Agnès PEDRERO. (AFP).- La forma en que los talibanes traten a las mujeres, especialmente en lo relativo a su derecho a la educación, representará una «línea roja», advirtió este martes la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
«Una línea roja fundamental será la forma en que los talibanes traten a las mujeres y a las niñas y respeten sus derechos a la libertad, la libertad de movimiento, la educación, la expresión personal y el empleo, conforme a las normas internacionales en materia de derechos humanos», dijo la responsable.
Ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que celebró una sesión especial sobre Afganistán, la expresidenta chilena consideró que «garantizar el acceso a una educación secundaria de calidad para las niñas será un indicador esencial del compromiso con los derechos humanos».
Esta sesión se celebra a instancias de Pakistán, en su calidad de coordinador de la Organización para la Cooperación Islámica (OCI) para los derechos humanos y cuestiones humanitarias, y de Afganistán, representado por Nasir Ahmad Andisha, diplomático que el antiguo gobierno había nombrado, con el apoyo de un centenar de países.
Nasir Ahmad Andisha pidió a esta instancia de la ONU que envíe «un mensaje fuerte a todas las partes, incluidos los talibanes, para hacerles entender que los ataques contra los derechos humanos tendrán consecuencias».
Durante el debate, unos sesenta países presentaron una declaración conjunta, leída por la representante española Aurora Díaz-Rato, pidiendo especialmente «el fin inmediato de los asesinatos selectivos de defensores de los derechos humanos».
Desde su regreso al poder el 15 de agosto, los talibanes intentan convencer a la población de que cambiaron y de que su régimen será menos brutal que el precedente, entre 1996 y 2001.
Los islamistas radicales afirmaron en estos días que respetarán los derechos de las mujeres «de acuerdo con los principios del islam», a las que autorizarán a recibir una educación y a trabajar. También prometieron que los medios de comunicación trabajarían con libertad y que no habría represalias.
Estas palabras no frenan la voluntad de miles de personas que huyen de Afganistán o esperan hacerlo en el aeropuerto de Kabul en el marco de las operaciones de evacuación lanzada por los países occidentales, antes de la retirada completa de Estados Unidos, prevista el 31 de agosto.
Bachelet, que a principios de agosto había mencionado «informes que mostraban violaciones que podrían constituir crímenes de guerra» en Afganistán, subrayó este martes que había recibido «informaciones creíbles sobre graves violaciones del derecho humanitario internacional y ataques contra los derechos humanos en numerosas zonas bajo control talibán».
Se trata, entre otros, de «ejecuciones de civiles y de miembros de las fuerzas de seguridad afganas (…), restricciones de los derechos de las mujeres (…), reclutamiento de niños soldados y represión de manifestaciones pacíficas».
«Las violaciones de derechos humanos minan la legitimidad de sus autores frente a la población y también frente a las instituciones regionales e internacionales y frente a otros Estados», dijo la responsable.
Bachelet también instó al Consejo a activar un «mecanismo dedicado a seguir de cerca la evolución de la situación humanitaria en Afganistán, incluyendo el respeto por parte de los talibanes de las promesas que han realizado».
Varias oenegés instaron también a poner en marcha una investigación internacional, como el Consejo ha hecho ya en Venezuela y Birmania.
Pero el proyecto de resolución presentado por Pakistán en nombre de la OCI se limita a pedir a la Alta Comisionada que investigue las violaciones de derechos humanos y publique un informe en el primer trimestre de 2022.
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