El Congreso colombiano hará una indagación preliminar al expresidente Santos por el caso Odebrecht

Bogotá.- (EFE).- La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes de Colombia abrió una indagación preliminar contra el expresidente Juan Manuel Santos (2010-2018) para establecer su presunta vinculación con el caso de corrupción de Odebrecht.

Según dijo este miércoles a medios locales el presidente de dicha Comisión, Ricardo Ferro, con esta diligencia se busca «determinar si hay o no lugar a proceder a una investigación formal» por el presunto ingreso de dineros de la constructora brasileña a su campaña para la reelección presidencial de 2014.

Dicha Comisión está compuesta por 15 miembros y es la encargada de preparar proyectos de acusación cuando hubiere causas constitucionales al presidente de la república, a los magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, entre otros aforados.

Según Ferro, del gubernamental partido Centro Democrático, la decisión de abrir la indagación preliminar a Santos se dio con base en declaraciones del detenido exsenador Bernardo Miguel Elías Vidal, conocido como «Ñoño Elías», a la periodista Vicky Dávila, que las publicó en su columna de la revista Semana, bajo el título «Dejen hablar al Ñoño».

«Se ordenó abrir una investigación preliminar contra el expresidente Juan Manuel Santos por una denuncia que llegó a la Comisión por una nota periodística en donde la periodista Vicky Dávila entrevistó a Bernando ‘Ñoño’ Elías», explicó Ferro.

El parlamentario añadió que es obligación de la Comisión darle trámite a esas denuncias «primero con una investigación preliminar y si hay lugar, a una investigación formal».

En esa dirección Ferro aseguró que la Comisión citó para el 17 de este mes al detenido exsenador, fecha en la que también asistirá el represente legal del expresidente Santos.

El parlamentario añadió que no sólo se evaluará investigar al expresidente Santos por el caso Odebrecht, sino también por otros temas que mencionó Elías en la entrevista con Dávila.

La Corte Suprema de Justicia condenó en febrero del año pasado a seis años y ocho meses de prisión «Noño Elías» por los delitos de cohecho y tráfico de influencias por el pago de coimas que hizo Odebrecht.

El político, que está preso en la cárcel bogotana de La Picota, fue capturado en agosto de 2017 y aceptó ante la Corte Suprema los delitos de cohecho y tráfico de influencias por haber favorecido un otrosí al contrato de la multinacional brasileña en la Ruta del Sol II para hacer una extensión de la carretera Ocaña-Gamarra.

Ese contrato le fue otorgado a Odebrecht por el Instituto Nacional de Concesiones (Inco) en 2012 luego de pagar 6,5 millones de dólares en sobornos a varios funcionarios del Gobierno.

En mayo pasado, el exgerente de la campaña presidencial de Santos en 2014, Roberto Prieto, fue condenado a una pena de cinco años de prisión por recibir dineros de Odebrecht.

Según documentos publicados en diciembre de 2017 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Odebrecht pagó 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de Latinoamérica y África, entre ellos Colombia, donde habría entregado más de 11 millones de dólares entre 2009 y 2014.

Sin embargo, la Fiscalía señaló luego que las coimas que presuntamente pagó Odebrecht en Colombia fueron de 84.000 millones de pesos (unos 25,4 millones de dólares de hoy).

El Gobierno colombiano rechaza la crítica de la ONU sobre los asesinatos de exguerrilleros

Bogotá.- (EFE).- El Gobierno colombiano rechazó este miércoles «de forma enfática» un comunicado de expertos en derechos humanos de la ONU que al condenar el asesinato de exguerrilleros de las FARC lo instaron a respetar las garantías de seguridad del acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016.

«El Gobierno no ha incitado a la violencia contra ningún desmovilizado de las FARC y viene haciendo un esfuerzo enorme por cumplir las garantías que se les otorgaron en el Acuerdo Final», señala un comunicado de la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación.

Los miembros del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas divulgaron ayer en Ginebra un comunicado en el que condenaron «el reciente asesinato e intento de desaparición forzada» de Dimar Torres Arévalo, desmovilizado de las FARC, ocurrido el pasado 22 de abril en una zona rural de Convención, en el departamento de Norte de Santander, y del cual se responsabiliza a militares.

