nacido en la ciudad colombiana de Barranquilla y de origen libanés, está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar con sobreprecios al régimen de Maduro alimentos y víveres para los gubernamentales Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

Un funcionario del Gobierno estadounidense indicó en julio de 2019 que con los CLAP, que se entregan a los más pobres, el empresario colombiano y tres hijastros de Maduro se lucraron, al parecer, con «cientos de millones de dólares».

Washington también presentó cargos en julio pasado contra Saab y su mano derecha, Álvaro Enrique Pulido, a quienes acusa de blanquear hasta 350 millones de dólares supuestamente defraudados a través del sistema de control cambiario en Venezuela.

Según EEUU, entre noviembre de 2011 y septiembre de 2015, Saab y Pulido se confabularon con otros para lavar sus ganancias ilícitas y transferirlas desde Venezuela a cuentas bancarias estadounidenses, motivo por el que Washington tiene jurisdicción en el caso.

Su detención acaeció después de que el pasado día 9 la Fiscalía colombiana impusiera medidas cautelares con fines de expropiación de ocho inmuebles que «harían parte del patrimonio ilícito» de Saab.

Según la Fiscalía, esos bienes tienen un valor de 35.000 millones de pesos (unos 9,7 millones de dólares) y están en Barranquilla.

(c) Agencia EFE

(europapress.es).- La Unión Europea ha condenado este martes «con firmeza» la expulsión de su embajadora en Venezuela, Isabel Brilhante Pedrosa, ordenada por el régimen de Nicolás Maduro tras las últimas sanciones de los 27 contra altos cargos de este país, al tiempo que han llamado a Caracas a «revocar» esta decisión.

Ya el Alto Representante de Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, expresó su rechazo a primera hora de este martes y, en una rueda de prensa en Bruselas, advirtió de que este gesto «aísla aún más» a Maduro de la comunidad internacional.

Una portavoz del Servicio de Acción Exterior que dirige Borrell añadió que la Unión Europea iba a «convocar hoy mismo (por este martes)» a la embajadora de Venezuela en Bélgica y ante las instituciones comunitarias, Claudia Salerno Caldera, por este motivo, aunque finalmente no ha trascendido si se ha producido esta acción.

Entretanto, en una declaración del jefe de la diplomacia europea, la Unión Europea ha condenado la expulsión de la embajadora europea y «lamentado profundamente» el mayor aislamiento internacional de Maduro. «Pedimos que esta decisión sea revocada», subraya la declaración.

Tras el ultimátum de 72 horas dado por Maduro a la embajadora Brilhante Pedrosa para que abandonara Caracas, Borrell ha adelantado que los Veintisiete tomarían las medidas «de reciprocidad» necesarias por la salida de su representante diplomática en Venezuela.

Sin embargo, Borrell no ha dado detalles de las medidas posibles y ha concedido que algunas alternativas dependen en exclusiva de competencias nacionales y no europeas. En cualquier caso, ha añadido, las relaciones diplomáticas «tienen unas reglas y vamos a hacer uso de ellas».

La Unión Europea no tiene poder para expulsar al embajador de un país tercero de ninguno de los estados miembro, ya que la relación diplomática es una cuestión exclusiva de los países y, en este caso, la expulsión de la embajadora venezolana solo podría producirse por decisión de Bélgica.

«La Unión Europa y sus estados miembro estamos considerando cuáles son las medidas apropiadas en respuesta a los hechos en curso. En concreto, vamos a convocar a la embajadora del régimen de Maduro ante las instituciones hoy mismo y, a partir de ahí, veremos qué medidas le pueden seguir», ha resumido ante la prensa en Bruselas la portavoz comunitaria Virginie Battu-Henriksson.

«Todas las medidas que socavan el trabajo diplomático en tal situación solo contribuirán a aumentar la tensión y pondrán en duda el camino hacia una salida de la crisis en paz y de carácter político», ha añadido la portavoz.

NECESIDAD DE UN ACUERDO UNÁNIME

En materia de relaciones diplomáticas, los Veintisiete aplican el artículo 9 de la Convención de Viena que prevé «una única modalidad» para responder como bloque a la expulsión de uno de sus representantes en el exterior y es que el jefe de misión o diplomático afectado sea declarado ‘persona non grata’.

Este paso político requiere el acuerdo unánime de los Veintisiete, tal y como sucedió en diciembre del pasado año en el caso de Benín, cuando los estados miembro decidieron formalmente declarar ‘persona non grata’ a su embajador ante las instituciones comunitarias en represalia por la expulsión del jefe de la delegación de la UE en este país.

