(AFP).- Un universitario iraní especialista en células madre está detenido sin juicio en Estados Unidos desde hace siete meses, informan este domingo varios medios iraníes, entre ellos la agencia oficial Irna que acusa de Washington de retener al científico como «rehén».

Masud Soleimani, profesor en la Universidad Tarbiat Modares de Teherán viajó a Estados Unidos el 22 de octubre de 2018 para efectuar trabajos de investigación, según indica Irna, que cita a su hermano Rasul Soleimani.

Pese a que «se le había concedido un visado, fue detenido a su llegada al aeropuerto de Chicago por una razón desconocida, antes de ser enviado a prisión en Atlanta», agrega la agencia, que añade que «Masud Soleimani es rehén del gobierno estadounidense».

Según Irna, la familia ha quedado sin noticias del profesor Soleimani «durante varios meses», hasta que contrató a un abogado en Estados Unidos.

Citando al hermano del universitario, Irna agrega que Soleimani, de 49 años, compareció por primera vez ante la justicia, pero no se tomó entonces ninguna decisión «definitiva».

Según la agencia semioficial Isna, que cita a Mohamad Taghi Ahmadi, rector de la universidad Tarbiat Moddares, su colega está acusado de «compra y pedido de una sustancia química relacionada con tests hematológicos».

Para Taghi Ahmadi estas acusaciones son «ridículas e inaceptables», y la detención de Soleimani es «una operación de acoso» escribe Isna.

(Sputnik).- La Fiscalía ecuatoriana dispuso que solo los miembros de la comitiva oficial del Estado ecuatoriano y un representante legal de Julian Assange podrán asistir al registro de la habitación de este último en la embajada de Ecuador en Londres, programado para el próximo día 20 de mayo.

“Lamentamos no poder atender la petición para la intervención de otros funcionarios distintos a la comitiva oficial del Estado ecuatoriano y del representante legal del señor Julian Assange o su delegado”, dice el escrito fechado del día 17 y firmado por Fernando Guerrero Escobar, fiscal encargado en la Unidad Nacional Especializada en Investigación contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la Fiscalía ecuatoriana.

En el documento, proporcionado a esta agencia por el abogado de Assange en Ecuador, Carlos Poveda, se señala, asimismo, que “la diligencia que practicará la Fiscalía General del Estado de Ecuador es de Reconocimiento del Lugar, la verificación e incautación de indicios documentales, físicos y soportes de contenido digital”.

“No se realizará la explotación de información que contengan dichos soportes magnéticos (USB,DVD,CPU, etc)”, se precisa en el texto.

El propio Poveda reveló antes a esta agencia que recibió el 10 de mayo una notificación respecto a la intención de realizar el día 20, a horas de la mañana, una incautación de “las evidencias de la habitación en donde vivía o habitaba el señor Assange”.

Poveda manifestó su rechazó al procedimiento, que se realizará en el marco de la cooperación en materia de asistencia penal recíproca entre Ecuador y EEUU, y afirmó que era ilegal, argumentando, en particular, que el equipo de defensa de Assange no fue notificado debidamente sobre las diligencias para poder realizar el registro.

El letrado insistió, además, que la intervención de la antigua habitación de Assange debería realizarse en presencia del propio ciberactivista ante la posibilidad de que se puedan “implantar evidencias”.

El doctor Poveda denunció también que los problemas de tramitación del visado del Reino Unido imposibilitan su presencia personal durante el registro.

“Toda esta afectación invalida toda la situación de cadena de custodia y el acceso a las evidencias”, afirmó Poveda, al tiempo de insistir que Assange sigue siendo nacional ecuatoriano.

En 2012, Assange se refugió en la sede diplomática ecuatoriana tras perder todas las apelaciones contra la extradición que el Reino Unido se aprestaba a cumplir, accediendo al pedido de la Fiscalía sueca que lo requería para investigarlo por presuntos delitos sexuales.

El ciberactivista rechazaba su extradición alegando que Suecia lo entregaría a EEUU, donde podía enfrentar la pena capital por haber publicado miles de documentos secretos sobre las operaciones del Ejército estadounidense en Irak y Afganistán.

La investigación preliminar contra Assange en Suecia, por la presunta violación, fue descontinuada en 2017, ante la escasa posibilidad de conseguir que compareciera ante el tribunal, entre otros factores.

Ecuador anuló el asilo al ciberactivista australiano el pasado 11 de abril.

