Por. Lindon Sanmartín Rodríguez

Periodista de S.R. Radio

Loja.- La Asamblea Nacional del Ecuador atraviesa un serio cuestionamiento ciudadano por el incumplimiento de su rol fundamental de control político, una función clave para la democracia y el equilibrio institucional del Estado, dijo el el noticiero Prensa Radial y Noticias Planeta Al Día, el ex asambleísta Alejandro Jaramillo .

Aunque la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa establecen como competencias centrales la legislación y la fiscalización, en la práctica estos mandatos no se están ejerciendo con eficacia ni oportunidad, asevera.

Alejandro Jaramillo destaca que en el ámbito legislativo, la producción de leyes de impacto social y económico es limitada, mientras que en materia de fiscalización predominan discursos y exhortos sin resultados concretos.

Recuerda que casos emblemáticos como contratos con empresas extranjeras, procesos en los sectores energético, tecnológico y de salud pública, así como denuncias relacionadas con el sistema de justicia, no han sido abordados con la profundidad ni la celeridad que exige la gravedad de los hechos.

Uno de los mayores vacíos señalados es la confusión entre fiscalización y control político. Mientras la fiscalización se relaciona con posibles responsabilidades penales o administrativas, el control político implica evaluar la gestión pública, exigir explicaciones, llamar a comparecencias y asumir responsabilidades políticas. Este mecanismo, esencial en un sistema republicano, ha sido relegado por la Asamblea Nacional, cuestionó el ex asambleísta.

Alejandro Jaramillo señala que la crisis institucional se refleja con mayor intensidad en la Función Judicial. La designación de autoridades, las impugnaciones no resueltas, los audios que evidencian presunta injerencia política y la falta de respuestas claras del Consejo de la Judicatura han puesto en evidencia la ausencia de un control político efectivo desde el Legislativo. Pese a la existencia de elementos públicos y de interés nacional, las comparecencias y juicios políticos han sido dilatados, incluso durante el receso legislativo.

Recalca que la Asamblea Nacional no puede escudarse en informes técnicos no vinculantes ni en procedimientos internos para evadir su responsabilidad constitucional. El control político no es una facultad opcional, sino una obligación directa frente a la ciudadanía. Su omisión no solo debilita la transparencia, sino que profundiza la desconfianza pública en las instituciones.

Asimismo, se cuestiona la falta de acción coordinada con otros organismos de control, como la Contraloría General del Estado, que debería realizar auditorías sobre procesos de selección y designación de autoridades. La ausencia de respuestas ágiles frente a denuncias graves contrasta con la rapidez observada en casos de menor relevancia.

La exigencia ciudadana es clara: una Asamblea Nacional activa, coherente y responsable, que ejerza sin dilaciones el control político, convoque a comparecencias inmediatas, esclarezca responsabilidades y actúe conforme al mandato constitucional. Sin este rol, la democracia ecuatoriana queda debilitada y expuesta a la impunidad y a la captura institucional.

Pablo Sanmartín Rodríguez

Director de Expresión Politika

El control político institucional en Ecuador atraviesa una profunda crisis que debilita el sistema democrático y la correcta supervisión de las funciones del Estado. Aunque comúnmente se asocia la labor de los cargos de elección popular únicamente con legislar y fiscalizar, expertos y analistas advierten que el control político es una función esencial que ha sido relegada o mal interpretada.

Este mecanismo no se limita a revisar el uso de recursos públicos, sino que implica evaluar la gestión administrativa, la inversión estatal, el respeto a la Constitución y el funcionamiento de las instituciones en beneficio de la ciudadanía. Sin embargo, en la práctica, concejales, asambleístas y otras autoridades electas han reducido su rol a procesos formales de fiscalización, dejando de lado el análisis político y constitucional que garantiza el equilibrio democrático.

Uno de los ámbitos más críticos es la Función Judicial. Casos como la desaparición de salas especializadas, sanciones a jueces y la demora en la resolución de procesos evidencian la ausencia de un control político efectivo desde la Asamblea Nacional.

La falta de comparecencias, explicaciones técnicas y evaluaciones públicas ha generado inseguridad jurídica afectado derechos fundamentales, especialmente de grupos vulnerables como niños, niñas y adolescentes.

Asimismo, se cuestiona el rol de la Corte Constitucional y del Consejo de la Judicatura, organismos que, pese a su relevancia, carecen de legitimidad popular directa, lo que refuerza la necesidad de que el control constitucional y político retorne con mayor fuerza al órgano legislativo, como expresión de la voluntad ciudadana.

El debilitamiento del control político también refleja problemas estructurales en la formación académica del derecho y en la comprensión del rol republicano del Estado. La ausencia de una supervisión política activa ha permitido que decisiones administrativas y judiciales se tomen sin una evaluación integral de su impacto social, económico y jurídico.

Fortalecer el control político no es una amenaza a la institucionalidad, sino una garantía para la democracia, la transparencia y la protección de los derechos ciudadanos. Sin este mecanismo, el Estado pierde su capacidad de corregirse, de rendir cuentas y de responder de manera efectiva a las necesidades de la sociedad ecuatoriana.