(AP).- Miles de guatemaltecos bloqueaban el lunes varias carreteras del país en rechazo a la decisión del presidente Jimmy Morales de finalizar el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala y las acusaciones de hechos de corrupción de su administración.

Los bloqueos comenzaron por la mañana en los departamentos de Alta Verapaz, Quiché, Quetzaltenango, Totonicapán, Chiquimula y Petén, indicó Daniel Pascual, líder indígena y campesino. Mientras tanto, una manifestación avanzaba por la capital guatemalteca.

Los bloqueos coinciden con la entrega del tercer informe de gobierno de Morales, que blindó el centro histórico de la capital con miles de policías y militares para evitar que los manifestantes puedan acercarse hasta el Congreso.

La Alta Comisionada de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, emitió un comunicado de prensa en el que exhortó al gobierno guatemalteco a garantizar la libertad de expresión y opinión y el derecho a la reunión pacífica y de asociación.

“La libertad de expresión, sin temor a represalias e intimidación, es la columna vertebral de la democracia”, dijo Bachelet y agregó que “una cultura de derechos humanos y de paz se fortalece cuando diversos grupos sociales pueden expresarse en el espacio público y ejercer sus derechos libremente”.

Esta es la segunda muestra de rechazo de la población a la decisión de Morales anunciada el 7 de enero de poner fin de manera unilateral e inmediata a la Comisión pese a que él mismo había firmado en 2016 que permanecería en el país hasta septiembre de 2019.

Morales sostiene que la Comisión, dirigida por el abogado colombiano Iván Velásquez, realiza investigaciones ideologizadas y selectivas por lo que mantiene un constante ataque contra el trabajo de ese organismo de la ONU que investiga a los cuerpos clandestinos y de seguridad incrustados en el Estado guatemalteco y que realizan actos criminales y de corrupción.

El viernes Velásquez hizo pública la respuesta a las críticas de Morales y respondió los ataques en una carta enviada al secretario General de las Naciones Unidas.

“Con mayor intensidad desde la presentación de casos que implican a sectores políticos y económicos de alto poder, las campañas de desprestigio, difamación y amenaza (contra la Comisión) se han incrementado”, expuso.

Morales se distanció de la Comisión en enero de 2017 cuando ésta y la fiscalía detuvieron al hijo y hermano del presidente por el uso de documentos y facturas falsos para la compra de canastas navideñas de una institución pública que se pagaron pero no se entregaron.

En agosto de ese año Morales comenzó a atacar a la Comisión cuando junto a la fiscalía pidieron el retiro de la inmunidad del presidente por financiamiento anónimo del partido que lo llevó al poder en 2015. Pero Morales fue protegido por el Congreso, que evitó que fuera investigado.

En respuesta, Morales declaró persona no grata y expulsó del país a Velásquez, pero la Corte de Constitucionalidad suspendió la expulsión.

La Corte de Constitucionalidad ha sido la única institución que ha frenado las intenciones del gobierno de acabar con la Comisión al bloquear también la decisión de finalizar su mandato.

Durante los 11 años que ha estado en Guatemala la Comisión ha ayudado en la desarticulación, junto al Ministerio Público, de más de 60 organizaciones criminales, logrado las condenas de0 más de 300 personas y mantiene sujetas a proceso a otros 600 acusados.

(EFE).- El presidente venezolano, Nicolás Maduro, anunció hoy el incremento en un 300 % del salario mínimo, que pasó de 4.500 hasta los 18.000 bolívares, al tiempo que anunció que su Administración continuará asumiendo el pago de las nóminas de las empresas privadas para evitar que esta subida alimente la inflación.

«El salario mínimo nacional estará en medio petro: 18.000 bolívares soberanos para la clase trabajadora de Venezuela», dijo Maduro durante su discurso anual a la nación, que pronunció ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), un foro integrado solo por oficialistas y no reconocido por numerosos gobiernos.

Con este aumento, el salario mínimo pasó de 5,22 dólares a 20,9 dólares según la tasa oficial de cambio, lo que mantiene a los casi 4.000.000 de trabajadores que lo perciben en situación de pobreza extrema según Naciones Unidas, que fijó en 1,20 dólares diarios el umbral de la miseria.

(AFP).- Con pancartas de «dictador» y «usurpador», un centenar de venezolanos repudiaron este domingo en el centro de Madrid a Nicolás Maduro, quien asumió un nuevo mandato presidencial desconocido por la oposición y buena parte de la comunidad internacional.

«¿Quiénes somos? Venezuela. ¿Qué queremos? Libertad» y «Maduro dictador», coreaban los manifestantes en la Puerta del Sol, en pleno corazón de la capital española.

También gritaron «Guaidó presidente», en apoyo a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, que declaró a Maduro «usurpador» luego de que el mandatario socialista asumiera el jueves su nuevo periodo de seis años.

«Es una situación difícil, le pedimos al mundo ahora más que nunca que no nos dejen solos» frente a «las mafias que han asaltado el poder» en Caracas, afirmó a periodistas el ex alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, instalado en Madrid desde que huyó de su arresto domiciliario a finales de 2017.

«El mundo sabe que Maduro no es legítimo porque no ha sido electo, las elecciones fueron espurias», señaló a la AFP Pedro Ontiveros, un venezolano de 74 años vestido con gorra y bufanda con los colores de la bandera de Venezuela, amarillo, azul y rojo.

En medio de la peor crisis económica de la historia reciente venezolano, Maduro fue reelegido en mayo en comicios boicoteados por los principales partidos opositores, que los denunciaron como un fraude, y desconocidos por Estados Unidos, la Unión Europea y varios países latinoamericanos.