El 1 de mayo pasado el tribunal londinense de Southwark sentenció a 50 semanas de prisión a Assange por burlar las condiciones de su libertad en junio de 2012 y un día después comenzó en la corte de magistrados de Westminster una vista para atender una solicitud de extradición interpuesta por EEUU.

El pasado día 13, la Fiscalía sueca reabrió la investigación preliminar del caso por la presunta violación archivado hace dos años y anunció que solicitará al Reino Unido la extradición de Assange a Suecia.

Bogotá.- (EFE).- Un juez de control de garantías formalizó este domingo la recaptura del exjefe de las FARC Jesús Santrich, quien fue detenido el viernes segundos después de salir de prisión, pero la Procuraduría (Ministerio Público) apeló la decisión, informó la Fiscalía de Colombia.

«Juez de control de garantías (…) legalizó la captura de Seuxis Paucias Hernández Solarte (alias ‘Jesús Santrich’). Procuraduría apeló la decisión», detalló la Fiscalía en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, en el que no precisó el motivo de la apelación del Ministerio Público.

El exlíder guerrillero se encuentra en el Hospital Méderi, de Bogotá, a donde fue trasladado ayer, según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, por «alteración del estado de conciencia y signos neurológicos positivos».

No obstante, el centro médico detalló en un comunicado que Santrich se encuentra «clínicamente estable» y «se le está brindando todo el apoyo científico que su condición médica requiere».

El exguerrillero, que tiene problemas de visión, salió de la cárcel la Picota, de Bogotá, en una silla de ruedas y rodeado por agentes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), la Fiscalía y la Policía.

Esto ocurrió en cumplimiento de una orden de «libertad inmediata» librada el miércoles por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que le concedió la garantía de no extradición por no contar con pruebas suficientes del caso.

Sin embargo, nada más traspasar la puerta principal, agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía volvieron a detenerlo y lo devolvieron a La Picota desde donde minutos después fue sacado en un helicóptero de la Policía que lo condujo al búnker de esa entidad.

En ese sentido, la Fiscalía manifestó hoy que las audiencias de «imputación de cargos y de medida de aseguramiento» contra el exjefe de las FARC fueron programadas para el lunes.

Santrich fue detenido en Bogotá el 9 de abril de 2018 por la Fiscalía colombiana acatando los cargos de EE.UU. por narcotráfico, delito que, según la denuncia, cometió después de la firma de la paz.

En caso de que esa denuncia sea cierta, su caso quedaría en manos de la justicia ordinaria y no de la JEP, el mecanismo de justicia transicional creado para juzgar los crímenes cometidos durante el conflicto armado colombiano.

Entre tanto el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) pidió al presidente colombiano, Iván Duque, que reciba a una delegación de ese movimiento para «exponerle personalmente» sus inquietudes tras la detención de Santrich, que calificaron de «ilegal».

Managua.- (EFE).- Una alianza opositora exigió este domingo al Estado de Nicaragua responder por la desaparición de la líder estudiantil Zayda Hernández, quien se encuentra desaparecida desde el viernes cuando intentaba participar en un plantón en el marco de la crisis que vive el país desde abril del año pasado.

«La Alianza Cívica hace un llamado al Gobierno de Nicaragua a responder ante los llamados de búsqueda del paradero de la activista Zayda Hernández», demandó ese grupo opositor, que es la contraparte del Ejecutivo en la mesa de negociación que se instaló el pasado 27 de febrero con el fin de buscar una salida a la crisis.

La alianza opositora destacó que Hernández es una activista que participó en la primera mesa del fallido diálogo nacional, que se desarrolló entre mayo y julio del año pasado, y fue miembro de la Alianza Cívica.

Como activista participó en giras internacionales denunciando los abusos del régimen, indicó.

«Desde su regreso del exilio hace unos meses, ha estado participado en actividades y plantones. Exigimos una respuesta, al cumplirse ya más de 48 horas de su desaparición», instó.

La Alianza Cívica señaló que Hernández fue vista por última vez el viernes a las 14.15 horas (20.15 GMT) en las inmediaciones del portón este de la Catedral de Managua, «caminando frente a la presencia de un fuerte contingente policial».

«Este hecho se corrobora por la publicación de un vídeo en redes sociales donde una persona afín al régimen le grita improperios, para luego documentar, en el mismo vídeo, la presencia policial mencionada», añadió.

