(Por.- Federico Rivas Molina.- EL PAÍS).- La reunión de ministros de Finanzas del G-20 en Buenos Aires ha tenido también un alto contenido político. Tras una reunión mantenida por fuera del encuentro oficial, unos diez países acordaron que pedirán al Fondo Monetario Internacional (FMI) recursos para asistir a los más de dos millones de venezolanos que han dejado el país durante el chavismo. El dinero no ingresará a Venezuela, sino que irá a parar a los países de acogida, sobre todo en aquellos fronterizos donde la situación es crítica, como Colombia, donde los servicios migratorios ha registrado a 340.000 venezolanos.

Paralelo a la ayuda a los refugiados, los países se comprometieron a presionar en forma bilateral al Gobierno de Nicolás Maduro. La posibilidad de aplicar sanciones a Venezuela es un tema recurrente en la región, pero cualquier estrategia comùn chocó con los países del eje bolivariano, con Bolivia y Ecuador a la cabeza. Argentina ha sido uno de los principales impulsores. En julio del año pasado, durante la cumbre de presidentes del G-20 realizada en Hamburgo, Alemania, Mauricio Macri pidió que el grupo pusiera especial atención “en la violación de los derechos humanos en Venezuela”. Ahora, como país anfitrión, decidió avanzar en ese sentido.

De la reunión organizada en el ministerio de Finanzas, a metros de la Casa Rosada en Buenos Aires, participaron los representantes de todos los países europeos del grupo, además de EEUU y Japón. Argentina sumó además a México, miembro pleno del G-20, y a Perú, Colombia, Chile y Paraguay. De las discusiones salió la propuesta que en abril todos acercarán al FMI en Washington, donde se realizará la reunión de primavera del organismo, y la decisión de impulsar sanciones.

El ministro de Hacienda de Brasil, Henrique Meirelles, dijo en rueda de prensa que su país, por ejemplo, exigirá a Caracas la cancelación de una deuda de 1.300 millones de dólares y “otros países demandarán sus respectivos pagos”. Marcó así diferencias con China y Rusia, ausentes en la reunión, que “buscan una moratoria que suspenda los pagos venezolanos”. Sobre la ayuda a los refugiados, Meirelles aclaró que el dinero no será para el Gobierno de Maduro, sino “para asistir a las decenas de miles de refugiados que dejaron el país caribeño”. Sólo en Brasil han cruzado la frontera 40.000 personas, al punto el Gobierno de Michel Temer duplicó en febrero pasado la presencia militar en el estado de Roraima. “Hubo consenso sobre Venezuela y vamos a intentar influenciar de todas formas posibles una solución, en particular a la crisis humanitaria”, dijo el ministro brasileño.

Un vocero del FMI dijo más tarde a EL PAÍS que el organismo «entiende que esta idea tiene como objetivo ayudar a los países vecinos con Venezuela a lidiar con la afluencia de refugiados». «Siempre estamos dispuestos a ayudar a nuestros miembros a enfrentar circunstancias adversas imprevistas, utilizando nuestras diferentes herramientas. Esperamos discusiones posteriores en las cuales nos involucremos «, explicó.

En representación de Estados Unidos participó el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin. En un comunicado, su oficina de prensa dijo que en la reunión buscaron «abordar la tragedia económica y humanitaria» en Venezuela y pidieron por «elecciones libres, justas y duraderas».

(Por.- Jan Martínez Ahrens.- EL PAÍS).- Contra la muerte, más muerte. El presidente Donald Trump apeló hoy en New Hampshire a la pena capital para los traficantes de drogas como freno a la terrible epidemia de sobredosis que barre Estados Unidos y que solo el año pasado segó más vidas que toda la Guerra de Vietnam. La petición, que será incorporada por la fiscalía federal, vino acompañada de la amenaza de demandas civiles y criminales contra las farmacéuticas, cuya producción y venta masiva opiáceos para el dolor son el detonante de la crisis sanitaria. «Tenemos que ser duros con los traficantes de droga y esto incluye la pena de muerte. Ellos acaban con la vida de miles de personas y solo reciben multas o condenas menores. Pero si alguien mata a una persona, se le condena con cadena perpetua o a la pena capital. Ganaré esta batalla», clamó el mandatario.

Trump atacó un problema que sabe profundo y creciente. El año pasado murieron por sobredosis en EEUU 63.600 personas, siete veces más que en toda la Unión Europea Noruega y Turquía. El 66% de estos fallecimientos se debió a los opiáceos. Pero no se trata solo de heroína, sino también de fármacos de prescripción. En 15 años, según el Centro de Prevención y Control de Enfermedades, las recetas de opiáceos contra el dolor se han triplicado. Solo el año pasado se distribuyeron 6.200 millones de pastillas de hidrocodona (Vicodin) y 5.000 millones de oxicodona (Percocet). Se trata de un enorme negocio que nadie ha querido frenar. En el país hay ahora mismo dos millones de adictos y, como revela un estudio de Jama Psychiatry, el 75% de los heroinómanos empezó con estos analgésicos opioides.

A ello se suma la mejora de la producción y tráfico de opio. Las montañas de Sinaloa y Guerrero se han vuelto los principales semilleros de América. Y los cárteles han empezado a sintetizar en masa los aditivos que disparan las sobredosis, sobre todo, el fentanilo, 50 veces más potente que la heroína.

El resultado es devastador. El coste económico, según la Casa Blanca, es de 500.000 millones al año (casi la mitad del PIB español), la esperanza de vida ha descendido y los decesos han aumentado hasta tal punto de que en pequeños condados como Butler (Ohio) se registra una tasa de mortalidad por esta causa 60 veces superior a la española.