Este nuevo pulso diplomático entre Caracas y la UE se produce horas después de que los estados miembro acordaran sanciones contra el presidente electo «de forma ilegal» de la Asamblea Nacional, Luis Eduardo Parra, y otra decena de altos funcionarios, incluidos varios vicepresidentes de la Asamblea Nacional y fiscales.

Con esta nueva decisión se eleva a 36 el número total de autoridades venezolanas sobre las que el bloque comunitario ha impuesto medidas coercitivas como la congelación de haberes y la prohibición de entrada en territorio de la UE.

(Por. Johan Ramírez. DW).- El régimen venezolano anunció la expulsión de la Embajadora de la UE en Caracas. Para algunos, una medida desesperada; para otros, una prueba de la fortaleza del chavismo.

En enero de 2019, la Unión Europea ofrecía a Nicolás Maduro un ultimátum para que renunciara. Este lunes (29.06.2020), él le ha dado a la embajadora del bloque en Venezuela un plazo de setenta y dos horas para que abandone el país. En resumen: al régimen de Caracas le bastó un año y medio para darle vuelta al pulso de poderes, dejando atrás la posición de debilidad en la que su salida parecía inminente. Al contrario, ahora se cree lo suficientemente sólido como para permitirse provocar un choque diplomático con Bruselas.

La decisión de Maduro pone de manifiesto una cierta robustez de su administración, y deja al descubierto una contradicción fundamental que desde hace dieciocho meses convive en la política internacional europea de cara a Venezuela: juzgar a un gobierno como ilegítimo y, sin embargo, responderle a través de mecanismos oficiales; y más aún: estar obligados, como ahora, a acatar sus decisiones, con lo cual reconocen de facto su autoridad.

Condenas de papel

«Condenamos y rechazamos la expulsión de nuestra embajadora en Caracas. Tomaremos las medidas necesarias habituales de reciprocidad», fueron las primeras palabras de Josep Borrell, el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, cuando conoció la decisión de Maduro. Y así como él, numerosos diplomáticos y diputados tanto en Europa como en América Latina rechazaron la medida. Lo que algunos anticipan es que la reacción de Bruselas termine limitándose a comunicados formales, porque la diplomacia, sobre todo cuando se enfrenta a sistemas autoritarios, es con frecuencia impotente y carece de contundencia.

«Aquí todo dependerá de lo que decidan los gobiernos. Pero, por lo pronto, no creo que esto vaya a pasar de declaraciones de principios de reciprocidad», afirma en entrevista con DW Nelson Castellano, ex diplomático venezolano ante la Comunidad Europea en Bélgica. «Se trata de una decisión desesperada de Maduro ante las nuevas sanciones europeas. Esta vez, los implicados son funcionarios que pretendían convalidar el fraude electoral previsto para este año. Sin embargo, es posible que a nivel comunitario se espere algo similar a lo que ocurrió hace unos meses con el Embajador alemán, quien también fue expulsado, pero luego se le permitió volver al país».

Ganadores y perdedores

Pero una ruptura total entre Bruselas y Caracas podría repercutir en áreas que trascienden lo meramente diplomático. Eso implicaría el fin de la veeduría europea en Venezuela, un país que paulatinamente ha ido expulsando a la mayoría de los organismos e instituciones internacionales autónomos. A largo plazo, la ausencia de activistas, defensores de derechos humanos e instancias diplomáticas independientes es una amenaza para fracciones opositoras al régimen, porque no habría espacios ni voces para denunciar los excesos de quienes detentan el poder.

«Como diputado del Parlamento Europeo, condeno firmemente la respuesta cobarde del régimen de Maduro de expulsar a la embajadora de la Unión Europea de Caracas. Una ruptura de relaciones diplomáticas entre UE y Venezuela solamente llevaría al aumento de la crisis», afirmó vía Twitter Leopoldo López Gil, eurodiputado y padre del opositor Leopoldo López.

Sin embargo, para el ex diplomático de carrera Nelson Castellano, quien pierde en este choque es Nicolás Maduro. «Esto afirma su carácter autoritario y le genera más aislamiento. En lo inmediato parecerá que todo sigue igual, pero a largo plazo los países cambiarán sus políticas en relación a Venezuela. Podría haber más energía a favor del cese de la tiranía, y en la medida en que la solución electoral pierda peso -porque no hay garantías suficientes-, se producirá seguramente un cambio de la visión europea para lograr una salida».