«Este atentado es un desafío para el proceso de paz, ya que no cumple con el Acuerdo Final que exige el respeto a la vida de todos los excombatientes quienes deponen las armas. Por lo tanto, es una violación de las garantías acordadas por Colombia», dijeron los expertos independientes, quienes consideraron este caso como «una ejecución extrajudicial».

Al respecto, el Gobierno respondió: «Es totalmente inaceptable la afirmación de que existe un ‘aparente desprecio de estas garantías a nivel estatal’, así como la sugerencia de que el Gobierno no está tomando medidas para implementar los acuerdos».

Según el Gobierno, «es absolutamente infundado que una actuación u omisión del Estado, de alguna manera, haya incentivado actos violentos en contra de excombatientes de las antiguas FARC».

«La seguridad de quienes se acogieron al proceso de paz es una prioridad para este Gobierno, que no ha escatimado esfuerzos para garantizar su protección. Se continuará disponiendo de todo lo que se precise para afinar las medidas de aseguramiento para los hombres y mujeres que se acogieron a la legalidad y han continuado transitando en este camino», añade el comunicado oficial.

La Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación dijo que «la forma de proceder de los relatores especiales no corresponde con los criterios de actuación establecidos» para estos casos, pues considera que no contrastaron con diversas fuentes la información recibida.

Explicó que los tres relatores especiales enviaron el pasado 16 de mayo al Gobierno un cuestionario elaborado por ellos sobre el cual trabajaba la administración del presidente Iván Duque, «para recopilar la información necesaria para responderlo».

«Sin embargo, el hecho de que los autores del cuestionario hayan salido a la luz pública, en forma anticipada y profiriendo afirmaciones tan tajantes y mal intencionadas como las que figuran en el comunicado mencionado, ha llevado al Gobierno a replantear su decisión de responder el cuestionario mencionado», añadió la Consejería.

Recuerda el Gobierno que el jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, Carlos Ruiz Massieu, ha reconocido su esfuerzo para investigar y castigar «el lamentable y condenable hecho ocurrido con Dimar Torres Arévalo».

En ese sentido señala que a la fecha, un presunto responsable, el cabo del Ejército Daniel Eduardo Gómez Robledo, «está recluido preventivamente mientras avanza la investigación» a la que también fue vinculado el coronel Jorge Armando Pérez Amézquita «por el presunto delito de encubrimiento» y quien fue llamado a retiro.

Todo ello muestra «la arraigada política de tolerancia cero frente a violaciones de los derechos humanos», agrega el Gobierno.

El pasado 15 de mayo el senador Carlos Antonio Lozada, del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, en que se transformaron las FARC, denunció que desde la firma de la paz y hasta esa fecha, 114 exguerrilleros y 31 de sus familiares habían sido asesinados. EFE

joc/ocm/lnm

Putin y Jinping rechazan una intervención militar en Venezuela

(europapress.es).- Los presidentes de Rusia y China, Vladimir Putin y Xi Jinping, respectivamente, han reiterado este miércoles su rechazo a una posible intervención militar en Venezuela y han abogado por «un diálogo político inclusivo» para resolver la crisis política en la nación caribeña.

Putin y Xi han firmado una declaración conjunta sobre Venezuela, al término de la reunión que han sostenido este miércoles en Moscú, en el que instan a «todas las partes» a «promover la resolución pacífica de los problemas en el país a través de un diálogo político inclusivo y oponerse a la intervención militar».

Además, las han alentado igualmente a «cumplir con la Carta de Naciones Unidas, las normas de Derecho Internacional y las relaciones intergubernamentales» y, en concreto, a «adherirse al principio de no injerencia en los asuntos internos de otros estados».

Rusia y China son los principales aliados del Gobierno de Nicolás Maduro en la arena internacional. Le han dado oxígeno financiero en plena crisis económica y mantienen bloqueado el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas –como miembros permanentes con derecho a veto– frente a las iniciativas de Estados Unidos.

La nación euroasiática incluso ha enviado dos aviones militares con cien efectivos a Caracas, en el marco de los acuerdos bilaterales en materia de defensa, según han explicado Rusia y Venezuela, si bien Estados Unidos ha expresado su malestar por la presencia de botas rusas en el país suramericano.

«Hemos hablado extensamente sobre los temas de la actualidad internacional y hemos confirmado que las posiciones de Rusia y China en temas mundiales clave son cercanas o, como dicen los diplomáticos, coinciden», ha dicho el propio Putin en rueda de prensa, de acuerdo con la agencia de noticias Sputnik.