La Alianza Cívica clamó para que Hernández aparezca «sana y salva».

Por su lado, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, publicó un tuit en el que aparece en una fotografía junto con la joven y demandó al Estado esclarecer el caso.

«Es imperativo y responsabilidad del Estado nicaragüense esclarecer la desaparición de Zayda Hernández. Se debe realizar todo lo necesario para que Zayda pueda regresar con los suyos en forma inmediata», exigió Almagro en el tuit.

Según la Coalición Universitaria nicaragüense, tanto el Gobierno como la Policía Nacional les «han dicho que no tienen secuestrada» a la activista, de 25 años.

Minutos antes de su desaparición, Hernández publicó un video en la red social de Facebook a las 12.42 horas del viernes (18.42 GMT) en la que informaba que la «Policía sandinista se encuentra en este momento rodeando todo el perímetro de la Catedral de Managua».

«Una simple manifestación es motivo suficiente para un despliegue policial. Están ubicados en cada entrada del templo interrogando a todos los que quieren ingresar», anotó.

Nicaragua enfrenta su peor crisis en décadas que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha dejado 325 muertos desde abril del año pasado.

Otros organismos locales cifran en 593 los fallecidos, mientras que el Gobierno de Ortega reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.

La CIDH también cuenta al menos 809 «presos políticos», más del doble de los que reconoce el Gobierno, que lo denomina «terroristas», «golpistas» o «delincuentes comunes».

Miami.- (EFE).- El venezolano Carlos Vecchio, el representante diplomático de Juan Guaidó en EE.UU., se reunirá este lunes en el sur de Florida con el almirante Craig Faller, jefe del Comando Sur, para abordar cómo restaurar la democracia en el país latinoamericano.

En el encuentro, solicitado por Vecchio y siguiendo instrucciones de Guaidó, se conversará sobre la cooperación militar destinada a «aliviar» el sufrimiento del pueblo venezolano y «restablecer» la democracia.

El encuentro previsto en la sede del Comando Sur, ubicada en Doral, ciudad aledaña a Miami, se da tras la carta que Vecchio envió el pasado 11 de mayo (y que se hizo pública dos días después) a Faller y a quien confirma la disposición de Guaidó para «comenzar las conversaciones respectivas a la cooperación que ha sido ofrecida por su comando».

El objetivo, dijo Vecchio en Twitter, es «avanzar en planificación estratégica y operativa con el fin prioritario de aliviar sufrimiento del pueblo venezolano y restaurar democracia».

En su misiva, el enviado de Guaidó aseguró que «las condiciones en Venezuela empeoran, como consecuencia del régimen corrupto, incompetente e ilegítimo del usurpador Nicolás Maduro, las cuales trágicamente, tienen consecuencias sobre la seguridad nacional en Venezuela, así como en los países vecinos».

Este mismo mes, el almirante Faller se mostró dispuesto a conversar con el enviado de Guaidó sobre el apoyo de EEUU «a aquellos líderes de la Fuerza Armada Nacional que tomen la decisión correcta, que respeten a los Venezolanos y se restaure el orden constitucional».

El Comando Sur es el responsable de las Fuerzas Armadas estadounidenses en Latinoamérica y el Caribe.

Venezuela atraviesa un pico de tensión política desde el pasado enero, cuando Maduro juró un nuevo mandato de 6 años que no reconoce la oposición y parte de la comunidad internacional y, en respuesta, Guaidó se proclamó presidente interino del país.

EE.UU. fue la primera nación, entre más de cincuenta, en reconocer a Guaidó como jefe de Estado y, desde entonces, ha tratado de presionar a Maduro con la revocación de visados a funcionarios venezolanos y sanciones a la empresa Petróleos de Venezuela (Pdvsa), principal fuente de divisas para Caracas.

Además, el presidente de EE.UU., Donald Trump, lleva meses insistiendo en que «todas las opciones», incluida la militar, «están sobre la mesa» para resolver la situación en Venezuela.

La reunión del lunes en Doral se da en medio de conversaciones de cara a un diálogo entre el Gobierno venezolano y la oposición, con intermediación de Noruega, si bien Guaidó ha enfatizado que ello debe conducir al «cese de la usurpación» que considera que hace Maduro de la Presidencia.

De hecho, el jefe del Parlamento venezolano aseguró el sábado durante un mitin que el Gobierno de Nicolás Maduro está «tan débil» que quiso «manipular» con un diálogo con la oposición.