En cualquier caso, parece que Europa tiene muchas prioridades pendientes en estos tiempos de pandemia, como para desviar su atención hacia una crisis interminable que tiene lugar al otro lado del Atlántico.

HONG KONG (ZEN SOO y KEN MORITSUGU.- Associated Press) — China aprobó el martes una controvertida ley de seguridad nacional que permitirá las autoridades perseguir la actividad subversiva y secesionista en Hong Kong. Muchos consideraron la medida como la iniciativa más agresiva de Beijing hasta ahora para borrar las separaciones legales entre el territorio semiautónomo y el sistema autoritario del Partido Comunista en la China continental.

Tam Yiu-Chung, único representante de Hong Kong ante el Comité Permanente del Congreso Nacional Popular, confirmó el martes a la prensa que la ley se había aprobado. El texto no incluía la pena de muerte entre sus sanciones, señaló, aunque no entró en detalles como si la ley podría aplicarse de forma retroactiva.

“Confiamos en que la ley sirva como disuasión para impedir que la gente cause problemas”, dijo Tam en la entrevista. “No dejen que Hong Kong sea utilizada como herramienta para fragmentar el país”.

La ley se aprobó en medio de críticas y advertencias tanto en Hong Kong como en la comunidad internacional sobre que se utilizaría para sofocar las voces discrepantes en el núcleo financiero asiático. Estados Unidos ya ha iniciado los trámites para poner fin a los términos especiales de comercio y otras dispensas concedidas a Hong Kong después de que la excolonia británica fuera devuelta al gobierno chino en 1997.

El gobierno ha dicho que el texto pretende frenar las actividades subversivas, secesionistas y terroristas, así como la intervención extranjera en los asuntos locales. Sigue a meses de protestas contra el gobierno en Hong Kong el año pasado, que en ocasiones derivaron en violencia.

Por su parte, las voces críticas la han descrito como la mayor erosión hasta la fecha del estado de derecho al estilo británico que rige Hong Kong y del alto grado de autonomía prometido a Hong Kong al menos hasta 2047, dentro del modelo de “un país, dos sistemas”.

Una vez aprobada la ley, los destacados activistas prodemocracia hongkoneses Joshua Wong, Agnes Chow y Nathan Law publicaron comunicados en Facebook indicando que se retirarían de la organización prodemocracia Demosisto. Wong señaló que “la preocupación por la vida y la seguridad” se había convertido en un problema real y nadie podría predecir las repercusiones de la ley, ya fueran extradiciones a China o largas penas de prisión.

Demosisto anunció después en Facebook que se disolvería, indicando que la pérdida de miembros importantes hacía difícil seguir adelante.

Más de un centenar de manifestantes se reunieron en un centro comercial de lujo en el distrito financiero de Hong Kong, coreando lemas como “Liberad Hong Kong, revolución ahora”. Varios sostenían una bandera representando un Hong Kong independiente, así como carteles en contra de la ley.

La ley ha encontrado una fuerte oposición dentro de Hong Kong y ha sido condenada por su antigua metrópoli colonial, Gran Bretaña, así como por Estados Unidos, la Unión Europea y otros gobiernos.

Grupos de derechos humanos advirtieron que la ley podría perseguir a políticos de oposición considerados como insuficientemente leales a Beijing, para detenerlos o impedirles presentarse a las elecciones de septiembre al Consejo Legislativo.
Moritsugu informó desde Beijing.

TOKIO.- (Reuters) – La producción industrial de Japón cayó por cuarto mes consecutivo en mayo al nivel más bajo desde la crisis financiera mundial y la tasa de desempleo alcanzó su nivel más alto en tres años, poniendo de relieve el amplio castigo económico causado por el coronavirus.

La tercera economía más grande del mundo se prepara para su peor recesión de la posguerra, afectada por las medidas de confinamiento para frenar la pandemia en el país y en el extranjero, que han alterado las cadenas de suministro, mantenido las empresas cerradas y reducido el gasto de los consumidores.

Los datos del Ministerio de Economía, Comercio e Industria (METI) publicados el martes mostraron que la producción de las fábricas cayó un 8,4% intermensual en mayo hasta 79,1, un nivel no visto desde marzo de 2009, cuando la crisis financiera hundió la demanda mundial.

«La economía probablemente sufrió una gran contracción en abril-junio debido a la débil demanda interna y externa», dijo Taro Saito, investigador ejecutivo del Instituto de Investigación del NLI Research Institute.