Managua.- (EFE).- Un organismo humanitario nicaragüense instó hoy a los altos funcionarios del Gobierno del presidente Daniel Ortega renunciar a sus cargos «y no continuar acumulando responsabilidades penales» como consecuencia de la crisis sociopolítica que vive el país y que ha dejado cientos de muertos desde abril pasado.

«Le hacemos un llamado a los funcionarios públicos principales del Estado de Nicaragua a que renuncien inmediatamente a sus cargos y no continuar acumulando responsabilidades penales», abogó la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) en un comunicado, leído por su secretario ejecutivo, Álvaro Leiva, en redes sociales.

Esa ONG, crítica con el Ejecutivo, advirtió que «el brazo de la justicia de los derechos humanos llegará hasta el último rincón de Nicaragua para una investigación, seguimiento y castigo de los responsables que han cometido delitos de lesa humanidad y genocidio para garantizar la justicia e indemnización a las víctimas de este periodo de terror».

Leiva, que se encuentra exiliado en Costa Rica, destacó la renuncia del magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Nicaragua, Rafael Solís, en la que, a su juicio, aceptó «que si hubo una brutal represión de parte de la Policía Nacional y grupos paramilitares dirigidos por el régimen Ortega-Murillo en contra de la población civil».

También, según la ANPDH, el exmagistrado aceptó en su carta de renuncia «la existencia de una masacre estatal en contra de la población civil nicaragüense, por ejercer su derecho constitucional y humano de protestar cívica y pacíficamente», y que la decisión de reprimir vino de la pareja presidencial Ortega-Murillo.

Solís, padrino de bodas de Ortega y la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, sostuvo en una carta de renuncia a su magistratura en la Corte Suprema que «no hubo tal golpe de Estado, ni agresión externa», a como denuncia el Ejecutivo, «sino un uso irracional de la fuerza» por parte del Estado.

Solís era considerado el operador político del sandinismo en el Poder Judicial y fue uno de los jueces que declaró en octubre de 2009 «inaplicable» el artículo de la Carta Magna que impedía la reelección presidencial continua y limitaba a dos el número máximo de mandatos de un presidente, lo cual allanó el camino para que Ortega optara a la reelección en los comicios de 2011 y luego en 2016.

El exjuez acusó a los dignatarios de no actuar con sensatez y cordura en la crisis que vive el país desde el 18 de abril pasado, sino más bien con el afán de imponer un «Estado de terror» con el uso excesivo de fuerzas parapoliciales.

También que bajo el Gobierno de Ortega y Murillo «no existe derecho alguno que se respete» y que se está consolidando en el país «una dictadura con caracteres de monarquía absoluta de dos reyes que han hecho desaparecer todos los poderes del Estado, dejando al mismo Poder Judicial reducido a su más mínima expresión».

Además, reprochó que en medio de la crisis estén enjuiciando a una gran cantidad de detenidos «con una serie de acusaciones absurdas sobre delitos que nunca cometieron».

Nicaragua sufre una grave crisis que ha dejado 325 muertos desde abril, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos elevan a 561 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.

Jerusalén.- (EFE).- Israel anunció hoy el descubrimiento de un nuevo túnel transfronterizo, el sexto del que se ha informado a la población, que la milicia chií Hizbulá habría excavado desde Líbano hasta su territorio, tras el que da por completada la operación Escudo Norte lanzada en diciembre contra estas infraestructuras.

El subterráneo «más largo y preciso» encontrado hasta ahora, fue hallado hace doce horas, destacó el portavoz militar israelí, teniente coronel Jonathan Conricus, en una rueda de prensa telefónica con varios periodistas, entre ellos Efe.

El túnel comienza en una vivienda particular en la villa libanesa de Ramyeh, se extiende unos 800 metros dentro del país y unas decenas de metros, unos 55, en Israel; tiene aproximadamente un metro de ancho y dos de alto, sistema de ventilación y electricidad, y se procederá a su neutralización en los próximos días, explicó Conricus.

«Hemos alcanzado el objetivo que establecimos al comienzo. El objetivo era detectar, exponer y neutralizar los corredores transfronterizos de Hizbulá», señaló el portavoz y añadió que, según los informes de inteligencia, «no hay más túneles transfronterizos de ataque», por lo que dio por «completada» la operación.

Sin embargo, el Ejército seguirá trabajando en la frontera norte, aseguró.

Israel responsabiliza al Gobierno libanés de consentir lo que considera una violación de su soberanía y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyau, declaró que dichos subterráneos «no son solo un acto de agresión, son un acto de guerra», después del comienzo de la operación el pasado 4 de diciembre.

La Fuerza de Paz de la ONU en el Líbano (FINUL), encargada de supervisar la situación en la Línea Azul tras la guerra entre Israel y Hizbulá en 2006, ha confirmado que al menos dos de los túneles encontrados cruzan la demarcación, lo que constituye una violación de la resolución 1701 de la ONU.

Ésta prohíbe la presencia de cualquier grupo armado al sur del río Litani, a excepción de las Fuerzas Armadas Libanesas.

El jefe de la Seguridad General libanesa, general Abás Ibrahim, declaró recientemente que los túneles «se remontan a hace años», sin precisar quienes los excavaron, y protestó que Israel «sabía que esos túneles existían y los está utilizando ahora por motivos políticos ya que quiere desviar la atención sobre las acusaciones de corrupción contra él (Netanyahu) y su esposa», Sara.