RELACIÓN BILATERAL

Putin ha calificado de «franca y nutrida» la conversación con Xi sobre «temas más importantes de la asociación estratégica ruso-china». La relación bilateral, ha afirmado, «ha alcanzado –sin exageración alguna– un nivel sin precedentes».

En la misma línea, Xi ha valorado que los lazos entre Moscú y Pekín han superado la prueba del tiempo. «Paso a paso hemos logrado llevar nuestras relaciones al nivel más alto en la Historia (…) No hay límite para mejorar nuestras relaciones», ha afirmado.

El presidente chino, que se encuentra en Rusia por una visita de Estado que se desarrollará entre el 5 y el 7 de junio con el motivo del 70º aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países, ha confiado en que su estancia sea «fructífera».

Brasil supera los 65.000 homicidios de 2017 y alcanza un récord histórico

Río de Janeiro.- (EFE).- Brasil alcanzó la cifra de 65.602 homicidios en 2017, lo que supone una media de 31,6 muertes violentas por cada 100.000 habitantes que hacen que el gigante sudamericano alcance su récord histórico, según los datos divulgados este miércoles por el Atlas de la Violencia de 2019.

El atlas, resultado de un estudio realizado por el Instituto de Búsqueda Económica Aplicada (Ipea) y el Fórum Brasileño de Seguridad Pública, revela los datos que contextualizan la creciente ola de violencia que vive el país y salen a la luz en plena polémica del gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro, que promueve la flexibilización del porte de armas.

El perfil con mayor posibilidad de muerte violenta en Brasil corresponde a un hombre joven, negro y soltero, lo que demuestra una fuerte desigualdad por cuestión de etnia; el 75 % de las víctimas de homicidio en 2017 eran negras o mulatas.

La tasa de víctimas negras por homicidio creció un 33,1 % frente al 3,3 % de las personas no negras; el estado de Rio Grande del Norte, con 87 muertos por cada 100.000 habitantes negros, encabeza la lista al superar la media nacional.

«Hay un crecimiento de las desigualdades por raza, los negros mueren más y esa diferencia crece, el racismo tiene que ser encarado de frente en la sociedad», apuntó el coordinador del Atlas, Daniel Cerqueira.

Asimismo, el informe alerta sobre el aumento de jóvenes muertos, que produce un envejecimiento de la población y supone un obstáculo en el desarrollo social del país; en 2017 un total de 35.783 jóvenes de entre 15 y 29 años fallecieron, lo que supone una cifra récord en los últimos 10 años.

Otro de los puntos más destacados del informe es el aumento de feminicidios, que alcanzan la cifra de 13 por día; en 2017 se registró el dato más alto de los últimos diez años de mujeres asesinadas, 4.936, siendo el 66 % de ellas negras.

En este punto, Cerqueria explicó que en los últimos años hubo una disminución de los homicidios de mujeres fuera de las residencias, pero dentro de ellas el aumento fue considerable, en la mayoría de los casos por arma de fuego.

En este sentido, añadió que «tener un arma de fuego en casa, al contrario de lo que la gente piensa, aumenta la posibilidad de homicidio, accidente o suicidio y no la seguridad», lo que supone una objeción al decreto promovido por Bolsonaro sobre la flexibilización de armas.

«Estamos muy preocupados porque existe evidencia científica al respeto, la flexibilización de armas aumenta los homicidios, una política que facilita la difusión de ramas de fuego va a tener consecuencias», apuntó.

Además, el informe abarca una sección sobre la violencia contra la población LGTBI, que presenta un aumento de homicidios del 127 %; en la mayoría de los casos los autores del crimen son hombres y las víctimas son homosexuales o bisexuales de sexo femenino.

En este punto, Cerqueira denunció que la falta de datos que reflejen la situación del colectivo es un «apagón estadístico» que supone «una invisibilidad de la violencia homofóbica en Brasil».

La guerra por nuevas rutas de narcotráfico, el aumento de producción de cocaína de Perú y Bolivia, que dejan a Brasil como corredor para el mercado europeo y africano y los conflictos entre facciones también influyen notablemente en el crecimiento de la violencia letal del país.