«La demanda interna puede tirar hacia arriba a partir de junio, pero las exportaciones seguirán siendo muy débiles, lo que supondrá un lastre para la recuperación económica general», dijo, y añadió que el empeoramiento de la economía se trasladará al mercado laboral.

El deterioro de las condiciones económicas ha desencadenado un aumento de la tasa de desempleo y una disminución del número de puestos de trabajo disponibles, al tiempo que alimenta el temor a las quiebras.

La tasa de desempleo desestacionalizada subió al 2,9% en mayo desde el 2,6% en abril, según datos gubernamentales que se publicaron por separado, la tasa más alta desde mayo de 2017.

Aunque la tasa de desempleo se mantuvo por debajo del 3% y es inferior a la de muchas economías desarrolladas, los economistas creen que la cifra real es más alta porque hay mucha gente en programas de despido temporal y trabajadores cansados de buscar trabajo.

Las secuelas del coronavirus han llevado a la quiebra a 290 empresas desde finales de febrero, muchas de ellas del sector servicios, como restaurantes y hoteles, según datos de la empresa privada de análisis crediticio Teikoku Databank.
(Información de Tetsushi Kajimoto; editado en español por Javier Leira y Jose Elías Rodríguez)

ISLAMABAD, Afganistán (KATHY GANNON.- Associated Press).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, llamó al negociador jefe de los talibanes, según dijo el martes un vocero de los insurgentes, en medio de una controversia en Washington sobre si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue informado por la inteligencia estadounidense de que Rusia estaba pagando al Talibán para matar a soldados occidentales.

Sin embargo, se desconocía si durante la llamada se habían mencionado las acusaciones de que algunos milicianos talibanes recibieron dinero para matar a soldados de Estados Unidos y la OTAN en Afganistán.

Pompeo y el mulá Abdul Ghani Baradar celebraron una videoconferencia de prensa el lunes por la noche en la que Pompeo insistió en que los insurgentes reduzcan la violencia en Afganistán y abordó formas de avanzar en el acuerdo de paz firmado en febrero entre Washington y el Talibán, indicó en Twitter el vocero talibán Suhail Shaheen.

El enviado de paz de Estados Unidos, Zalmay Khalilzad, está recorriendo la región en un esfuerzo de avanzar en el acuerdo. El martes estaba en Uzbekistán y tenía previsto llegar a Islamabad, la capital paquistaní, más tarde ese día o el miércoles, además de viajar a Doha, Qatar, donde los talibanes tienen una oficina política.

Khalilzad también celebraría videoconferencias con los líderes en Kabul en lugar de viajar a la capital afgana, debido al riesgo de COVID-19, según un comunicado del Departamento de Estado de Estados Unidos. El maltrecho sistema de salud afgano está teniendo problemas para gestionar la pandemia y se cree que la cifra de infecciones supera de lejos los reportes oficiales de 31.000 casos y 733 muertes.

La implementación del acuerdo entre Estados Unidos y el Talibán ha llegado a una fase crítica en la que se espera que el gobierno afgano y los talibanes entablen un diálogo sobre el marco para una posguerra, que pondría fin a los combates e introducir a los insurgentes en la esfera política.

Se espera que las conversaciones comiencen en algún momento en julio, si ambas partes cumplen una promesa incluida en el acuerdo con Washington para liberar a miles de prisioneros. Pero las liberaciones se han visto marcadas por los retrasos.

Pompeo y Baradar hablaron sobre “la implementación del acuerdo, la retirada de tropas extranjeras, liberación de prisioneros, inicio del diálogo intraafgano y reducción de operaciones (militares)”, según Shaheen. El Departamento de Estado de Estados Unidos no hizo comentarios sobre la videoconferencia.

Una fuente estadounidense familiarizada con el proceso de paz dijo que Pompeo había hecho hincapié en que los talibanes cumplan su compromiso de combatir a otros grupos armados en Afganistán, y en concreto grupos terroristas que puedan amenazar a Estados Unidos o sus aliados, en referencia al grupo extremista Estado Islámico. La fuente habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a comentar el tema con la prensa.

El Talibán ha negado las acusaciones de que recibió dinero de Rusia para matar estadounidenses en Afganistán. The Associated Press ha reportado que Rusia empezó a pagar las sumas a principios de 2019, cuando Khalilzad intentaba ultimar el acuerdo con el grupo insurgente para poner fin a la guerra más larga de Estados Unidos y retirar a las tropas estadounidenses.