Todo ello ha llevado a declarar la emergencia sanitaria y a preparar un plan de acción gubernamental. Para presentarlo, Trump eligió una de las zonas más castigadas, New Hampshire. El paquete de medidas parte de un triple enfoque: reducir la prescripción de opiáceos legales, endurecer la represión y facilitar los tratamientos de deshabituación.

Para aminorar el uso y abuso de fármacos, la Casa Blanca propone combinar campañas de concienciación, mejorar la investigación y, sobre todo, recortar las recetas un 33% en tres años. Para ello, se va a exigir que las prescripciones a cargo del erario federal se ajusten a un código de buenas prácticas.

En la vía persecutoria, el plan de Trump proponer aumentar la vigilancia en fronteras y presionar a China y México para reducir el tráfico de heroína y precursores. «El muro servirá para mantener las drogas fuera», afirmó Trump.

Otro apartado se dirige a “desplegar una estrategia agresiva” tanto por la vía civil como la criminal contra los doctores, productores y distribuidores de opiáceos que no cumplan la ley. Esta medida puede tener enormes implicaciones en tanto que las farmacéuticas y comercializadoras, al igual que ocurriera con la industria del tabaco en los años noventa, ya se enfrentan a cientos de demandas públicas y privadas por haber fomentado la adicción de los pacientes. «Da igual que seas traficante, médico o fabricante, si vendes veneno te perseguiremos y te haremos responsable», dijo el presidente.

El punto más polémico de la iniciativa recae en la petición de la pena de muerte. No es algo extraño en Trump. En más de una ocasión, ha manifestado su querencia por la pena capital para los narcotraficantes. “Algunos países aplican la pena máxima y tienen menos problemas de drogas que nosotros”, ha llegado a decir.

En esta línea, el Departamento de Justicia pedirá la ejecución de los traficantes de drogas “donde sea apropiado bajo la ley actual”. Este endurecimiento de los criterios de la fiscalía ha generado dudas entre los expertos. Para la Casa Blanca se trata de una directriz que tendrá que dirimirse en los juzgados. «Hemos de ser duros, es lo que temen y son mala gente. Si no lo hacemos perdemos el tiempo. Y no estoy dispuesto», afirmó.
Dejar morir al toxicómano

La naxolona es el salvavidas de los toxicómanos. En caso de sobredosis, su administración la revierte fulminantemente. Y en un país de donde se registraron en 2016 más de 1,3 millones de atenciones hospitalarias por opiáceos, su uso se ha extendido como la pólvora. Pero también ha encontrado la resistencia de quienes, hartos de tratar a heroinómanos, prefieren verlos morir. Eso ocurrió en el condado de Butler (Ohio), donde la policía se negó a facilitarlo e incluso algunos concejales pidieron que no se diera tratamiento a los toxicómanos si eran reincidentes y no podían pagarlo. “No ataca la raíz del problema: sólo lo prolonga”, argumentaba el sheriff local.

La enorme polvareda levantada por esta inhumana negativa ha llegado a la Casa Blanca. Y ha hallado respuesta. En su plan antidrogas, el presidente disipa cualquier duda y promueve el uso de la naxolona en todos aquellos que traten con drogadictos.

(EFE).- El diputado Adolfo «Beby» Valderrama presentó hoy ante el pleno del Parlamento un anteproyecto de ley para crear el registro nacional de pedófilos y agresores sexuales, luego de que este fin de semana un fotógrafo de prensa panameño fue condenado a 10 años de cárcel como culpable de pedofilia.

En su exposición de motivos ante el pleno legislativo, Valderrama indicó que este anteproyecto «surge ante la necesidad de frenar el aumento de casos de agresión sexual y pedofilia» en el país.

Valderrama citó cifras del Ministerio Público que dan cuenta de que solo en el mes de enero de 2018, «se han registrado 483 denuncias a nivel nacional por delitos contra la libertad e integridad sexual».

El parlamentario, del gobernante Partido Panameñista (PPa), lamentó que «a pesar que en la mayoría de los casos los agresores son condenados, éstos logran pasar desapercibidos una vez cumplida su pena, debido a que la sociedad desconoce sus antecedentes».

Por tal razón, añadió, «poder constatar la presencia o no de pedófilos y/o agresores sexuales, dentro de nuestros vecindarios, representa la primera barrera de protección frente a estos individuos».

«El espíritu de este anteproyecto de ley no es más que el de evitar que pedófilos, agresores y abusadores sexuales condenados, vuelvan a tener fácil acceso a víctimas potenciales y consumar nuevamente delitos de esta índole», remarcó.

La justicia panameña impuso el sábado una condena de 10 años de cárcel a un fotógrafo de prensa culpable de pedofilia, pero periodistas y abogados han repudiado este tipo de «arreglos» y exigieron la pena más alta por el daño moral causado a la víctima.

El fotógrafo Eduardo Grimaldo, de trayectoria nacional e internacional, aceptó los cargos y buscó un «acuerdo de pena» para «evitar exponer a la víctima a una audiencia oral», según dijo este domingo el Ministerio Público, lo cual, asegura, fue «validado» por los abogados, la familia de la menor -sobrina del delincuente- y una juez.

Además, a Grimaldo se le inhabilitó al ejercicio de funciones públicas por el mismo período, una vez cumplida la pena principal.

El pasado 6 de marzo, el parlamento panameño aprobó en tercer y último debate el proyecto de Ley 584 que sanciona a los pedófilos y los violadores con penas de hasta 18 años de prisión, que prohíbe estos acuerdos de pena y espera la sanción del presidente del país, Juan Carlos Varela.