El Supremo de Venezuela ordena a un medio a pagar una millonaria indemnización a Cabello

Caracas.- (EFE).- El Tribunal Supremo de Venezuela (TSJ) condenó al medio digital La Patilla a pagar más de 5 millones de dólares al número dos del chavismo, Diosdado Cabello, por causarle supuestos «daños morales» al reproducir un reportaje que lo vinculaba con el narcotráfico, informó este martes el periódico.

De acuerdo con el portal, que divulga una sentencia de la sala de casación civil que el TSJ aún no hace pública, el Supremo ordenó que se pague a Cabello 30.000.000.000 de bolívares, que a la tasa de cambio oficial equivalen a unos 5.081.472,94 dólares.

En abril de 2015, Cabello anunció la presentación de esta demanda contra accionistas, directores, consejo editorial y dueños de La Patilla y de los diarios locales Tal Cual y El Nacional luego de que estos medios reprodujeran en enero de ese año un texto del diario español ABC.

En dicho artículo se informaba que Cabello estaría siendo investigado por la Justicia estadounidense por supuestos vínculos con el narcotráfico.

Cabello, líder de la Asamblea Nacional Constituyente -un órgano que no reconocen numerosos gobiernos del mundo- y primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), no se pronunció de inmediato sobre la decisión del Supremo.

«Diosdado (Cabello), tu terrorismo judicial no me amilana y no exonera tus crímenes», dijo al respecto el fundador de La Patilla, Alberto Federico Ravell, quien también actúa como presidente del Centro Nacional de Comunicaciones del Gobierno interino que proclamó en enero pasado el jefe del Parlamento, el opositor Juan Guaidó.

El Supremo ordenó el pago de la indemnización al declarar «sin lugar el recurso extraordinario de casación» de La Patilla contra la demanda que interpuso Cabello contra el medio.

El periódico digital también dijo que la condena pretende «autocensurar los medios de comunicación de Venezuela», al tiempo que la consideró «terrorismo judicial».

La noticia produjo una ola de solidaridad con el medio venezolano, expresada en las redes sociales por usuarios, periodistas y políticos de la oposición.

La ONU y la CIDH creen que ley de Nicaragua no garantiza justicia a las víctimas

Washington.- (EFE).- La ONU y la CIDH consideraron este lunes que la Ley de Atención Integral a Víctimas de Nicaragua no contempla «ninguna medida» para garantizar el acceso a la justicia a los damnificados por las protestas que estallaron hace un año contra el presidente nicaragüense, Daniel Ortega.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) se posicionaron así en un comunicado.

Determinaron que esa norma, aprobada de urgencia por el Congreso nicaragüense el 29 de mayo y que hoy comenzó a aplicar el Ejecutivo, no cumple con «las normas y estándares internacionales en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición».

Al respecto observaron que, en su artículo primero, la ley dispone como objetivo regular la atención y reparación integral de las víctimas y sus familiares; pero luego el texto se limita a establecer una política general de acceso a servicios de educación, vivienda, trabajo, salud y recreación.

Diversos sectores de Nicaragua han criticado la norma porque no incluye el tema de justicia para las víctimas.

La CIDH y la OACNUDH coinciden con ese análisis y aseguran que «pese a ser parte de su exposición de motivos, la ley no contempla ninguna medida para garantizar el derecho a las víctimas y sus familiares para acceder a la justicia».

Por ello, los dos entes reiteraron su preocupación por la «falta de voluntad» del Estado para esclarecer la «verdad» respecto a las «graves violaciones de derechos humanos» ocurridas en el contexto de las protestas que comenzaron el 28 de abril de 2018 y que dejaron centenares de muertos.

Asimismo, los dos organismos lamentaron la aprobación expedita de dicha ley y la «ausencia» de un proceso abierto, transparente y de consulta con la sociedad civil y las víctimas, algo que consideran «indispensable» para garantizar la «continuidad, legitimidad y vigencia» de cualquier programa o ley de reparación.

También criticaron que la ley se refiera a las protestas como un «intento fallido de golpe de Estado» porque consideran que esa «narrativa» que ha sido usada por el Gobierno solo «estigmatiza, revictimiza y descalifica a las víctimas de la represión estatal y sus familiares».

Tanto la CIDH como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) han responsabilizado al Gobierno de «más de 300 muertos», así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros abusos contra los manifestantes y opositores.

Entretanto, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), tutelado por la CIDH, asegura que existen pruebas para argumentar que el Gobierno de Ortega ha incurrido en delitos de lesa humanidad en el marco de esa crisis.